Caiga quien caiga, es menester acabar con la herencia montesinista, en particular la expresada en el espionaje audiovisual, la interceptación telefónica, el reglaje y el chantaje. Estos mecanismos ilegales permanecen presentes a pesar de la captura del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres.
Si bien ahora se encuentra preso por sus crímenes, lamentablemente ha dejado imitadores por doquier. Ésos han infiltrado o creado pseudo empresas de seguridad para camuflar su verdadero negocio: el espionaje. A esta calaña de gente no se le puede dar un milímetro de ventaja, porque lo usarían como resquicio para hacer lo que saben: psicosociales, intrigas, celadas y extorsiones.
El país necesita llegar al fondo de este aparato delictivo de poder, en el que no sólo aparece la firma Business Track SAC sino otras compañías similares dedicadas a acciones encubiertas, ilegales y al fisgoneo industrial, comercial y político. De modo que nos enfrentamos a una red que ha hecho buenas migas con políticos de las más diversas tendencias tras la caída del fujimorato. Esas empresas “chuponeadoras” –dizque de seguridad en comunicaciones– se dedicaron después del 2001 a hacer lobby para generar una demanda –fáctica aunque artificial– que les permitiera conseguir no sólo clientes sino a los más poderosos usuarios del medio. A mayor tamaño de los espiados o de los personajes a quienes se les “prestaría el servicio de seguridad”, mayor la cantidad de dinero a recaudar ilícitamente. Pinchar, espiar, “chuponear”, grabar, editar, retratar, ir a diestra y siniestra a efectos de ofrecer fotos, videos o audios obtenidos para –mediante la extorsión– impulsar contratos de consultorías, asesorías o lo que fuere, resulta absolutamente nauseabundo.
Sin duda la gente de Business Track, y de otras firmas homólogas –que inexplicablemente hasta hoy pasan inadvertidas– se ha movido muy bien y rápido para engatusar a personajes tanto de la actividad empresarial como política del país. ¿Cómo? Pues “metiéndoles miedo”, curiosidad para chantajearles si no toman los servicios de interceptación telefónica, sin dejar de lado la transacción de audios que ya tenían almacenados o archivados. Estamos pues ante una clase de delincuentes que juega al espionaje, que se cree especialista en análisis político, que se cataloga de baluarte de la seguridad nacional o de pieza clave que garantiza la vida de sus clientes. Inclusive algún individuo perteneciente a esa clase de delincuentes se siente salvador del Perú porque hizo inteligencia en Ecuador o Chile. Pero todo ello en realidad solo forma parte de la distorsión mental de los “chuponeadores”, quienes ahora tratan de reaccionar mediáticamente para conseguir indulgencias.
Tengamos especial cuidado en la judicialización de estos “espías rentados”, pues a mayor lentitud en el proceso penal buscarán cualquier estratagema para burlar las sanciones, de por sí, leves e irrisorias. Además deploramos que la jueza María Martínez –antes de inhibirse– no haya mostrado voluntad convincente para llegar al fondo de las investigaciones, al dejar pasar los días sin revisar los equipos incautados (discos duros, computadoras, etc.), material en cuyo análisis la Fiscalía por lo menos en algo había avanzado. Cuidado entonces porque en medio de esta santa paciencia judicial, los “chuponeadores” continúan fingiendo ser “blancas palomas”.
EXPRESO
Si bien ahora se encuentra preso por sus crímenes, lamentablemente ha dejado imitadores por doquier. Ésos han infiltrado o creado pseudo empresas de seguridad para camuflar su verdadero negocio: el espionaje. A esta calaña de gente no se le puede dar un milímetro de ventaja, porque lo usarían como resquicio para hacer lo que saben: psicosociales, intrigas, celadas y extorsiones.
El país necesita llegar al fondo de este aparato delictivo de poder, en el que no sólo aparece la firma Business Track SAC sino otras compañías similares dedicadas a acciones encubiertas, ilegales y al fisgoneo industrial, comercial y político. De modo que nos enfrentamos a una red que ha hecho buenas migas con políticos de las más diversas tendencias tras la caída del fujimorato. Esas empresas “chuponeadoras” –dizque de seguridad en comunicaciones– se dedicaron después del 2001 a hacer lobby para generar una demanda –fáctica aunque artificial– que les permitiera conseguir no sólo clientes sino a los más poderosos usuarios del medio. A mayor tamaño de los espiados o de los personajes a quienes se les “prestaría el servicio de seguridad”, mayor la cantidad de dinero a recaudar ilícitamente. Pinchar, espiar, “chuponear”, grabar, editar, retratar, ir a diestra y siniestra a efectos de ofrecer fotos, videos o audios obtenidos para –mediante la extorsión– impulsar contratos de consultorías, asesorías o lo que fuere, resulta absolutamente nauseabundo.
Sin duda la gente de Business Track, y de otras firmas homólogas –que inexplicablemente hasta hoy pasan inadvertidas– se ha movido muy bien y rápido para engatusar a personajes tanto de la actividad empresarial como política del país. ¿Cómo? Pues “metiéndoles miedo”, curiosidad para chantajearles si no toman los servicios de interceptación telefónica, sin dejar de lado la transacción de audios que ya tenían almacenados o archivados. Estamos pues ante una clase de delincuentes que juega al espionaje, que se cree especialista en análisis político, que se cataloga de baluarte de la seguridad nacional o de pieza clave que garantiza la vida de sus clientes. Inclusive algún individuo perteneciente a esa clase de delincuentes se siente salvador del Perú porque hizo inteligencia en Ecuador o Chile. Pero todo ello en realidad solo forma parte de la distorsión mental de los “chuponeadores”, quienes ahora tratan de reaccionar mediáticamente para conseguir indulgencias.
Tengamos especial cuidado en la judicialización de estos “espías rentados”, pues a mayor lentitud en el proceso penal buscarán cualquier estratagema para burlar las sanciones, de por sí, leves e irrisorias. Además deploramos que la jueza María Martínez –antes de inhibirse– no haya mostrado voluntad convincente para llegar al fondo de las investigaciones, al dejar pasar los días sin revisar los equipos incautados (discos duros, computadoras, etc.), material en cuyo análisis la Fiscalía por lo menos en algo había avanzado. Cuidado entonces porque en medio de esta santa paciencia judicial, los “chuponeadores” continúan fingiendo ser “blancas palomas”.
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