Ha causado gran polémica la propuesta del ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas almirante Jorge Montoya Manrique de subordinar la Policía Nacional al Ministerio de Defensa, sobre todo en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), convulsionada por las lacras del terrorismo y el narcotráfico.
Al respecto, se han dado reacciones de todo tipo que demandan una evaluación profunda e imparcial por parte del Gobierno. Sobre todo porque se trata de un asunto complejo y medular, vinculado a la defensa del Estado, el orden externo y el control del orden interno frente a un fenómeno tan prevalente, violento y criminal como el mencionado.
Ante todo, debe quedar en claro que la lucha contra esta lacra sigue siendo una prioridad para el Estado democrático. No se puede permitir que un grupo de criminales, con discursos ideológicos obsoletos que enmascaran una industria delictiva de largo alcance sin importarles los graves daños que causan acá y allá, siga poniendo en vilo al país. Las numerosas víctimas, que incluyen a civiles y militares, así como el terrible prospecto de convertirnos en un narcoestado, deben hacernos reflexionar sobre la necesidad de replantear urgentemente la estrategia.
Dentro de la democracia la respuesta al narcoterrorismo tiene que ser integral, bajo una autoridad política que debe nombrar el Gobierno Central. Esta debe afirmar la presencia del Estado a través de servicios de salud, educación y seguridad, pero también mediante programas de apoyo social, desarrollo alternativo y sustitución de cultivos, que rompan la cadena del narcotráfico que utiliza a los campesinos cocaleros como proveedores.
No solo eso. Dicha estrategia debiera contener también medidas represivas y punitivas, a cargo de fuerzas especiales preparadas, que entiendan la naturaleza y legitimidad de esta lucha para defender al Estado democrático. Todo ello sin caer en el juego absurdo de aquellos que señalan que solo un gobierno autoritario puede enfrentar al narcoterrorismo, lo cual no es más que una jugarreta electorera.
Es en este contexto que debemos analizar la propuesta del almirante Montoya, empezando por reconocer varios problemas. Ante todo, que queda mucho por hacer para recuperar el VRAE y otras zonas infestadas de terroristas y narcotraficantes. Luego, que tanto el Consejo Nacional de Defensa como el Consejo Nacional de Seguridad, entidades máximas de fijación de políticas para el orden externo e interno, respectivamente, han perdido fuerza, vigencia y presencia.
Es más, no tenemos una propuesta doctrinal adecuada — lo que se evidencia en la indefinición de áreas y a veces incluso en enfrentamiento entre las mismas—, ni tampoco, como consecuencia de lo anterior, ejecutamos acciones operativas congruentes y eficaces.
Este desorden normativo y práctico se repite también en las altas esferas de la Policía Nacional, cuyos efectivos, debemos reiterar, tienen una formación y funciones distintas al personal castrense. Mientras los primeros se preparan para prevenir y enfrentar el crimen y coordinar acciones ciudadanas, lo segundos tienen una formación bélica más aislada, orientada a garantizar la integridad del territorio y la defensa de la soberanía.
¿Cómo proceder entonces ante la compleja situación del VRAE y otras zonas acogotadas por el terrorismo y el narcotráfico? En situaciones críticas, otros países, como México, España e incluso Estados Unidos, han implementado políticas de defensa y seguridad en las que los estamentos militares han sido puestos a la cabeza de planes especiales de contingencia para enfrentar al enemigo terrorista o narcotraficante, sobre todo por cuestiones de orden, inteligencia y logística.
En el Perú, por las dificultades expuestas, debiera evaluarse, en el futuro mediato, la pertinencia de que la PNP se integre estructuralmente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esto exigirá obviamente un análisis exhaustivo de las prioridades del orden externo e interno, de los problemas a enfrentar y de las capacidades de cada instituto castrense y policial.
Sin embargo, en lo inmediato, para el caso del VRAE y las zonas críticas, lo más pertinente sería constituir un mando unificado, que incluya a los altos mandos militares y policiales bajo una autoridad política con cierta autonomía. La gravedad del momento actual demanda superar los malos entendidos y los enfrentamientos y recelos entre militares y policías, para mirar unidos al enemigo que tenemos enfrente y debemos derrotar juntos, pero ordenados.
Hay que empezar por compartir información de inteligencia y coordinar acciones con los mejores elementos y capacidades de cada instituto, convenientemente armados y entrenados. Solo así podremos, en plazos medibles, ir ganando terreno a estas lacras del terrorismo y el narcotráfico, no repetir los fiascos y emboscadas de los últimos meses y confirmar la fortaleza de la democracia para superar esta amenaza violentista y criminal.
