Históricamente, el proceso para que los gobiernos del mundo suscriban acuerdos que permitan luchar contra la discriminación, el racismo, la xenofobia y la intolerancia ha sido arduo y en algún momento incluso desalentador. Eso, sin embargo, no justifica que gobernantes y gobernados —sobre todo en países como el nuestro— no sumen esfuerzos para erradicar prácticas denigrantes, inhumanas y que agravan aun más la agobiante exclusión social.
De allí lo positivo de iniciativas que desde la sociedad civil organizada apunten a reconocer la existencia de un problema, que a veces se pretende negar, y luego promuevan mecanismos para combatirlo en campañas que deben contar con el apoyo de todas las instancias del Estado. Es el caso de la ONG Lundu y su reciente campaña a favor de la igualdad denominada Apúntate contra el Racismo, orientada a movilizar a la población contra la discriminación por el color de la piel.
Esfuerzos similares tienen que extenderse, porque en nuestro país subsisten posturas y actitudes que siguen penalizando a las personas por cuestiones raciales, por sus creencias religiosas, orígenes culturales, económicos, étnicos y sexo.
Los niveles de rechazo son diversos y periódicamente salen a la luz pública, a través de los medios de comunicación, cuando sus víctimas deciden valientemente denunciarlas. De lo contrario, nadie se entera de estas formas silenciosas de excluir al otro.
Para Naciones Unidas, el mundo ha progresado en el respeto a las libertades individuales y para ello cita la eliminación del flagrante y doloroso apartheid, que en el pasado explotó el lado más irracional del ser humano. Pero también existen nuevas formas discriminatorias, que a su vez exigen nuevos mecanismos para no repetir los errores del pasado.
En América Latina, por ejemplo, son inconcebibles los incidentes penosos que suelen producirse en países hermanos, con raíces y una historia comunes, en los que no solo se discrimina al extranjero —es decir, se le selecciona de manera excluyente—, sino que se incurre en prácticas xenófobas o expresiones de odio, repugnancia u hostilidad.
En el ámbito interno, las manifestaciones discriminatorias se han reducido en el campo laboral, sobre todo porque algunos empleadores han dejado de solicitar personal con base en sus características físicas o raciales. Lamentablemente, aún se denuncian casos de exclusión en el acceso a discotecas, restaurantes, centros campestres y otros establecimientos exclusivos en razón al color de la piel de personas que, por esta consideración, reciben un trato de inferioridad. A ello se suma la doble discriminación —de sexo y de raza— que aún afecta a algunas mujeres.
Por definición, el racismo es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otros. Bajo este concepto, habría que preguntarse si detrás de ciertos conflictos se encubre a veces esta negativa predisposición, para minimizar las demandas de sectores postergados que, en todo caso desde ya, se sienten separados o no atendidos por el Estado que los representa. Igual reflexión deberíamos hacernos como colectividad con respecto a la falta de tolerancia, es decir, de respeto frente a las ideas, creencias o prácticas de los demás.
Una cosa es cierta, y así lo reconoce la ONU: Si no queremos más prácticas racistas, combatamos la miseria. Solo con políticas inclusivas, que garantizan la educación, la salud y la seguridad, se ignoran diferencias trasnochadas que frenan el desarrollo de un grupo de peruanos y que hacen distingos sociales y culturales inaceptables entre peruanos.
EL COMERCIO
De allí lo positivo de iniciativas que desde la sociedad civil organizada apunten a reconocer la existencia de un problema, que a veces se pretende negar, y luego promuevan mecanismos para combatirlo en campañas que deben contar con el apoyo de todas las instancias del Estado. Es el caso de la ONG Lundu y su reciente campaña a favor de la igualdad denominada Apúntate contra el Racismo, orientada a movilizar a la población contra la discriminación por el color de la piel.
Esfuerzos similares tienen que extenderse, porque en nuestro país subsisten posturas y actitudes que siguen penalizando a las personas por cuestiones raciales, por sus creencias religiosas, orígenes culturales, económicos, étnicos y sexo.
Los niveles de rechazo son diversos y periódicamente salen a la luz pública, a través de los medios de comunicación, cuando sus víctimas deciden valientemente denunciarlas. De lo contrario, nadie se entera de estas formas silenciosas de excluir al otro.
Para Naciones Unidas, el mundo ha progresado en el respeto a las libertades individuales y para ello cita la eliminación del flagrante y doloroso apartheid, que en el pasado explotó el lado más irracional del ser humano. Pero también existen nuevas formas discriminatorias, que a su vez exigen nuevos mecanismos para no repetir los errores del pasado.
En América Latina, por ejemplo, son inconcebibles los incidentes penosos que suelen producirse en países hermanos, con raíces y una historia comunes, en los que no solo se discrimina al extranjero —es decir, se le selecciona de manera excluyente—, sino que se incurre en prácticas xenófobas o expresiones de odio, repugnancia u hostilidad.
En el ámbito interno, las manifestaciones discriminatorias se han reducido en el campo laboral, sobre todo porque algunos empleadores han dejado de solicitar personal con base en sus características físicas o raciales. Lamentablemente, aún se denuncian casos de exclusión en el acceso a discotecas, restaurantes, centros campestres y otros establecimientos exclusivos en razón al color de la piel de personas que, por esta consideración, reciben un trato de inferioridad. A ello se suma la doble discriminación —de sexo y de raza— que aún afecta a algunas mujeres.
Por definición, el racismo es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otros. Bajo este concepto, habría que preguntarse si detrás de ciertos conflictos se encubre a veces esta negativa predisposición, para minimizar las demandas de sectores postergados que, en todo caso desde ya, se sienten separados o no atendidos por el Estado que los representa. Igual reflexión deberíamos hacernos como colectividad con respecto a la falta de tolerancia, es decir, de respeto frente a las ideas, creencias o prácticas de los demás.
Una cosa es cierta, y así lo reconoce la ONU: Si no queremos más prácticas racistas, combatamos la miseria. Solo con políticas inclusivas, que garantizan la educación, la salud y la seguridad, se ignoran diferencias trasnochadas que frenan el desarrollo de un grupo de peruanos y que hacen distingos sociales y culturales inaceptables entre peruanos.
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