Este medio no tiene interés ni vinculación alguna con los bonos de la reforma agraria (RA). Sobre el particular simplemente nos anima el apego incondicional a los principios del derecho y la justicia. En ese sentido, nunca hemos ocultado el rechazo a la forma como la dictadura velasquista procedió a despojar de su propiedad a peruanos que hasta hoy, después de cuarenta años, no han sido resarcidos con el justiprecio por la confiscación de sus tierras, tal como al momento de ocurrir ese despojo lo señalaba la Constitución y la ley.
Lamentablemente un gobierno inconstitucional, dictatorial y socialista como el encabezado por Juan Velasco Alvarado hizo tabla raza de las normas al entronizar la vulneración del derecho de propiedad.
No viene al caso ahora detallar las terribles consecuencias que trajo la RA. Baste recordar que solo agravó la pobreza, desapareció la eficiencia en el campo y aumentó el caos social, en vez de haber beneficiado a los más pobres y al propio campesinado. Pero lo importante es destacar la decisión adoptada por la Comisión Agraria del Congreso, al citar al ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, para que responda sobre la deuda que tiene el Estado con los expropiados de la RA. No olvidemos que varias veces hemos reclamado un debate al respecto, sobre todo por la falta de claridad de los gobiernos sobre este tema, pues un Estado no debe abusar del ius imperium e ignorar su obligación de resarcir, mediante el debido pago indemnizatorio, a los despojados de su propiedad. Tomemos en cuenta el abuso cometido contra aquellas personas que se han quedado con bonos que, en rigor, son apenas papeles sin valor. Algunos han tenido suerte de conservarlos en su poder hasta hoy, pero otros han llegado al final de sus días burlados y estafados al haber fallecido. Sólo los primeros mantienen la esperanza en que el Estado honre sus compromisos
Sin duda con la presencia en el Parlamento del titular del MEF, fijada para el próximo miércoles, se podrá conocer realmente la política del Ejecutivo en relación a este tema pendiente. Más aún cuando existen fallos del Tribunal Constitucional que avalan tal pago. Seamos los peruanos conscientes de que no es tiempo de seguir petrificados en este asunto, buscando nuevas demoras u objeciones para que el Estado cumpla sus obligaciones. Un Estado que no debe basar su existencia en la estafa y el engaño. Por ello es perentorio dejar de lado prejuicios y complejos, comenzando por proceder al sinceramiento del monto actual de la deuda generada por la dictadura militar.
Además, recordemos que el ex ministro de Economía, Fernando Zavala, llegó alguna vez a la Comisión Agraria del Congreso con una fórmula para actualizar el monto de la deuda fiscal pendiente a los expropiados de la RA. Fue el año 2006 cuando calculó en US$ 1.500 millones aquel importe, mientras que los representantes de los expropiados señalan que la suma es US$ 3,500 millones. Es momento pues de cerrar este aciago período de nuestra historia y voltear la página. Por cierto sobre la base que el Estado honre sus deudas.
EXPRESO
Lamentablemente un gobierno inconstitucional, dictatorial y socialista como el encabezado por Juan Velasco Alvarado hizo tabla raza de las normas al entronizar la vulneración del derecho de propiedad.
No viene al caso ahora detallar las terribles consecuencias que trajo la RA. Baste recordar que solo agravó la pobreza, desapareció la eficiencia en el campo y aumentó el caos social, en vez de haber beneficiado a los más pobres y al propio campesinado. Pero lo importante es destacar la decisión adoptada por la Comisión Agraria del Congreso, al citar al ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, para que responda sobre la deuda que tiene el Estado con los expropiados de la RA. No olvidemos que varias veces hemos reclamado un debate al respecto, sobre todo por la falta de claridad de los gobiernos sobre este tema, pues un Estado no debe abusar del ius imperium e ignorar su obligación de resarcir, mediante el debido pago indemnizatorio, a los despojados de su propiedad. Tomemos en cuenta el abuso cometido contra aquellas personas que se han quedado con bonos que, en rigor, son apenas papeles sin valor. Algunos han tenido suerte de conservarlos en su poder hasta hoy, pero otros han llegado al final de sus días burlados y estafados al haber fallecido. Sólo los primeros mantienen la esperanza en que el Estado honre sus compromisos
Sin duda con la presencia en el Parlamento del titular del MEF, fijada para el próximo miércoles, se podrá conocer realmente la política del Ejecutivo en relación a este tema pendiente. Más aún cuando existen fallos del Tribunal Constitucional que avalan tal pago. Seamos los peruanos conscientes de que no es tiempo de seguir petrificados en este asunto, buscando nuevas demoras u objeciones para que el Estado cumpla sus obligaciones. Un Estado que no debe basar su existencia en la estafa y el engaño. Por ello es perentorio dejar de lado prejuicios y complejos, comenzando por proceder al sinceramiento del monto actual de la deuda generada por la dictadura militar.
Además, recordemos que el ex ministro de Economía, Fernando Zavala, llegó alguna vez a la Comisión Agraria del Congreso con una fórmula para actualizar el monto de la deuda fiscal pendiente a los expropiados de la RA. Fue el año 2006 cuando calculó en US$ 1.500 millones aquel importe, mientras que los representantes de los expropiados señalan que la suma es US$ 3,500 millones. Es momento pues de cerrar este aciago período de nuestra historia y voltear la página. Por cierto sobre la base que el Estado honre sus deudas.
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