EL COMERCIO
Al respecto, se han dado reacciones de todo tipo que demandan una evaluación profunda e imparcial por parte del Gobierno. Sobre todo porque se trata de un asunto complejo y medular, vinculado a la defensa del Estado, el orden externo y el control del orden interno frente a un fenómeno tan prevalente, violento y criminal como el mencionado.
Ante todo, debe quedar en claro que la lucha contra esta lacra sigue siendo una prioridad para el Estado democrático. No se puede permitir que un grupo de criminales, con discursos ideológicos obsoletos que enmascaran una industria delictiva de largo alcance sin importarles los graves daños que causan acá y allá, siga poniendo en vilo al país. Las numerosas víctimas, que incluyen a civiles y militares, así como el terrible prospecto de convertirnos en un narcoestado, deben hacernos reflexionar sobre la necesidad de replantear urgentemente la estrategia.
Dentro de la democracia la respuesta al narcoterrorismo tiene que ser integral, bajo una autoridad política que debe nombrar el Gobierno Central. Esta debe afirmar la presencia del Estado a través de servicios de salud, educación y seguridad, pero también mediante programas de apoyo social, desarrollo alternativo y sustitución de cultivos, que rompan la cadena del narcotráfico que utiliza a los campesinos cocaleros como proveedores.
No solo eso. Dicha estrategia debiera contener también medidas represivas y punitivas, a cargo de fuerzas especiales preparadas, que entiendan la naturaleza y legitimidad de esta lucha para defender al Estado democrático. Todo ello sin caer en el juego absurdo de aquellos que señalan que solo un gobierno autoritario puede enfrentar al narcoterrorismo, lo cual no es más que una jugarreta electorera.
Es en este contexto que debemos analizar la propuesta del almirante Montoya, empezando por reconocer varios problemas. Ante todo, que queda mucho por hacer para recuperar el VRAE y otras zonas infestadas de terroristas y narcotraficantes. Luego, que tanto el Consejo Nacional de Defensa como el Consejo Nacional de Seguridad, entidades máximas de fijación de políticas para el orden externo e interno, respectivamente, han perdido fuerza, vigencia y presencia.
Es más, no tenemos una propuesta doctrinal adecuada — lo que se evidencia en la indefinición de áreas y a veces incluso en enfrentamiento entre las mismas—, ni tampoco, como consecuencia de lo anterior, ejecutamos acciones operativas congruentes y eficaces.
Este desorden normativo y práctico se repite también en las altas esferas de la Policía Nacional, cuyos efectivos, debemos reiterar, tienen una formación y funciones distintas al personal castrense. Mientras los primeros se preparan para prevenir y enfrentar el crimen y coordinar acciones ciudadanas, lo segundos tienen una formación bélica más aislada, orientada a garantizar la integridad del territorio y la defensa de la soberanía.
¿Cómo proceder entonces ante la compleja situación del VRAE y otras zonas acogotadas por el terrorismo y el narcotráfico? En situaciones críticas, otros países, como México, España e incluso Estados Unidos, han implementado políticas de defensa y seguridad en las que los estamentos militares han sido puestos a la cabeza de planes especiales de contingencia para enfrentar al enemigo terrorista o narcotraficante, sobre todo por cuestiones de orden, inteligencia y logística.
En el Perú, por las dificultades expuestas, debiera evaluarse, en el futuro mediato, la pertinencia de que la PNP se integre estructuralmente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esto exigirá obviamente un análisis exhaustivo de las prioridades del orden externo e interno, de los problemas a enfrentar y de las capacidades de cada instituto castrense y policial.
Sin embargo, en lo inmediato, para el caso del VRAE y las zonas críticas, lo más pertinente sería constituir un mando unificado, que incluya a los altos mandos militares y policiales bajo una autoridad política con cierta autonomía. La gravedad del momento actual demanda superar los malos entendidos y los enfrentamientos y recelos entre militares y policías, para mirar unidos al enemigo que tenemos enfrente y debemos derrotar juntos, pero ordenados.
Hay que empezar por compartir información de inteligencia y coordinar acciones con los mejores elementos y capacidades de cada instituto, convenientemente armados y entrenados. Solo así podremos, en plazos medibles, ir ganando terreno a estas lacras del terrorismo y el narcotráfico, no repetir los fiascos y emboscadas de los últimos meses y confirmar la fortaleza de la democracia para superar esta amenaza violentista y criminal.
EL COMERCIO
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