Por Mirko Lauer
Los nativos amazónicos en general, y Aidesep en particular, dan la impresión de estar constituyéndose en un importante grupo de presión sobre el gobierno. Hasta aquí han logrado la derogatoria de las cuatro leyes conflictivas sobre inversión en la selva y un ciclo de conversaciones, pero es evidente que apuntan a bastante más.
Desde Bagua a la fecha ellos han venido expresando demandas que, buscando capitalizar su éxito inicial, cubren el espectro que va de lo razonable a lo fantasioso. Mientras tanto han enfrentado cuestiones de coherencia política interna, algunas de ellas probablemente alentadas por el propio gobierno.
Sus reclamos más urgentes y tajantes son los judiciales: una amenaza de nueva rebelión si los responsables de las muertes de julio son trasladados a un tribunal de Lima. El dirigente Alberto Pizango ofrece volver al Perú si se le cambia la orden de detención por una de comparecencia.
La lista de pedidos es bastante más larga que eso, y el más sorprendente de ellos es el retorno del ministerio de Asuntos Indígenas que funcionó de 1949 a 1965, cuando se le rebautizó de Comunidades, palabra que desaparece tres años después. Cambios que probablemente buscaban equiparar las diversas formas de ciudadanía en el país.
El gobierno no ha hecho nuevas concesiones, pero ha mantenido la cautela. El costo del caso Bagua en el hemisferio norte ha sido real, y la presión del tema indígena y de las ONGs conexas en los medios del mundo se ha dejado sentir. Luego está la presión silenciosa por soluciones por parte de los inversionistas en la zona.
Luego de una primera aproximación entusiasta a los nativos enfurecidos, los opositores radicales de Lima han descubierto que esas son organizaciones con una agenda propia. Sin embargo Aidesep y las demás organizaciones pueden contar con ese apoyo si los ánimos vuelven a caldearse o la sangre llega, literalmente, al río.
Pero los partidos populares del país dejaron de tener un contenido y una práctica indigenistas reales allá por la crisis de 1929, cuando el concepto de clase social reemplazó al de etnia en los discursos progresistas. No estamos, pues, ante nada parecido a una alianza natural, sino ante sectores aprendiendo a conocerse.
Es muy probable que Bagua haya cambiado el status de lo indígena en el país, para mejor. Pero todavía es temprano para conocer la dirección de ese cambio, que puede ser hacia formas de modernidad indígena autonomista (a la norteamericana) o hacia formas de integración plena a corrientes de la política nacional.
LA REPUBLICA
Los nativos amazónicos en general, y Aidesep en particular, dan la impresión de estar constituyéndose en un importante grupo de presión sobre el gobierno. Hasta aquí han logrado la derogatoria de las cuatro leyes conflictivas sobre inversión en la selva y un ciclo de conversaciones, pero es evidente que apuntan a bastante más.
Desde Bagua a la fecha ellos han venido expresando demandas que, buscando capitalizar su éxito inicial, cubren el espectro que va de lo razonable a lo fantasioso. Mientras tanto han enfrentado cuestiones de coherencia política interna, algunas de ellas probablemente alentadas por el propio gobierno.
Sus reclamos más urgentes y tajantes son los judiciales: una amenaza de nueva rebelión si los responsables de las muertes de julio son trasladados a un tribunal de Lima. El dirigente Alberto Pizango ofrece volver al Perú si se le cambia la orden de detención por una de comparecencia.
La lista de pedidos es bastante más larga que eso, y el más sorprendente de ellos es el retorno del ministerio de Asuntos Indígenas que funcionó de 1949 a 1965, cuando se le rebautizó de Comunidades, palabra que desaparece tres años después. Cambios que probablemente buscaban equiparar las diversas formas de ciudadanía en el país.
El gobierno no ha hecho nuevas concesiones, pero ha mantenido la cautela. El costo del caso Bagua en el hemisferio norte ha sido real, y la presión del tema indígena y de las ONGs conexas en los medios del mundo se ha dejado sentir. Luego está la presión silenciosa por soluciones por parte de los inversionistas en la zona.
Luego de una primera aproximación entusiasta a los nativos enfurecidos, los opositores radicales de Lima han descubierto que esas son organizaciones con una agenda propia. Sin embargo Aidesep y las demás organizaciones pueden contar con ese apoyo si los ánimos vuelven a caldearse o la sangre llega, literalmente, al río.
Pero los partidos populares del país dejaron de tener un contenido y una práctica indigenistas reales allá por la crisis de 1929, cuando el concepto de clase social reemplazó al de etnia en los discursos progresistas. No estamos, pues, ante nada parecido a una alianza natural, sino ante sectores aprendiendo a conocerse.
Es muy probable que Bagua haya cambiado el status de lo indígena en el país, para mejor. Pero todavía es temprano para conocer la dirección de ese cambio, que puede ser hacia formas de modernidad indígena autonomista (a la norteamericana) o hacia formas de integración plena a corrientes de la política nacional.
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