La reciente publicación de unas fotografías donde se aprecia al reo Alberto Fujimori, paseando fuera de su celda acompañado de un oficial de la Policía Nacional, revela una vez más el pacto siempre negado entre el APRA y el Fujimorismo, alianza destinada a crear impunidad, injusticia y desigualdad en el país beneficiando a un reducido sector de “ricos” que antes rodeaban al dictador y hoy se pasean al lado de García.
Mientras tanto el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, con su habitual forma de defender casos impresentables intenta minimizar este gravísimo hecho, como lo hizo cuando presidió la comisión congresal que eligió como miembro del Tribunal Constitucional, a Javier Ríos, quien tuvo que renunciar después de ser evidente su relación con el cuestionado Agustín Mantilla.
Asimismo, es bueno recordar al fujimorista Carlos Raffo, quien de furibundo crítico del ex Premier, Jorge del Castillo, terminó exculpándolo de la responsabilidad en el escandaloso acto de corrupción denominado Petroaudios. ¿Pura casualidad? Claro que no. Son innumerables las demostraciones de ese pacto entre el partido gobernante y el séquito que rodea al ex dictador Fujimori.
Esto nos avizora una época crítica al ser el 2010 y 2011, años electorales, que evidenciarán el manejo de una maquinaria que desde el Estado (con el apoyo empresarial) pretenderá imponer las propuestas neoliberales encarnadas en la hija del dictador y la pretendida vuelta al poder de García en el 2016, lo que implicará mayor pobreza y privatización del aparato estatal con alza de tarifas, del costo de vida, precarización de los servicios públicos (educación y salud), reducción de derechos laborales, despidos, etc.
No es de extrañar que Alan García siga defendiendo la Constitución de 1993 y continúe promoviendo la apropiación chilena de la economía nacional tal como lo hizo el dictador Fujimori. Tampoco nos parece raro que se postergue el debate de la Ley General de Trabajo y se pretenda la aprobación de normas que vulneran principios internacionales para arrebatar más derechos a los trabajadores, impidiendo a los jóvenes su inserción en el mercado laboral y empobreciendo la vida de miles de familias. Todo esto es consecuencia de dicho pacto.
La CGTP junto a las diversas organizaciones sociales continuarán en su lucha contra la corrupción que genera la alianza APRA-fujimorismo. El bienestar de las siguientes generaciones dependerá de esta lucha. Sólo la pasividad permitirá que se gobierne únicamente para los “ricos”. No lo permitamos.
MARIO HUAMAN
LA PRIMERA
Mientras tanto el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, con su habitual forma de defender casos impresentables intenta minimizar este gravísimo hecho, como lo hizo cuando presidió la comisión congresal que eligió como miembro del Tribunal Constitucional, a Javier Ríos, quien tuvo que renunciar después de ser evidente su relación con el cuestionado Agustín Mantilla.
Asimismo, es bueno recordar al fujimorista Carlos Raffo, quien de furibundo crítico del ex Premier, Jorge del Castillo, terminó exculpándolo de la responsabilidad en el escandaloso acto de corrupción denominado Petroaudios. ¿Pura casualidad? Claro que no. Son innumerables las demostraciones de ese pacto entre el partido gobernante y el séquito que rodea al ex dictador Fujimori.
Esto nos avizora una época crítica al ser el 2010 y 2011, años electorales, que evidenciarán el manejo de una maquinaria que desde el Estado (con el apoyo empresarial) pretenderá imponer las propuestas neoliberales encarnadas en la hija del dictador y la pretendida vuelta al poder de García en el 2016, lo que implicará mayor pobreza y privatización del aparato estatal con alza de tarifas, del costo de vida, precarización de los servicios públicos (educación y salud), reducción de derechos laborales, despidos, etc.
No es de extrañar que Alan García siga defendiendo la Constitución de 1993 y continúe promoviendo la apropiación chilena de la economía nacional tal como lo hizo el dictador Fujimori. Tampoco nos parece raro que se postergue el debate de la Ley General de Trabajo y se pretenda la aprobación de normas que vulneran principios internacionales para arrebatar más derechos a los trabajadores, impidiendo a los jóvenes su inserción en el mercado laboral y empobreciendo la vida de miles de familias. Todo esto es consecuencia de dicho pacto.
La CGTP junto a las diversas organizaciones sociales continuarán en su lucha contra la corrupción que genera la alianza APRA-fujimorismo. El bienestar de las siguientes generaciones dependerá de esta lucha. Sólo la pasividad permitirá que se gobierne únicamente para los “ricos”. No lo permitamos.
MARIO HUAMAN
LA PRIMERA
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