El Congreso de la República ha perdido la oportunidad para fortalecer la libertad de prensa en el Perú, al resistirse a clausurar una figura jurídica que en la práctica implica un menoscabo evidente de esta libertad: la penalización de los delitos contra el honor a través de un medio de comunicación. Cual espada de Damocles, permanece amenazante frente al libre derecho de opinar y de fiscalizar al poder. La libertad de prensa es el eje de las demás libertades democráticas. Su vigencia tiene relación directa con el carácter principista que todo gobierno –nacido de las urnas– debe cuidar al máximo. Porque, tarde o temprano, todo régimen que conculque esta libertad, aun cuando lo haga de manera subliminal y apelando a variados recursos, termina suprimiendo la otras libertades e instalando una modalidad de gobierno en apariencia democrática, pero que en el fondo se comporta como dictadura monda y lironda.
La penalización de los delitos contra el honor, así como la inclusión de los dueños de medios de prensa como terceros civilmente responsables en los procesos judiciales significa, en la práctica, un instrumento de presión contra el periodismo independiente. Esta mecanismo ha sido y es instrumento propio de los regimenes autoritarios y socialistoides de Latinoamérica, como los de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Cristina Kirchner en Argentina y Daniel Ortega en Nicaragua.
Por otro lado, la doctrina moderna en el tema sugiere, por razones morales, legales y políticas en el amplio y prístino sentido de la palabra, juzgar estos delitos en el ámbito civil, con lo cual queda claro que si una persona es difamada o calumniada tendrá una reparación, y el responsable será sancionado. No hay, pues, impunidad. Tampoco presunción de una influencia negativa de la prensa que pretendería ejercer control sobre la sociedad y el Estado. La prensa cumple su trabajo y honra su responsabilidad informando. Que esa información, objetiva y oportuna, colisione con el poder político, económico o de cualquier otra índole, es parte de la problemática con la que los medios deben lidiar todos los días, optando siempre por hacer lo que saben y deben hacer: informar.
Por ello, este archivamiento –realizado muy a la ligera por un Congreso que prefiere proteger a sus integrantes, antes que velar por la libertad de expresión– constituye un retroceso que debemos denunciar. El papel de la prensa en los últimos años demuestra cuán necesaria es la despenalización de los delitos contra el honor. Con su actuación valiente ha contribuido a la consolidación del sistema democrático. Con su fiscalización permanente ha dado una lucha sin tregua contra la corrupción. Con su información, producto de múltiples fuentes, ha velado y seguirá velando por el respeto de los derechos ciudadanos.
EXPRESO
La penalización de los delitos contra el honor, así como la inclusión de los dueños de medios de prensa como terceros civilmente responsables en los procesos judiciales significa, en la práctica, un instrumento de presión contra el periodismo independiente. Esta mecanismo ha sido y es instrumento propio de los regimenes autoritarios y socialistoides de Latinoamérica, como los de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Cristina Kirchner en Argentina y Daniel Ortega en Nicaragua.
Por otro lado, la doctrina moderna en el tema sugiere, por razones morales, legales y políticas en el amplio y prístino sentido de la palabra, juzgar estos delitos en el ámbito civil, con lo cual queda claro que si una persona es difamada o calumniada tendrá una reparación, y el responsable será sancionado. No hay, pues, impunidad. Tampoco presunción de una influencia negativa de la prensa que pretendería ejercer control sobre la sociedad y el Estado. La prensa cumple su trabajo y honra su responsabilidad informando. Que esa información, objetiva y oportuna, colisione con el poder político, económico o de cualquier otra índole, es parte de la problemática con la que los medios deben lidiar todos los días, optando siempre por hacer lo que saben y deben hacer: informar.
Por ello, este archivamiento –realizado muy a la ligera por un Congreso que prefiere proteger a sus integrantes, antes que velar por la libertad de expresión– constituye un retroceso que debemos denunciar. El papel de la prensa en los últimos años demuestra cuán necesaria es la despenalización de los delitos contra el honor. Con su actuación valiente ha contribuido a la consolidación del sistema democrático. Con su fiscalización permanente ha dado una lucha sin tregua contra la corrupción. Con su información, producto de múltiples fuentes, ha velado y seguirá velando por el respeto de los derechos ciudadanos.
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