LA LIBERTAD DE PRENSA SEGÚN ECUADOR
Por: Ricardo Trotti Periodista
Quien ambiciona el poder absoluto, primero tiene que adueñarse de la verdad. Para ello, su necesidad indispensable es mantener la divergencia a niveles mínimos, limitar la información y castigar la crítica. Cuba es maestra en el uso de esta metodología, Venezuela está a medio camino, mientras que Ecuador ya mostró sus primeras armas para silenciar al periodismo y restringir el disenso. La fórmula es fácil y perversa. Casi todos los gobiernos autoritarios se justifican detrás de constituciones hechas a su medida, en las que incluyen normas de apariencia inocente que les sirve para dictar leyes reguladoras y controladoras contra los medios y sus contenidos.
Así como la cláusula de “información veraz” de la Constitución venezolana sirvió para dar forma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV con la que se cerraron medios y se persigue a periodistas, el artículo de la nueva Carta Magna ecuatoriana —que exige que la información debe ser “veraz, verificada, oportuna, contextualizada”— ofrece al presidente Rafael Correa la posibilidad de sancionar a todo aquel que se aparte de la verdad oficial.
Ante ese peligro, en República Dominicana se logró derribar la norma de “información veraz” que se incluía en la reforma constitucional, mientras que en Bolivia habrá que ver si Evo Morales, después de ganar las elecciones de diciembre, dictará leyes de control inspirándose en su Constitución, que ordena que la información sea “veraz y responsable”.
Valiéndose de las debilidades de alguna prensa éticamente cuestionable, y rechazando a la investigativa por sus denuncias sobre corrupción, Correa ha creado un clima de hostilidad y desprestigio contra todos los informadores, a los que alecciona con llamados públicos a la responsabilidad por ser “mentirosos, corruptos, desestabilizadores y enemigos de la revolución”. De esta forma, con la ficción creada, mandato constitucional y clima hostil, muchos desprevenidos compran la idea de que todos los males se resuelven maniatando a la prensa “perversa y ventajista que solo busca defender sus intereses”. En ese juego maquiavélico, Correa mandó redactar la Ley de Comunicación, instrumento que aparenta proteger al público, cuando en realidad servirá para blindar a su gobierno de las críticas.
La semana pasada, tras una visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa que expresó su criticismo en Quito, Correa calificó su propuesta legislativa como “proyecto estrella del Gobierno”. Junto con otros dos anteproyectos de la oposición, la ley, que podría sancionarse antes de fin de año, hace de la ética periodística un deber legal. Exige a los medios la adopción de códigos de ética y la contratación de un ombudsman, crea organismos cuasi judiciales que vigilarán la aplicación de los estándares éticos en la información y puede cerrar a medios que reiteren fallas informativas tan simples como la publicación de un titular desacertado y una foto grotesca, o tan complejas como la denuncia en contra de un funcionario corrupto.
Aunque Correa prometa que no habrá intromisión en los contenidos, dada la experiencia de gobernantes que pagan a seguidores para engrosar marchas políticas y urnas electorales, no es descabellado pensar que este gobierno o los futuros motivarán a batallones de gente para que denuncien fallas morales en los medios, causando autocensura, silencio y un declive considerable del periodismo investigativo. Además, la reglamentación de la ley tendrá que conciliar un código de ética universal, enajenando el derecho a una línea editorial propia e independiente, como estipulan los principios básicos de la libertad de prensa.
En aras de la igualdad, la nueva ley divide en 33% la propiedad y crea medios públicos, comunitarios y privados. Pero en un país donde el Gobierno ya controla el 70% de la televisión, después de expropiaciones a privados y donde no existe conciencia sobre el papel de los medios públicos, usados solo para hacer propaganda, no es difícil advertir que se busca consolidar una plataforma mediática gubernamental, monopolizar la verdad oficial y minimizar a la prensa privada e independiente. Esta ley miente, confunde, dice proteger a los ciudadanos de los abusos de los periodistas, cuando lo que busca es evitar que haya reflectores iluminando las acciones del Gobierno. Quiere silencio. Todos los ecuatorianos perderán.
