Por: Hugo Guerra
Querido lector, el abandono de las poblaciones afectadas por el terremoto de hace dos años es, apenas, patético reflejo del drama en el que se debate el caduco Estado Peruano. La reacción desde el primer momento fue tan desastrosa como el sismo. Los mecanismos de urgencia no funcionaron adecuadamente en los niveles nacional, regional y municipal.
Luego, una larga cadena de esfuerzos inorgánicos entre diferentes sectores del Gobierno hizo que la ayuda llegara tarde y mal a los damnificados. Y si no estalló una epidemia fue por la contribución extranjera, la intervención de las Fuerzas Armadas y las colectas civiles de víveres y agua.
Es entendible que la cooperación internacional se hiciera presente de inmediato, pero resulta vergonzoso que un país soberano en vísperas de su bicentenario de independencia y con una economía estable dependa de la solidaridad externa para manejar problemas humanitarios.
En cuanto a las FF.AA., es innegable que si en Pisco no hubiese puerto y aeropuerto militares, no se hubiera podido enviar la ayuda en una cadena logística ordenada y medianamente oportuna. Queda como lección, entonces, que el sistema de defensa civil debe convertirse en una unidad supeditada al Comando Conjunto para que la reacción frente a las catástrofes recaiga en la única organización nacional capaz de operar con disciplina.
A su turno, la contribución ciudadana fue buena, pero insuficiente. Carecemos de organizaciones civiles capaces de enfrentar emergencias, y solo reaccionamos motivados por la caridad de las circunstancias. La falta de auténtica solidaridad permite, por ejemplo, que cientos de niños mueran cada año por el frío en las poblaciones altoandinas.
En la reconstrucción el desorden fue peor. Con buen criterio el gobierno aprista creó el Forsur, encargándolo a empresarios privados. Pero estos fueron traicionados por el Congreso, de donde salieron normas absurdas que trabaron cualquier gestión eficiente, y también por el gobierno regional y los municipios iqueños que —por el asambleísmo y el obstruccionismo operacional— politizaron el caso.
La intervención de los ministerios (con pocas excepciones como el de Educación) fue, igualmente, ineficiente. Y el sistema de bonos terminó siendo fuente de corrupción y dispendio.
Transversal a todo eso, los damnificados han sido indolentes consigo mismos, porque en vez de organizarse, muchos simplemente siguen esperando que el Gobierno les haga el trabajo.
En suma, lo del sur ha sido un desastre no por falta de fondos, sino por el manejo politiquero de un Estado indolente y burocratizado que hoy se extravía en el debate sobre la responsabilidad de algunos pocos funcionarios, sin buscar la causa profunda de nuestra disfuncionalidad como nación.
EL COMERCIO
Querido lector, el abandono de las poblaciones afectadas por el terremoto de hace dos años es, apenas, patético reflejo del drama en el que se debate el caduco Estado Peruano. La reacción desde el primer momento fue tan desastrosa como el sismo. Los mecanismos de urgencia no funcionaron adecuadamente en los niveles nacional, regional y municipal.
Luego, una larga cadena de esfuerzos inorgánicos entre diferentes sectores del Gobierno hizo que la ayuda llegara tarde y mal a los damnificados. Y si no estalló una epidemia fue por la contribución extranjera, la intervención de las Fuerzas Armadas y las colectas civiles de víveres y agua.
Es entendible que la cooperación internacional se hiciera presente de inmediato, pero resulta vergonzoso que un país soberano en vísperas de su bicentenario de independencia y con una economía estable dependa de la solidaridad externa para manejar problemas humanitarios.
En cuanto a las FF.AA., es innegable que si en Pisco no hubiese puerto y aeropuerto militares, no se hubiera podido enviar la ayuda en una cadena logística ordenada y medianamente oportuna. Queda como lección, entonces, que el sistema de defensa civil debe convertirse en una unidad supeditada al Comando Conjunto para que la reacción frente a las catástrofes recaiga en la única organización nacional capaz de operar con disciplina.
A su turno, la contribución ciudadana fue buena, pero insuficiente. Carecemos de organizaciones civiles capaces de enfrentar emergencias, y solo reaccionamos motivados por la caridad de las circunstancias. La falta de auténtica solidaridad permite, por ejemplo, que cientos de niños mueran cada año por el frío en las poblaciones altoandinas.
En la reconstrucción el desorden fue peor. Con buen criterio el gobierno aprista creó el Forsur, encargándolo a empresarios privados. Pero estos fueron traicionados por el Congreso, de donde salieron normas absurdas que trabaron cualquier gestión eficiente, y también por el gobierno regional y los municipios iqueños que —por el asambleísmo y el obstruccionismo operacional— politizaron el caso.
La intervención de los ministerios (con pocas excepciones como el de Educación) fue, igualmente, ineficiente. Y el sistema de bonos terminó siendo fuente de corrupción y dispendio.
Transversal a todo eso, los damnificados han sido indolentes consigo mismos, porque en vez de organizarse, muchos simplemente siguen esperando que el Gobierno les haga el trabajo.
En suma, lo del sur ha sido un desastre no por falta de fondos, sino por el manejo politiquero de un Estado indolente y burocratizado que hoy se extravía en el debate sobre la responsabilidad de algunos pocos funcionarios, sin buscar la causa profunda de nuestra disfuncionalidad como nación.
EL COMERCIO
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