16.10.09

Indecopi no puede afectar libertades democráticas

Una encendida polémica se ha armado en torno a la controversial decisión del Indecopi de negarse a registrar la marca El Pezweon, que afecta no solo la propiedad intelectual de los autores sino también el derecho democrático a la libre expresión y opinión.

Señalar como argumento que la tira atenta “contra la moral y las buenas costumbres” es claramente un atropello inaceptable. No hay ningún argumento legal que ampare tal decisión. Esta solo podría explicarse, no justificarse, por prejuicios puritanos de algunos funcionarios que no entienden lo que es apertura y tolerancia y que tampoco han leído el diccionario de la Real Academia Española.

Efectivamente, aunque con una connotación de vulgar, la RAE consigna el término “huevón” como perezoso o imbécil. Y, como explica nuestra reputada lingüista y congresista Martha Hildebrandt, “nadie va a decir que es una palabra muy linda ni muy deseable para ser pronunciada, pero de que existe, existe”. Es más, “hay cosas mucho más fuertes y mucho más graves en todo sentido, con el mismo derecho a existir”, acota.

No se trata, entonces, de promover la vulgaridad, sino de aceptar la realidad viva, como lo hacen instituciones antiguas, pero sumamente dinámicas como la Academia, al incorporar términos que por su uso frecuente se integran como parte del léxico de grandes grupos humanos.

A más de eso, desde el punto de vista institucional y normativo, suena contradictorio que, por un lado, el Indecopi acepte el registro ante la Dirección de Derechos de Autor, pero rechace la inscripción ante el registro de marcas, con lo cual se obstaculiza la comercialización del producto en beneficio de los autores. La legislación tiene que ser coherente y unitaria, pero también abierta a la innovación, sobre todo en un ámbito tan amplio como el de los derechos de autor.

Es a todos evidente que en el mundo globalizado de hoy la negociación de tratados de libre comercio, como los suscritos recientemente con Estados Unidos y otros países, implica también revisar y ajustar las normas nacionales sobre derechos de autor y propiedad intelectual.

Asimismo, la irrupción de nuevas tecnologías de comunicación, como Internet, han determinado variaciones en el modo de entender y normar estos derechos, lo que sigue en permanente revisión para conciliar derechos de modo justo y equitativo.

En tal contexto, posturas extremas o reduccionistas, como la que presenta ahora el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual van a contramarcha de la historia y del desarrollo democrático, pero también del bien ganado prestigio de una entidad reconocida como la pionera en difundir y garantizar los derechos del consumidor en el Perú.

Por todo ello, esperamos una rectificación oportuna del Indecopi sobre el caso mencionado. No se puede conculcar de un modo tan absurdo y prejuicioso las libertades de expresión, opinión y creación intelectual, así como los derechos vinculados, so riesgo de sentar un nefasto precedente que afectaría además la imagen democrática del país.

EL COMERCIO

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