EL COMERCIO
Por: Ricardo Trotti Periodista
Quien ambiciona el poder absoluto, primero tiene que adueñarse de la verdad. Para ello, su necesidad indispensable es mantener la divergencia a niveles mínimos, limitar la información y castigar la crítica. Cuba es maestra en el uso de esta metodología, Venezuela está a medio camino, mientras que Ecuador ya mostró sus primeras armas para silenciar al periodismo y restringir el disenso. La fórmula es fácil y perversa. Casi todos los gobiernos autoritarios se justifican detrás de constituciones hechas a su medida, en las que incluyen normas de apariencia inocente que les sirve para dictar leyes reguladoras y controladoras contra los medios y sus contenidos.
Así como la cláusula de “información veraz” de la Constitución venezolana sirvió para dar forma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV con la que se cerraron medios y se persigue a periodistas, el artículo de la nueva Carta Magna ecuatoriana —que exige que la información debe ser “veraz, verificada, oportuna, contextualizada”— ofrece al presidente Rafael Correa la posibilidad de sancionar a todo aquel que se aparte de la verdad oficial.
Ante ese peligro, en República Dominicana se logró derribar la norma de “información veraz” que se incluía en la reforma constitucional, mientras que en Bolivia habrá que ver si Evo Morales, después de ganar las elecciones de diciembre, dictará leyes de control inspirándose en su Constitución, que ordena que la información sea “veraz y responsable”.
Valiéndose de las debilidades de alguna prensa éticamente cuestionable, y rechazando a la investigativa por sus denuncias sobre corrupción, Correa ha creado un clima de hostilidad y desprestigio contra todos los informadores, a los que alecciona con llamados públicos a la responsabilidad por ser “mentirosos, corruptos, desestabilizadores y enemigos de la revolución”. De esta forma, con la ficción creada, mandato constitucional y clima hostil, muchos desprevenidos compran la idea de que todos los males se resuelven maniatando a la prensa “perversa y ventajista que solo busca defender sus intereses”. En ese juego maquiavélico, Correa mandó redactar la Ley de Comunicación, instrumento que aparenta proteger al público, cuando en realidad servirá para blindar a su gobierno de las críticas.
La semana pasada, tras una visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa que expresó su criticismo en Quito, Correa calificó su propuesta legislativa como “proyecto estrella del Gobierno”. Junto con otros dos anteproyectos de la oposición, la ley, que podría sancionarse antes de fin de año, hace de la ética periodística un deber legal. Exige a los medios la adopción de códigos de ética y la contratación de un ombudsman, crea organismos cuasi judiciales que vigilarán la aplicación de los estándares éticos en la información y puede cerrar a medios que reiteren fallas informativas tan simples como la publicación de un titular desacertado y una foto grotesca, o tan complejas como la denuncia en contra de un funcionario corrupto.
Aunque Correa prometa que no habrá intromisión en los contenidos, dada la experiencia de gobernantes que pagan a seguidores para engrosar marchas políticas y urnas electorales, no es descabellado pensar que este gobierno o los futuros motivarán a batallones de gente para que denuncien fallas morales en los medios, causando autocensura, silencio y un declive considerable del periodismo investigativo. Además, la reglamentación de la ley tendrá que conciliar un código de ética universal, enajenando el derecho a una línea editorial propia e independiente, como estipulan los principios básicos de la libertad de prensa.
En aras de la igualdad, la nueva ley divide en 33% la propiedad y crea medios públicos, comunitarios y privados. Pero en un país donde el Gobierno ya controla el 70% de la televisión, después de expropiaciones a privados y donde no existe conciencia sobre el papel de los medios públicos, usados solo para hacer propaganda, no es difícil advertir que se busca consolidar una plataforma mediática gubernamental, monopolizar la verdad oficial y minimizar a la prensa privada e independiente. Esta ley miente, confunde, dice proteger a los ciudadanos de los abusos de los periodistas, cuando lo que busca es evitar que haya reflectores iluminando las acciones del Gobierno. Quiere silencio. Todos los ecuatorianos perderán.
EL COMERCIO
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