Por: Enrique Bernales Ballesteros Politólogo
Si nos atenemos al debate político que siguió a la exposición del primer ministro Velásquez Quesquén, llegamos a la siguiente conclusión: salvo el Apra, todas las demás bancadas han sido extremadamente duras con la exposición del ministro. En unos casos, por lo que dijo, tachado más o menos de vago, insuficiente, etc. En otros casos, por lo que no dijo y, claro, en ese aspecto, más de una intervención parlamentaria reclamó la ausencia de una u otra política sobre agua, energía, frontera, el problema climático de El Niño, etc. Lo concreto es que si sumamos estos descontentos, el ministro estaría en vísperas de arriesgar que el Parlamento no le otorgue el voto de confianza al que se refiere el artículo 130 de la Constitución. Sin embargo, es difícil que eso pase porque seguramente habrá ofrecimientos, nuevas promesas y, finalmente, se fumará una pipa de la paz para darle el voto de confianza.
Sin embargo, debo ser claro: el problema no radica en lo que el ministro haya dicho o dejado de decir, sino en la deficiente fórmula con la que el artículo 130 encara la obligación de quien asume la PCM de “exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión”. Como se puede apreciar, la fórmula es de una vaguedad tal que en la práctica no existe la obligación constitucional de dar cuenta al Congreso de un plan de gobierno concreto, del estado en que se encuentra su ejecución, los problemas que se resisten a las medidas para eliminarlos y, por último, la perspectiva de un corte a mediano plazo. Por consiguiente, la errónea fórmula constitucional del artículo 130 le ordena al primer ministro que hable un poco de todo, pero nada que sea concreto y específico, y que se refiera a una propuesta planificada, donde los problemas y los temas más importantes se identifican. Sobre ellos es que el Gabinete demanda no solo la atención del Congreso, sino también la confianza que la ejecución de ese plan exige.
Desde la perspectiva de este análisis, es evidente que el discurso de Velásquez Quesquén no ha sido claro y preciso en temas delicados, como la situación del VRAE y la propuesta integral con la que se debe enfrentar y derrotar tanto al narcotráfico como a los grupos de senderistas que aún subsisten en esas zonas del país, y a los que obviamente es preciso ubicar, identificarlos, derrotarlos, capturarlos y someterlos a la justicia. Tampoco ha habido claridad en el tema del plan anticorrupción, ni datos concretos de las medidas contra la crisis financiera internacional que también ha afectado al país. Obviamente, se trata de vacíos que objetivamente se detectan en la exposición del ministro.
Por tanto, sin necesidad de que esto pase por una cuestión de confianza —porque, repito, la fórmula constitucional casi inmediatamente lleva a la vaguedad—, es preciso que el nuevo Gabinete haga un enunciado de los 5, 6 o 7 temas sustantivos y profundos en los que va a concentrarse la gestión del Gabinete, y que a partir de medidas concretas de fortalecimiento de la democracia y fortalecimiento de las políticas de desarrollo, de regionalización y de participación se establezca una relación activa de cooperación ciudadana que permita continuar adelante con lo que está bien hecho y corregir los errores en todos aquellos campos en los que estos han sido detectados.
EL COMERCIO
Si nos atenemos al debate político que siguió a la exposición del primer ministro Velásquez Quesquén, llegamos a la siguiente conclusión: salvo el Apra, todas las demás bancadas han sido extremadamente duras con la exposición del ministro. En unos casos, por lo que dijo, tachado más o menos de vago, insuficiente, etc. En otros casos, por lo que no dijo y, claro, en ese aspecto, más de una intervención parlamentaria reclamó la ausencia de una u otra política sobre agua, energía, frontera, el problema climático de El Niño, etc. Lo concreto es que si sumamos estos descontentos, el ministro estaría en vísperas de arriesgar que el Parlamento no le otorgue el voto de confianza al que se refiere el artículo 130 de la Constitución. Sin embargo, es difícil que eso pase porque seguramente habrá ofrecimientos, nuevas promesas y, finalmente, se fumará una pipa de la paz para darle el voto de confianza.
Sin embargo, debo ser claro: el problema no radica en lo que el ministro haya dicho o dejado de decir, sino en la deficiente fórmula con la que el artículo 130 encara la obligación de quien asume la PCM de “exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión”. Como se puede apreciar, la fórmula es de una vaguedad tal que en la práctica no existe la obligación constitucional de dar cuenta al Congreso de un plan de gobierno concreto, del estado en que se encuentra su ejecución, los problemas que se resisten a las medidas para eliminarlos y, por último, la perspectiva de un corte a mediano plazo. Por consiguiente, la errónea fórmula constitucional del artículo 130 le ordena al primer ministro que hable un poco de todo, pero nada que sea concreto y específico, y que se refiera a una propuesta planificada, donde los problemas y los temas más importantes se identifican. Sobre ellos es que el Gabinete demanda no solo la atención del Congreso, sino también la confianza que la ejecución de ese plan exige.
Desde la perspectiva de este análisis, es evidente que el discurso de Velásquez Quesquén no ha sido claro y preciso en temas delicados, como la situación del VRAE y la propuesta integral con la que se debe enfrentar y derrotar tanto al narcotráfico como a los grupos de senderistas que aún subsisten en esas zonas del país, y a los que obviamente es preciso ubicar, identificarlos, derrotarlos, capturarlos y someterlos a la justicia. Tampoco ha habido claridad en el tema del plan anticorrupción, ni datos concretos de las medidas contra la crisis financiera internacional que también ha afectado al país. Obviamente, se trata de vacíos que objetivamente se detectan en la exposición del ministro.
Por tanto, sin necesidad de que esto pase por una cuestión de confianza —porque, repito, la fórmula constitucional casi inmediatamente lleva a la vaguedad—, es preciso que el nuevo Gabinete haga un enunciado de los 5, 6 o 7 temas sustantivos y profundos en los que va a concentrarse la gestión del Gabinete, y que a partir de medidas concretas de fortalecimiento de la democracia y fortalecimiento de las políticas de desarrollo, de regionalización y de participación se establezca una relación activa de cooperación ciudadana que permita continuar adelante con lo que está bien hecho y corregir los errores en todos aquellos campos en los que estos han sido detectados.
EL COMERCIO
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