La Comisión Especial Revisora del Código Penal del Congreso desestimó el pedido de votar la reconsideración del acuerdo previo –solicitado por el Ministerio de Justicia– e insistió en la despenalización del aborto. En consecuencia el proyecto que pasará al Pleno señala textualmente: “No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal en los casos siguientes: 1) Cuando constituye el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente; 2) Cuando es probable que el ser en formación obedezca o desarrolle graves malformaciones o taras físicas o psíquicas, siempre que exista al respecto un diagnóstico médico especializado; y 3) Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual, siempre que los hechos hubiesen sido denunciados penalmente, así como de la inseminación artificial o transferencia de un óvulo fecundado no consentidas”.
En primer lugar, la mencionada comisión ni ha creado un ambiente de contracción y rigor para un tema tan delicado y sensible. Sólo la visita que hiciera anteayer su presidente, el congresista Carlos Torres Caro, al cardenal Juan Luis Cipriani –provocadoramente acompañado por la prensa– demuestra el trato inapropiado que ha dado el titular de dicha comisión a un tema que no es político ni mediático sino humano, y que atañe al derecho fundamental que nuestra Carta Magna consagra: el derecho a la vida. En este orden de ideas, el Ministerio de Justicia ha tenido una posición esclarecedora al afirmar que lo que se defiende en verdad es la vida de un ser humano que, aunque no haya salido del vientre, tiene el derecho a vivir. Concurrentemente el Ministerio de Salud ha señalado que está en contra del mal llamado aborto sentimental –en caso de violación– y del aborto como consecuencia de la presencia de taras físicas o mentales en el feto, manteniendo su apoyo a la protocolización del aborto terapéutico vigente en nuestro Código Penal desde 1924.
Bajo la premisa de la defensa a la vida –tanto de la madre como del concebido– resulta fundamental promover un hondo y esclarecedor debate en torno al aborto. Un debate que esté lejos de la fanfarria y los intereses políticos y económicos de ONGs que succionan millones de dólares alrededor de este tema, y que sin esa bandera no podrían sencillamente existir; un debate distante de aquellos académicos que, sin los elementos científicos adecuados y con información parcial y direccionada, inducen a consensos y conclusiones equivocados; y un debate alejado igualmente de los criterios utilitarios de aquellos que ven en el aborto sólo una alternativa más para resolver un problema económico, sociológico o sanitario, cuando se trata de un tema fundamental que tiene relación directa y entrañable con la vida misma, su valoración y su ética.
El país espera que el Pleno del Congreso se comporte a la altura de las circunstancias y de la naturaleza del sensible tema que le toca considerar.
EXPRESO
En primer lugar, la mencionada comisión ni ha creado un ambiente de contracción y rigor para un tema tan delicado y sensible. Sólo la visita que hiciera anteayer su presidente, el congresista Carlos Torres Caro, al cardenal Juan Luis Cipriani –provocadoramente acompañado por la prensa– demuestra el trato inapropiado que ha dado el titular de dicha comisión a un tema que no es político ni mediático sino humano, y que atañe al derecho fundamental que nuestra Carta Magna consagra: el derecho a la vida. En este orden de ideas, el Ministerio de Justicia ha tenido una posición esclarecedora al afirmar que lo que se defiende en verdad es la vida de un ser humano que, aunque no haya salido del vientre, tiene el derecho a vivir. Concurrentemente el Ministerio de Salud ha señalado que está en contra del mal llamado aborto sentimental –en caso de violación– y del aborto como consecuencia de la presencia de taras físicas o mentales en el feto, manteniendo su apoyo a la protocolización del aborto terapéutico vigente en nuestro Código Penal desde 1924.
Bajo la premisa de la defensa a la vida –tanto de la madre como del concebido– resulta fundamental promover un hondo y esclarecedor debate en torno al aborto. Un debate que esté lejos de la fanfarria y los intereses políticos y económicos de ONGs que succionan millones de dólares alrededor de este tema, y que sin esa bandera no podrían sencillamente existir; un debate distante de aquellos académicos que, sin los elementos científicos adecuados y con información parcial y direccionada, inducen a consensos y conclusiones equivocados; y un debate alejado igualmente de los criterios utilitarios de aquellos que ven en el aborto sólo una alternativa más para resolver un problema económico, sociológico o sanitario, cuando se trata de un tema fundamental que tiene relación directa y entrañable con la vida misma, su valoración y su ética.
El país espera que el Pleno del Congreso se comporte a la altura de las circunstancias y de la naturaleza del sensible tema que le toca considerar.
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