Al cumplirse dos años del terremoto que asoló Pisco, Ica, Chincha y otras ciudades del sur chico y del centro del país, tenemos que reconocer, con realismo e indignación, que es poco lo avanzado y que miles de compatriotas damnificados siguen en calidad de tales.
¿Dónde quedaron las promesas gubernamentales de que no se iban a repetir los errores del pasado ni dejar que la burocracia dificultase la ayuda? ¿Y qué decir de las autoridades regionales y locales, que se comprometieron a trabajar unidas? ¿Qué se hizo con las millonarias partidas aprobadas y con las donaciones nacionales y extranjeras, además de lo recaudado en espectáculos organizados por artistas reconocidos?
Hasta hoy no se ha hecho un informe consolidado y detallado de todos estos aspectos, lo que es revelador. Sin embargo, es obvio que detrás este desorden e ineficiencia hay un gravísimo problema de falta de voluntad política, burocratismo y corrupción, cuyos responsables últimos tienen aún que ser señalados.
Resulta que acciones prontas como los bonos de solidaridad de 6 mil soles solo alcanzaron a unos pocos y fueron desvirtuadas por algunos irresponsables que alteraban las listas o incluían o excluían arbitrariamente a los pobladores.
Mientras tanto, un proyecto del que se esperaba tanto como el fondo de reconstrucción del sur (Forsur) fue debilitado desde su formación legal y posteriormente por la indiferencia o animosidad de las autoridades regionales y locales. Así, se ninguneó el valioso apoyo técnico que demanda la aprobación de proyectos de reconstrucción, con lo cual solo se ha podido concluir el 23% de las obras programadas en el largo tiempo transcurrido.
Esto es escandaloso y genera entendible malestar entre las víctimas que siguen careciendo de servicios básicos como agua y electricidad, así como de viviendas dignas. Las promesas de reubicación y habilitación urbana chocan duramente con la falta de títulos de propiedad, los enredos que propician algunos dirigentes y alcaldes, así como la burocracia regional y nacional.
A esto se agrega la falta de servicios de salud y educación. Los nuevos hospitales y postas médicas no han sido terminados, a pesar de su ostensible necesidad. Y los proyectos de colegios avanzan a medias o no tienen siquiera planos, por lo que los alumnos reciben clases en locales inseguros o a la intemperie.
Los peruanos no podemos ser ajenos a esta ingrata y dolorosa realidad que sigue afectando a nuestros hermanos.
El Gobierno Central está obligado a informar pormenorizadamente a la nación de lo que se ha hecho para reconstruir el sur chico y ayudar a los damnificados, así como a revisar las instancias y procedimientos —de planeamiento, ejecución y fiscalización—, que no están funcionando para proceder a corregir las deficiencias.
Lo mismo deben hacer los presidentes de los gobiernos regionales y locales, que cuentan con ingentes fondos que no han sido utilizados debidamente para enfrentar la grave emergencia y devolver orden, seguridad y progreso al sur.
EL COMERCIO
¿Dónde quedaron las promesas gubernamentales de que no se iban a repetir los errores del pasado ni dejar que la burocracia dificultase la ayuda? ¿Y qué decir de las autoridades regionales y locales, que se comprometieron a trabajar unidas? ¿Qué se hizo con las millonarias partidas aprobadas y con las donaciones nacionales y extranjeras, además de lo recaudado en espectáculos organizados por artistas reconocidos?
Hasta hoy no se ha hecho un informe consolidado y detallado de todos estos aspectos, lo que es revelador. Sin embargo, es obvio que detrás este desorden e ineficiencia hay un gravísimo problema de falta de voluntad política, burocratismo y corrupción, cuyos responsables últimos tienen aún que ser señalados.
Resulta que acciones prontas como los bonos de solidaridad de 6 mil soles solo alcanzaron a unos pocos y fueron desvirtuadas por algunos irresponsables que alteraban las listas o incluían o excluían arbitrariamente a los pobladores.
Mientras tanto, un proyecto del que se esperaba tanto como el fondo de reconstrucción del sur (Forsur) fue debilitado desde su formación legal y posteriormente por la indiferencia o animosidad de las autoridades regionales y locales. Así, se ninguneó el valioso apoyo técnico que demanda la aprobación de proyectos de reconstrucción, con lo cual solo se ha podido concluir el 23% de las obras programadas en el largo tiempo transcurrido.
Esto es escandaloso y genera entendible malestar entre las víctimas que siguen careciendo de servicios básicos como agua y electricidad, así como de viviendas dignas. Las promesas de reubicación y habilitación urbana chocan duramente con la falta de títulos de propiedad, los enredos que propician algunos dirigentes y alcaldes, así como la burocracia regional y nacional.
A esto se agrega la falta de servicios de salud y educación. Los nuevos hospitales y postas médicas no han sido terminados, a pesar de su ostensible necesidad. Y los proyectos de colegios avanzan a medias o no tienen siquiera planos, por lo que los alumnos reciben clases en locales inseguros o a la intemperie.
Los peruanos no podemos ser ajenos a esta ingrata y dolorosa realidad que sigue afectando a nuestros hermanos.
El Gobierno Central está obligado a informar pormenorizadamente a la nación de lo que se ha hecho para reconstruir el sur chico y ayudar a los damnificados, así como a revisar las instancias y procedimientos —de planeamiento, ejecución y fiscalización—, que no están funcionando para proceder a corregir las deficiencias.
Lo mismo deben hacer los presidentes de los gobiernos regionales y locales, que cuentan con ingentes fondos que no han sido utilizados debidamente para enfrentar la grave emergencia y devolver orden, seguridad y progreso al sur.
EL COMERCIO
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