Por Humberto Campodónico
Es increíble todo lo que está pasando en Paita. En el plano político, los ministros de Economía y de Transportes han protestado por el “tarifazo”. Pero, oiga, los ministros Carranza y Cornejo forman parte del Consejo Directivo de ProInversión (junto con Energía, Vivienda y Producción). Entonces, ¿Luis Carranza, presidente de ese Consejo Directivo, no sabe qué es lo que hace la directora ejecutiva que él nombró? Grave.
En el plano contractual, las quejas no cesan. Pero sucede que el aumento de los servicios regulados estaba incluido en el Anexo 5 del Contrato. El problema, entonces, es de origen: el monopolio puede aumentar tarifas desde el día 1 sin que haya realizado inversiones. Esto, a su vez, genera otros aumentos en los servicios no regulados y en las tarifas de las navieras. Grave.
La “gran zanahoria” de esta concesión-privatización es que el nuevo inversionista hará obras por US$ 127 millones (las más importantes: el dragado del puerto, el patio de contenedores, los rellenos, una grúa pórtico de muelle, dos grúas pórtico de patio, mejoramiento de suelos y el amarradero de 300 metros de largo). Pero cuando se revisa bien el contrato aparecen los conejos (1). Veamos.
En el acápite 6.11 del Contrato se dice que la Construcción de las Obras Mínimas “deberá iniciarse a más tardar a los 30 días, contados a partir del momento en que se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones”. ¿Cuáles son esas? La primera es que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) designe al Supervisor del Expediente Técnico. Para eso tiene un plazo de cuatro meses.
Después de nombrado el Supervisor, TPE tiene que entregar el Expediente Técnico en un plazo de 10 meses (Cláusula 6.3). Luego, la APN tiene 2 meses de plazo para aprobarlo y TPE tiene 30 días para responder a las observaciones, las cuales serán contestadas por la APN en un plazo de 30 días. Ojo que ya van 19 meses.
Solo después viene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que deberá ser presentado por TPE a la Autoridad Ambiental Competente (Cláusula 12.8) en un plazo de dos meses, previéndose una prórroga de un mes adicional. Luego, la Autoridad Ambiental tiene un mes para contestar.
Hasta aquí ya transcurrieron 22 meses sin que comience la inversión, plazo que seguramente se ampliará a pedido de las partes aduciendo “problemas”. La cuestión es que, mientras tanto, TPE estará “haciendo caja” con los S/. 12 millones anuales de utilidades de Paita, que van a aumentar por el “tarifazo”.
No solo eso. El contrato prevé Ingresos Mínimos Anuales Garantizados (IMAG) para TPE (Cláusula 10.1.2) por un total de US$ 330 millones para las Etapas 1 y 2 (ver cuadro con todos los ingresos anuales en “Privatización de Paita, así cualquiera”, www.cristaldemira.com, 21/03/09), los cuales salen “sí o sí” del Presupuesto de la República, aun cuando los ingresos efectivos de TPE sean menores. En otras palabras, TPE está blindada de cualquier riesgo.
La cuestión es que ese contrato es “inmejorable” porque no se le puede mejorar, ya que la Cláusula 8.23 dice: “Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo de duración del Contrato el equilibrio económico-financiero de este”. Esto quiere decir que si, digamos, se quiere rebajar el “tarifazo”, TPE exigirá que se le compense con alguna otra medida para restablecer el equilibrio económico-financiero.
El contrato debe derogarse porque crea un monopolio privado, porque no habrá inversión fresca (TPE hará caja con las utilidades actuales) y porque se lesiona la competitividad de los exportadores piuranos y tumbesinos. Lamentablemente, apostamos doble contra sencillo que eso no lo hará este gobierno (sus ministros quejones no asumen su responsabilidad), por lo que la tarea queda pendiente.
LA REPUBLICA
Es increíble todo lo que está pasando en Paita. En el plano político, los ministros de Economía y de Transportes han protestado por el “tarifazo”. Pero, oiga, los ministros Carranza y Cornejo forman parte del Consejo Directivo de ProInversión (junto con Energía, Vivienda y Producción). Entonces, ¿Luis Carranza, presidente de ese Consejo Directivo, no sabe qué es lo que hace la directora ejecutiva que él nombró? Grave.
En el plano contractual, las quejas no cesan. Pero sucede que el aumento de los servicios regulados estaba incluido en el Anexo 5 del Contrato. El problema, entonces, es de origen: el monopolio puede aumentar tarifas desde el día 1 sin que haya realizado inversiones. Esto, a su vez, genera otros aumentos en los servicios no regulados y en las tarifas de las navieras. Grave.
La “gran zanahoria” de esta concesión-privatización es que el nuevo inversionista hará obras por US$ 127 millones (las más importantes: el dragado del puerto, el patio de contenedores, los rellenos, una grúa pórtico de muelle, dos grúas pórtico de patio, mejoramiento de suelos y el amarradero de 300 metros de largo). Pero cuando se revisa bien el contrato aparecen los conejos (1). Veamos.
En el acápite 6.11 del Contrato se dice que la Construcción de las Obras Mínimas “deberá iniciarse a más tardar a los 30 días, contados a partir del momento en que se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones”. ¿Cuáles son esas? La primera es que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) designe al Supervisor del Expediente Técnico. Para eso tiene un plazo de cuatro meses.
Después de nombrado el Supervisor, TPE tiene que entregar el Expediente Técnico en un plazo de 10 meses (Cláusula 6.3). Luego, la APN tiene 2 meses de plazo para aprobarlo y TPE tiene 30 días para responder a las observaciones, las cuales serán contestadas por la APN en un plazo de 30 días. Ojo que ya van 19 meses.
Solo después viene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que deberá ser presentado por TPE a la Autoridad Ambiental Competente (Cláusula 12.8) en un plazo de dos meses, previéndose una prórroga de un mes adicional. Luego, la Autoridad Ambiental tiene un mes para contestar.
Hasta aquí ya transcurrieron 22 meses sin que comience la inversión, plazo que seguramente se ampliará a pedido de las partes aduciendo “problemas”. La cuestión es que, mientras tanto, TPE estará “haciendo caja” con los S/. 12 millones anuales de utilidades de Paita, que van a aumentar por el “tarifazo”.
No solo eso. El contrato prevé Ingresos Mínimos Anuales Garantizados (IMAG) para TPE (Cláusula 10.1.2) por un total de US$ 330 millones para las Etapas 1 y 2 (ver cuadro con todos los ingresos anuales en “Privatización de Paita, así cualquiera”, www.cristaldemira.com, 21/03/09), los cuales salen “sí o sí” del Presupuesto de la República, aun cuando los ingresos efectivos de TPE sean menores. En otras palabras, TPE está blindada de cualquier riesgo.
La cuestión es que ese contrato es “inmejorable” porque no se le puede mejorar, ya que la Cláusula 8.23 dice: “Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo de duración del Contrato el equilibrio económico-financiero de este”. Esto quiere decir que si, digamos, se quiere rebajar el “tarifazo”, TPE exigirá que se le compense con alguna otra medida para restablecer el equilibrio económico-financiero.
El contrato debe derogarse porque crea un monopolio privado, porque no habrá inversión fresca (TPE hará caja con las utilidades actuales) y porque se lesiona la competitividad de los exportadores piuranos y tumbesinos. Lamentablemente, apostamos doble contra sencillo que eso no lo hará este gobierno (sus ministros quejones no asumen su responsabilidad), por lo que la tarea queda pendiente.
LA REPUBLICA
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