Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
La campaña para demoler al juez San Martín.
Las sentencias judiciales –en el Perú, al menos– no se someten a referéndum ni se cambian con encuestas, pero criticarlas es legítimo y entendible cuando el pataleo viene de familiares y amigos de alguien que –como Alberto Fujimori– ha sido condenado.
Por ello, no deberían sorprender, indignar o generar insultos, los que están cuestionando la sentencia del tribunal presidido por César San Martín contra Fujimori, la cual es jurídicamente compleja y tiene importantes consecuencias políticas.
Ahora bien, una cosa es la crítica legítima y otra –muy diferente– el lanzamiento de una campaña de demolición de la sentencia y de sus autores. A diferencia de las críticas interesantes de algunos abogados, o del lamento comprensible de familiares y amigos, varios ataques a la condena y a los jueces apuntan a enlodar un proceso que se llevó con pulcritud.
Por ejemplo, los comentarios que no le reconocen a la sentencia una estructura con la que se puede discrepar pero no afirmar que es un sinsentido jurídico o “una cojudez”.
Peor es la presentación de encuestas amañadas para transformar la aceptación de la opinión pública a la condena por un rechazo; querer desprestigiar a San Martín con portadas infames que quedarán para la vergüenza; o decir que la condena va a destruir el “fujimorismo económico”, como si el consenso de Washington hubiera incluido matanzas extrajudiciales.
A lo mismo apuntan las declaraciones efectistas de representantes militares (“nos han convertido en banda de asesinos”) que pretenden transformar la condena a Fujimori en agravio a todas las fuerzas armadas. O, también, anunciar represalias como lo han hecho los hijos de Fujimori.
Pero lo más interesante de la campaña es el anuncio de nuevas mayorías políticas en el año 2011 y la llegada triunfal de Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno como la ganzúa que liberará a su padre, lo cual es una señal evidente de que quieren fujimorizar la elección que se viene.
Es una lástima que sea así porque refleja la torpeza de un grupo –pequeño pero chillón y con harto billete– que, por su vocación autoritaria y racismo no bien camuflados, están dispuestos a hipotecarse al liderazgo declinante de los Fujimori.
Es una apuesta indecente y poco inteligente. Deberían mirar a Chile y constatar que la derecha que tiene futuro político en ese país no es la que apoyó a Augusto Pinochet, sino la que –como Sebastián Piñera– marcó distancia con alguien que, al igual que Alberto Fujimori, violó los derechos humanos y robó, aunque en el caso del chileno la justicia no llegó a tocarlo, una diferencia crucial de la cual deberíamos sentir verdadero orgullo en el Perú.
LA REPUBLICA
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
La campaña para demoler al juez San Martín.
Las sentencias judiciales –en el Perú, al menos– no se someten a referéndum ni se cambian con encuestas, pero criticarlas es legítimo y entendible cuando el pataleo viene de familiares y amigos de alguien que –como Alberto Fujimori– ha sido condenado.
Por ello, no deberían sorprender, indignar o generar insultos, los que están cuestionando la sentencia del tribunal presidido por César San Martín contra Fujimori, la cual es jurídicamente compleja y tiene importantes consecuencias políticas.
Ahora bien, una cosa es la crítica legítima y otra –muy diferente– el lanzamiento de una campaña de demolición de la sentencia y de sus autores. A diferencia de las críticas interesantes de algunos abogados, o del lamento comprensible de familiares y amigos, varios ataques a la condena y a los jueces apuntan a enlodar un proceso que se llevó con pulcritud.
Por ejemplo, los comentarios que no le reconocen a la sentencia una estructura con la que se puede discrepar pero no afirmar que es un sinsentido jurídico o “una cojudez”.
Peor es la presentación de encuestas amañadas para transformar la aceptación de la opinión pública a la condena por un rechazo; querer desprestigiar a San Martín con portadas infames que quedarán para la vergüenza; o decir que la condena va a destruir el “fujimorismo económico”, como si el consenso de Washington hubiera incluido matanzas extrajudiciales.
A lo mismo apuntan las declaraciones efectistas de representantes militares (“nos han convertido en banda de asesinos”) que pretenden transformar la condena a Fujimori en agravio a todas las fuerzas armadas. O, también, anunciar represalias como lo han hecho los hijos de Fujimori.
Pero lo más interesante de la campaña es el anuncio de nuevas mayorías políticas en el año 2011 y la llegada triunfal de Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno como la ganzúa que liberará a su padre, lo cual es una señal evidente de que quieren fujimorizar la elección que se viene.
Es una lástima que sea así porque refleja la torpeza de un grupo –pequeño pero chillón y con harto billete– que, por su vocación autoritaria y racismo no bien camuflados, están dispuestos a hipotecarse al liderazgo declinante de los Fujimori.
Es una apuesta indecente y poco inteligente. Deberían mirar a Chile y constatar que la derecha que tiene futuro político en ese país no es la que apoyó a Augusto Pinochet, sino la que –como Sebastián Piñera– marcó distancia con alguien que, al igual que Alberto Fujimori, violó los derechos humanos y robó, aunque en el caso del chileno la justicia no llegó a tocarlo, una diferencia crucial de la cual deberíamos sentir verdadero orgullo en el Perú.
LA REPUBLICA
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