Por Mirko Lauer
n llamativo telón de fondo de los sucesos en torno de Bagua es el silencio de las empresas petroleras. Es un silencio explicable, pues sus expectativas comerciales están ubicadas entre los nativos y el gobierno. Los decretos les convenían, pero en estas circunstancias quedarse calladas les resulta la mejor diplomacia.
Perú no es el único país donde las petroleras operan en territorio cultural y ecológicamente valioso, lugares donde por lo general logran llevar adelante su negocio con un mínimo de abrasión local e internacional. Hay allí una experiencia acumulada que, en circunstancias no confrontacionales, quizás hubiera tenido algo que decir.
No es una experiencia libre de conflicto. En el 2007 los Achuar (www.achuarperu.org), parte de la etnia jíbaro, abrieron en Los Angeles juicio a Occidental Petroleum por pasados daños y perjuicios. La exploración y la extracción tienden a ser, en el mejor de los casos, una negociación permanente entre las partes: nativos, empresa, gobierno, ONGs especializadas.
Sin embargo un mecanismo de consultas con las partes, acuerdos de uso de tecnología de protección ecológica, indemnizaciones y otras políticas de buena vecindad suelen lograr que el petróleo o el gas afloren y sigan fluyendo. Cuando el proceso se rompe suele ser por incumplimiento o política.
Pero los tiempos han cambiado, y la negociación se está volviendo más exigente. Los nativos hoy tienen agendas más exigentes, el precio del petróleo ha vuelto a la amazonía más atractiva, la presión ecológica internacional se da la mano con el movimiento contra el calentamiento global, los gobiernos se han vuelto más promotores de negocios.
Luego hay temas colaterales. El caso Petrotech ha minado el terreno de los contratos con el Estado. Aún no ha aparecido el pozo exitoso que justifique pasar a explorar a gran escala. La política electoral peruana dibuja un horizonte impredecible para las industrias extractivas en general. Es poco probable que haya gran inversión en la actividad antes del 2011.
Todo esto sugiere que traer capital de riesgo a la Amazonía peruana es una apuesta viable, pero complicada. Esto explica en parte la manga ancha de los polémicos decretos sobre el tema: no eran una exigencia del TLC, como se nos dijo, sino una forma de hacer más atractiva la inversión petrolera en un contexto que nunca ha dejado de estar políticamente movido.
Es más o menos claro que los sucesos de Bagua y su secuela van a fortalecer la posición negociadora de los nativos frente a las petroleras. Lo cual no tiene por qué ser malo, más aun, podría significar una mayor estabilidad para esta actividad en la Amazonía peruana, mayor protección del medio ambiente y mejor calidad de vida para los nativos.
LA REPUBLICA
n llamativo telón de fondo de los sucesos en torno de Bagua es el silencio de las empresas petroleras. Es un silencio explicable, pues sus expectativas comerciales están ubicadas entre los nativos y el gobierno. Los decretos les convenían, pero en estas circunstancias quedarse calladas les resulta la mejor diplomacia.
Perú no es el único país donde las petroleras operan en territorio cultural y ecológicamente valioso, lugares donde por lo general logran llevar adelante su negocio con un mínimo de abrasión local e internacional. Hay allí una experiencia acumulada que, en circunstancias no confrontacionales, quizás hubiera tenido algo que decir.
No es una experiencia libre de conflicto. En el 2007 los Achuar (www.achuarperu.org
Sin embargo un mecanismo de consultas con las partes, acuerdos de uso de tecnología de protección ecológica, indemnizaciones y otras políticas de buena vecindad suelen lograr que el petróleo o el gas afloren y sigan fluyendo. Cuando el proceso se rompe suele ser por incumplimiento o política.
Pero los tiempos han cambiado, y la negociación se está volviendo más exigente. Los nativos hoy tienen agendas más exigentes, el precio del petróleo ha vuelto a la amazonía más atractiva, la presión ecológica internacional se da la mano con el movimiento contra el calentamiento global, los gobiernos se han vuelto más promotores de negocios.
Luego hay temas colaterales. El caso Petrotech ha minado el terreno de los contratos con el Estado. Aún no ha aparecido el pozo exitoso que justifique pasar a explorar a gran escala. La política electoral peruana dibuja un horizonte impredecible para las industrias extractivas en general. Es poco probable que haya gran inversión en la actividad antes del 2011.
Todo esto sugiere que traer capital de riesgo a la Amazonía peruana es una apuesta viable, pero complicada. Esto explica en parte la manga ancha de los polémicos decretos sobre el tema: no eran una exigencia del TLC, como se nos dijo, sino una forma de hacer más atractiva la inversión petrolera en un contexto que nunca ha dejado de estar políticamente movido.
Es más o menos claro que los sucesos de Bagua y su secuela van a fortalecer la posición negociadora de los nativos frente a las petroleras. Lo cual no tiene por qué ser malo, más aun, podría significar una mayor estabilidad para esta actividad en la Amazonía peruana, mayor protección del medio ambiente y mejor calidad de vida para los nativos.
LA REPUBLICA
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