Certificadas las reservas de gas natural en 8.8 TCF (trillones de pies cúbicos) –por una entidad privada, a pesar de que el Estado hace tiempo debió hacerla por su cuenta para no dejar en manos ajenas la comprobación de esta importante riqueza natural–, queda en evidencia que el abastecimiento de este hidrocarburo ya es difícil y acusa una complicación en el corto plazo. De ahí que el trato directo con los inversionistas implicados tenga que ser franco, transparente y decidido sobre la renegociación de los contratos, especialmente por aquello que se cambió durante el gobierno de Alejandro Toledo.
La situación amerita priorizar el caso, puesto que las regiones del Sur (en particular Cusco, Puno, Moquegua y Tacna) han dado un ultimátum de tres meses al Ejecutivo para plasmar modificaciones en el estatus quo imperante en el tema gasífero; de lo contrario adoptarían medidas de fuerza. En EXPRESO, coherentes con nuestras tesis y comprometidos con nuestros principios, decimos que razón no les falta, toda vez que en el Sur se concentra la mayor pobreza y es la macrorregión más expuesta a la influencia radical, disociadora y nefasta de uno de los principales satélites chavistas, como es Bolivia. Además, con acciones u omisiones no podemos ni debemos generar más desencanto en las zonas altoandinas sureñas, ya que –valgan verdades– el gas de Camisea está en Cusco y esta circunscripción nacional obviamente merece beneficiarse con el hidrocarburo que hoy entrega al país.
Recordemos que históricamente el centralismo limeño ha causado muchas dificultades. En consecuencia es tiempo de corregir esta distorsión en el desarrollo nacional. Por eso hace poco estuvimos enfrascados en una campaña para que el nuevo gasoducto pase por las regiones del Sur, como al final así resultó y se estableció que el Gasoducto Andino del Sur invierta para hacerlo realidad. Es más, el presidente de la República en el Mensaje a la Nación del pasado 28 de julio dijo que de todas maneras este proyecto se desarrollará. Sí, pues, pero ¿con qué gas? Pensamos que la retórica presidencial por sí sola no es buena. Mejor sería que esté acompañada de los cálculos técnicos. En este asunto, se requiere para cumplir ese objetivo no menos de 150 MMPCD (millones de pies cúbicos de gas por día). Y, como reiteramos, temerariamente el Estado no tiene una idea cabal de cuáles son las reservas reales y probadas de gas natural.
A esto hay que agregar la necesidad del sector “eléctrico garantizado” por mayor cantidad de gas, una cifra que sube cada año. Sucede lo mismo con el ramo “eléctrico no garantizado”, cuya demanda sobrepasa los 210 MMPCD; y también con los no pocos millones de BTU que necesitarán las petroquímicas de Pisco y Marcona (no sabemos por qué el presidente García agregó también una en Ilo –¿a cuál se referirá?–). Pero esta sería una visión estática si es que no se repara en la curva de demanda de electricidad que seguirá creciendo en el país, la que va más allá de lo dicho por el Ejecutivo, y que la calcula para los próximos doce meses en 1,121 MW, mientras que Osinergmin fija el guarismo en 1,424 MW. Sea en uno u otro caso, las centrales térmicas generadoras de electricidad quieren cumplir con esa demanda y para ello necesitan más gas, precisamente para atender el mercado interno. Y todo ello sin contar con el parque automotor a GNV que sigue incrementándose. Entonces, el reclamo del Cusco no es descabellado. Es más: su ultimátum –que se cumplirá dentro de 90 días– debería hacer reflexionar a más de uno a fin de adoptar las decisiones políticas en el tema del gas. Estamos a tiempo.
EXPRESO
La situación amerita priorizar el caso, puesto que las regiones del Sur (en particular Cusco, Puno, Moquegua y Tacna) han dado un ultimátum de tres meses al Ejecutivo para plasmar modificaciones en el estatus quo imperante en el tema gasífero; de lo contrario adoptarían medidas de fuerza. En EXPRESO, coherentes con nuestras tesis y comprometidos con nuestros principios, decimos que razón no les falta, toda vez que en el Sur se concentra la mayor pobreza y es la macrorregión más expuesta a la influencia radical, disociadora y nefasta de uno de los principales satélites chavistas, como es Bolivia. Además, con acciones u omisiones no podemos ni debemos generar más desencanto en las zonas altoandinas sureñas, ya que –valgan verdades– el gas de Camisea está en Cusco y esta circunscripción nacional obviamente merece beneficiarse con el hidrocarburo que hoy entrega al país.
Recordemos que históricamente el centralismo limeño ha causado muchas dificultades. En consecuencia es tiempo de corregir esta distorsión en el desarrollo nacional. Por eso hace poco estuvimos enfrascados en una campaña para que el nuevo gasoducto pase por las regiones del Sur, como al final así resultó y se estableció que el Gasoducto Andino del Sur invierta para hacerlo realidad. Es más, el presidente de la República en el Mensaje a la Nación del pasado 28 de julio dijo que de todas maneras este proyecto se desarrollará. Sí, pues, pero ¿con qué gas? Pensamos que la retórica presidencial por sí sola no es buena. Mejor sería que esté acompañada de los cálculos técnicos. En este asunto, se requiere para cumplir ese objetivo no menos de 150 MMPCD (millones de pies cúbicos de gas por día). Y, como reiteramos, temerariamente el Estado no tiene una idea cabal de cuáles son las reservas reales y probadas de gas natural.
A esto hay que agregar la necesidad del sector “eléctrico garantizado” por mayor cantidad de gas, una cifra que sube cada año. Sucede lo mismo con el ramo “eléctrico no garantizado”, cuya demanda sobrepasa los 210 MMPCD; y también con los no pocos millones de BTU que necesitarán las petroquímicas de Pisco y Marcona (no sabemos por qué el presidente García agregó también una en Ilo –¿a cuál se referirá?–). Pero esta sería una visión estática si es que no se repara en la curva de demanda de electricidad que seguirá creciendo en el país, la que va más allá de lo dicho por el Ejecutivo, y que la calcula para los próximos doce meses en 1,121 MW, mientras que Osinergmin fija el guarismo en 1,424 MW. Sea en uno u otro caso, las centrales térmicas generadoras de electricidad quieren cumplir con esa demanda y para ello necesitan más gas, precisamente para atender el mercado interno. Y todo ello sin contar con el parque automotor a GNV que sigue incrementándose. Entonces, el reclamo del Cusco no es descabellado. Es más: su ultimátum –que se cumplirá dentro de 90 días– debería hacer reflexionar a más de uno a fin de adoptar las decisiones políticas en el tema del gas. Estamos a tiempo.
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