EL NECESARIO E IMPOSTERGABLE DIÁLOGO NACIONAL
Por: Manuel Bernales*
En los años 90, las Naciones Unidas y la Unesco, con sus luces y sus sombras, esclarecieron temas de valor permanente, nuevos y del porvenir, como son los derechos humanos y sus extensiones, en parte contemporáneas, como el derecho a la paz, anunciado en la carta constitutiva de la Unesco.
También se discutió sobre la promoción y protección de la diversidad cultural, la ética, la filosofía, la seguridad humana democrática, el genoma humano, el desarrollo sostenible, entre otros asuntos considerados ejes transversales.
El riesgo fue llegar, por empates y desempates en decisiones políticas mundiales e institucionales, a una especie de lista de supermercado. Cada área del sistema de la ONU y de la Unesco logró su cumbre o conferencia mundial, pero la decrepitud, el burocratismo o la fuerza de otros clientelismos internacionales imperantes dejaron a muchos estados y sociedades civiles al margen de esos impulsos. Algunos fundadores de la ONU no suscribieron ciertos convenios y tenían reservas respecto a otros.
Se produjeron algunos cambios importantes, como el producido en el Perú, en cuyo contexto se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que presidió Salomón Lerner Febres. Ella rescató el valor de la verdad, elemental en la arquitectura del ser humano en sociedad y del Estado democrático, creación tan necesaria como contradictoria, junto al valor del pluralismo social, cultural, político y económico.
Pero en una nación múltiple y compleja, de crecimiento desigual y combinado, preñada de inequidades aceptadas como normales y hasta positivas, tenía que surgir un espectro de respuestas, desde las que consideraron a dicha comisión como instrumento para lavar la cara al Estado explotador, hasta aquellas otras que persisten en satanizarla como antimilitar.
Las autoridades de Nuremberg tampoco se salvaron de la malsana vigencia de prejuicios. Y eso continúa hasta hoy, mediante el aprovechamiento de espacios democráticos, poniendo en riesgo la libertad, para forzar la verdad de los hechos y disfrazar la existencia de poderes de facto antidemocráticos y corruptos en diversas instituciones.
En general, hay una aversión patológica a todo tipo de instancia de investigación para saber la verdad —considerando la diversidad de ópticas e intereses sociales—, nunca absoluta, salvo evidencias excepcionales y siempre basada en premisas y principios claros, sencillos, inconfundibles como el valor supremo de la dignidad e integralidad de todo el hombre y todos los hombres, por sobre toda amenaza o violación transpersonalista.
La CVR se refirió a un período de la subversión y contrasubversión armadas, mientras que para el conflicto en la Amazonía —mortal en Bagua— hay una comisión política del Congreso, naturalmente interpartidaria. También hay otra comisión especial para investigar los sucesos de Bagua, sus causas y consecuencias, y para recomendar medidas que conjuren nuevos hechos parecidos, que es de orden político no-partidario, cívico y moral; un instrumento para un diálogo nacional.
[*} Miembro de la comisión de los sucesos de Bagua
EL COMERCIO
Por: Manuel Bernales*
En los años 90, las Naciones Unidas y la Unesco, con sus luces y sus sombras, esclarecieron temas de valor permanente, nuevos y del porvenir, como son los derechos humanos y sus extensiones, en parte contemporáneas, como el derecho a la paz, anunciado en la carta constitutiva de la Unesco.
También se discutió sobre la promoción y protección de la diversidad cultural, la ética, la filosofía, la seguridad humana democrática, el genoma humano, el desarrollo sostenible, entre otros asuntos considerados ejes transversales.
El riesgo fue llegar, por empates y desempates en decisiones políticas mundiales e institucionales, a una especie de lista de supermercado. Cada área del sistema de la ONU y de la Unesco logró su cumbre o conferencia mundial, pero la decrepitud, el burocratismo o la fuerza de otros clientelismos internacionales imperantes dejaron a muchos estados y sociedades civiles al margen de esos impulsos. Algunos fundadores de la ONU no suscribieron ciertos convenios y tenían reservas respecto a otros.
Se produjeron algunos cambios importantes, como el producido en el Perú, en cuyo contexto se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que presidió Salomón Lerner Febres. Ella rescató el valor de la verdad, elemental en la arquitectura del ser humano en sociedad y del Estado democrático, creación tan necesaria como contradictoria, junto al valor del pluralismo social, cultural, político y económico.
Pero en una nación múltiple y compleja, de crecimiento desigual y combinado, preñada de inequidades aceptadas como normales y hasta positivas, tenía que surgir un espectro de respuestas, desde las que consideraron a dicha comisión como instrumento para lavar la cara al Estado explotador, hasta aquellas otras que persisten en satanizarla como antimilitar.
Las autoridades de Nuremberg tampoco se salvaron de la malsana vigencia de prejuicios. Y eso continúa hasta hoy, mediante el aprovechamiento de espacios democráticos, poniendo en riesgo la libertad, para forzar la verdad de los hechos y disfrazar la existencia de poderes de facto antidemocráticos y corruptos en diversas instituciones.
En general, hay una aversión patológica a todo tipo de instancia de investigación para saber la verdad —considerando la diversidad de ópticas e intereses sociales—, nunca absoluta, salvo evidencias excepcionales y siempre basada en premisas y principios claros, sencillos, inconfundibles como el valor supremo de la dignidad e integralidad de todo el hombre y todos los hombres, por sobre toda amenaza o violación transpersonalista.
La CVR se refirió a un período de la subversión y contrasubversión armadas, mientras que para el conflicto en la Amazonía —mortal en Bagua— hay una comisión política del Congreso, naturalmente interpartidaria. También hay otra comisión especial para investigar los sucesos de Bagua, sus causas y consecuencias, y para recomendar medidas que conjuren nuevos hechos parecidos, que es de orden político no-partidario, cívico y moral; un instrumento para un diálogo nacional.
[*} Miembro de la comisión de los sucesos de Bagua
EL COMERCIO
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