Uno tiene la impresión de que la próxima reunión que sostendrá el presidente García con el papa Benedicto, a fines del mes de noviembre, se ha convertido en el catalizador que está provocando esta ofensiva eclesiástica en contra de la política estatal de planificación familiar.
Es evidente la importancia que tendría en La Haya el apoyo del Vaticano, lo cual podría estar alentando a los sectores más conservadores de la Iglesia a tratar de buscar las mayores concesiones del Gobierno en este tema. Si asumimos este escenario, entonces ya no es tan sorprendente el repentino cambio de posición de tres vocales del Tribunal Constitucional para prohibir la distribución gratuita de la píldora del día siguiente.
Pues, si bien la Iglesia por sí sola no tiene la capacidad de presionar al tribunal –si fuera así, habrían logrado ese fallo algún tiempo atrás–, el Gobierno sí la tiene. Primero, puede dirigir a los vocales 'compañeros’ y, luego, le es fácil persuadir al resto a adoptar una posición con el guiño de ojo usual de que el favor será devuelto. Eso explicaría también las nada convincentes explicaciones de los vocales, las cuales indican que el tema no había sido profundizado antes de emitir el fallo. Así que el partido se está jugando en la Plaza de San Pedro y no en el Cercado.
De cualquier manera, para las próximas semanas se puede seguir distribuyendo la píldora en espera de la aclaración solicitada de la resolución, la cual incluso podría ser revertida con la misma facilidad con que se emitió. Sin embargo, el problema vendría si se le exige al Gobierno, en ese otro partido que está jugando, que garantice una permanente prohibición.
Por ello, para asegurar que nadie sufra con este absurdo fallo, el Ministerio de Salud debería tener listo su plan de contingencia para seguir distribuyéndola sin que tenga obstáculos o retrasos. La idea de donar las píldoras a las ONG o de servir como canal de compra de terceros no parecían ser salidas muy sostenibles, especialmente ante la Contraloría.
Considero que sería más práctico sacarle directamente la vuelta al fallo, como ha sugerido un congresista, y estar preparado desde el primer momento para poder venderlas a través de las municipalidades al precio de 1 centavo, en lugar de que sean gratuitas en los establecimientos del Estado. Lo que no puede ocurrir, de ninguna manera, es regresar al pasado y dejar a los más pobres desamparados.
PERU 21
Es evidente la importancia que tendría en La Haya el apoyo del Vaticano, lo cual podría estar alentando a los sectores más conservadores de la Iglesia a tratar de buscar las mayores concesiones del Gobierno en este tema. Si asumimos este escenario, entonces ya no es tan sorprendente el repentino cambio de posición de tres vocales del Tribunal Constitucional para prohibir la distribución gratuita de la píldora del día siguiente.
Pues, si bien la Iglesia por sí sola no tiene la capacidad de presionar al tribunal –si fuera así, habrían logrado ese fallo algún tiempo atrás–, el Gobierno sí la tiene. Primero, puede dirigir a los vocales 'compañeros’ y, luego, le es fácil persuadir al resto a adoptar una posición con el guiño de ojo usual de que el favor será devuelto. Eso explicaría también las nada convincentes explicaciones de los vocales, las cuales indican que el tema no había sido profundizado antes de emitir el fallo. Así que el partido se está jugando en la Plaza de San Pedro y no en el Cercado.
De cualquier manera, para las próximas semanas se puede seguir distribuyendo la píldora en espera de la aclaración solicitada de la resolución, la cual incluso podría ser revertida con la misma facilidad con que se emitió. Sin embargo, el problema vendría si se le exige al Gobierno, en ese otro partido que está jugando, que garantice una permanente prohibición.
Por ello, para asegurar que nadie sufra con este absurdo fallo, el Ministerio de Salud debería tener listo su plan de contingencia para seguir distribuyéndola sin que tenga obstáculos o retrasos. La idea de donar las píldoras a las ONG o de servir como canal de compra de terceros no parecían ser salidas muy sostenibles, especialmente ante la Contraloría.
Considero que sería más práctico sacarle directamente la vuelta al fallo, como ha sugerido un congresista, y estar preparado desde el primer momento para poder venderlas a través de las municipalidades al precio de 1 centavo, en lugar de que sean gratuitas en los establecimientos del Estado. Lo que no puede ocurrir, de ninguna manera, es regresar al pasado y dejar a los más pobres desamparados.
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