El gas de Camisea es de los peruanos. De ello se valió el Estado para imponerles a industriales y ciudadanos que financien el tubo que transporta el hidrocarburo desde Cusco hasta la costa. ¿De qué forma lo hizo? A través de la garantía por red principal (GRP), un porcentaje que de manera arbitraria aplicó el gobierno toledista al consumo de fluido eléctrico que pagaron las amas de casa y los industriales en sus recibos mensuales de energía eléctrica.
Ergo fue el pueblo el que financió la millonaria inversión del gasoducto. Sin embargo de ello se beneficia el consorcio que explota –y ahora pretende exportar– el gas de Camisea, gracias al andamiaje contractual montado por el toledismo que les garantiza ganancias indebidas producto de esa exportación que, además, peligrosamente limitará el consumo del gas natural para los peruanos.
De modo que hoy tanto la industria como el sector eléctrico que operan en el país compran el gas de Camisea en boca de pozo a US$ 2.60 por millón de BTU y US$ 1.59 por MBTU, respectivamente. Sin embargo el consorcio que intenta exportar ese hidrocarburo pagará sólo US$ 0.51 por MBTU –cinco veces menos que lo que paga el industrial peruano–, para luego revenderlo a México o Chile a más de US$ 6.00 por MBTU (diez veces más de lo que pagó por boca de pozo en Camisea). Con este panorama desproporcionado e inaudito, las regalías que recibiría el Estado serán ínfimas y las utilidades del consorcio fenomenales. Por tanto se evidencia un negociado que atenta contra los intereses del país y beneficia a un grupo particular. En consecuencia, es legítimo el reclamo de los gremios empresariales y de la ciudadanía al cuestionar al Ministerio de Energía y Minas (MEM) por su pasividad ante tan grave abuso. La alternativa es impulsar una renegociación de todo aquello que implique una plusvalía redonda para un grupo pequeño en detrimento de la gran mayoría nacional.
A lo largo de nuestra historia ya bastante hemos fallado con la falta de visión sobre nuestros recursos. Sucedió con la explotación del guano, el salitre o el caucho. Y no debemos condenar nuevamente a nuestras generaciones venideras, esta vez frente a la clamorosa escasez mundial de energía, teniendo el Perú un elemento estratégico para enfrentarla como el gas natural. Por ello EXPRESO sigue dando la voz de alerta en este tema espinoso; y por eso acogemos las denuncias de varios ex ministros de Energía, así como de especialistas, quienes como nosotros comunican a la opinión pública que si el consorcio que explota Camisea insiste en aducir incapacidad para proveer de gas natural a las empresas, vehículos y domicilios locales –porque ello implicaría incumplir sus anhelados contratos de exportación–, la verdad es que no queda otra salida que replantear el contrato de concesión de Camisea. Documento que dicho sea de paso se ha modificado antes pero sólo para beneficiar al consorcio interesado en exportar gas.
Por ello, frente a la parsimonia del MEM, es hora que actúen de consuno el Congreso de la República, los partidos políticos, los colegios profesionales, las universidades y los gremios empresariales, a fin de que se ponga coto a la “ganga exportadora” impune del gas que favorece a intereses particulares. Los contratos de concesión se renegocian –y no solo para satisfacer al privado, sino al Estado–. Además el sistema jurídico –aquí o en la Cochinchina– contempla mecanismos para mejorar los negocios, sobre todo cuando se evidencia mala fe o abuso del derecho de una de las partes. Pero esa renegociación tiene que: 1) corregir el precio ridículo que los exportadores pagarán en boca de pozo; y 2) garantizar el abastecimiento de gas natural al mercado interno, como lo señala la Ley 27133. Tengamos presente que una riqueza nacional como el gas natural no se puede festinar o regalar, tal como lo diseñó el toledismo que gobernó el país en el quinquenio 2001-2006.
EXPRESO
Ergo fue el pueblo el que financió la millonaria inversión del gasoducto. Sin embargo de ello se beneficia el consorcio que explota –y ahora pretende exportar– el gas de Camisea, gracias al andamiaje contractual montado por el toledismo que les garantiza ganancias indebidas producto de esa exportación que, además, peligrosamente limitará el consumo del gas natural para los peruanos.
De modo que hoy tanto la industria como el sector eléctrico que operan en el país compran el gas de Camisea en boca de pozo a US$ 2.60 por millón de BTU y US$ 1.59 por MBTU, respectivamente. Sin embargo el consorcio que intenta exportar ese hidrocarburo pagará sólo US$ 0.51 por MBTU –cinco veces menos que lo que paga el industrial peruano–, para luego revenderlo a México o Chile a más de US$ 6.00 por MBTU (diez veces más de lo que pagó por boca de pozo en Camisea). Con este panorama desproporcionado e inaudito, las regalías que recibiría el Estado serán ínfimas y las utilidades del consorcio fenomenales. Por tanto se evidencia un negociado que atenta contra los intereses del país y beneficia a un grupo particular. En consecuencia, es legítimo el reclamo de los gremios empresariales y de la ciudadanía al cuestionar al Ministerio de Energía y Minas (MEM) por su pasividad ante tan grave abuso. La alternativa es impulsar una renegociación de todo aquello que implique una plusvalía redonda para un grupo pequeño en detrimento de la gran mayoría nacional.
A lo largo de nuestra historia ya bastante hemos fallado con la falta de visión sobre nuestros recursos. Sucedió con la explotación del guano, el salitre o el caucho. Y no debemos condenar nuevamente a nuestras generaciones venideras, esta vez frente a la clamorosa escasez mundial de energía, teniendo el Perú un elemento estratégico para enfrentarla como el gas natural. Por ello EXPRESO sigue dando la voz de alerta en este tema espinoso; y por eso acogemos las denuncias de varios ex ministros de Energía, así como de especialistas, quienes como nosotros comunican a la opinión pública que si el consorcio que explota Camisea insiste en aducir incapacidad para proveer de gas natural a las empresas, vehículos y domicilios locales –porque ello implicaría incumplir sus anhelados contratos de exportación–, la verdad es que no queda otra salida que replantear el contrato de concesión de Camisea. Documento que dicho sea de paso se ha modificado antes pero sólo para beneficiar al consorcio interesado en exportar gas.
Por ello, frente a la parsimonia del MEM, es hora que actúen de consuno el Congreso de la República, los partidos políticos, los colegios profesionales, las universidades y los gremios empresariales, a fin de que se ponga coto a la “ganga exportadora” impune del gas que favorece a intereses particulares. Los contratos de concesión se renegocian –y no solo para satisfacer al privado, sino al Estado–. Además el sistema jurídico –aquí o en la Cochinchina– contempla mecanismos para mejorar los negocios, sobre todo cuando se evidencia mala fe o abuso del derecho de una de las partes. Pero esa renegociación tiene que: 1) corregir el precio ridículo que los exportadores pagarán en boca de pozo; y 2) garantizar el abastecimiento de gas natural al mercado interno, como lo señala la Ley 27133. Tengamos presente que una riqueza nacional como el gas natural no se puede festinar o regalar, tal como lo diseñó el toledismo que gobernó el país en el quinquenio 2001-2006.
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