El escandaloso caso de una funcionaria pública detenida por la Policía tras provocar un accidente de tránsito en flagrante estado de ebriedad –con el agravante que la emprendió contra los custodios del orden– merece honda reflexión.
Los hechos, filmados y difundidos por la televisión, indignan y consternan, pues se trata de una grosera exhibición de irrespeto y resistencia a la autoridad por parte de una funcionaria del Estado llamada a dar ejemplo de probidad y correcta conducta.
Ha hecho muy bien el Poder Judicial en despedirla. La denuncia e investigaciones en curso precisarán el grado de responsabilidad –civil y/o penal– y las sanciones respectivas. Pero las imágenes divulgadas no se podrán borrar de la retina de millones de ciudadanos. Incluso de jóvenes y niños que vieron el deplorable incidente y que, como es lógico, demandan investigación y sanción ejemplarizadora.
Los poderes del Estado están al servicio del público. Cualquier ciudadano tiene derecho a exigir que el servidor público se comporte con cortesía, eficiencia y dedicación pues él está para servirlo. Para ello recibe un sueldo de los contribuyentes. Escándalos como el que comentamos infieren tremendo daño al Estado. En este caso al Poder Judicial. Porque la población asocia ese comportamiento punible a la mala calidad del servicio estatal. Es decir, identifica como tal al burócrata contratado con dinero de los impuestos, y denuesta a quienes, gracias a los mañosos de siempre, hacen lo que les viene en gana amparados en una mal entendida impunidad. Luchar contra ello, transmitiendo el mensaje claro que todo servidor público es igual ante la ley, es lo apropiado.
Hacemos un llamado a los funcionarios públicos, empezando desde los más altos niveles, para que sepan conducirse en su vida privada con corrección y decencia. Porque cualquier escándalo o inconducta en la que incurran repercute en la imagen del sector o de la institución a la que representan. Todo esfuerzo por mejorar las cosas en los planos organizativos o funcionales del Estado puede venirse abajo por escándalos como éste. La población es muy sensible a las señales personales y al desencanto y frustración que a veces identifica al aparato estatal, alimentado en gran medida por la falta de ética y de escrúpulos de los funcionarios estatales, tanto más grave cuanto mayor sea la jerarquía del servidor involucrado.
Que caiga todo el peso de la ley sobre quien la viola, y con ello convierte su conducta en espectáculo denigrante para la colectividad. Y que toda la capacidad de motivación laboral y funcional del Poder Judicial –y del sector público en general– se vuelque sobre la burocracia para hacerle ver lo importante que es su actuación pública y privada en todos los aspectos. No es justo que un mal servidor empañe la labor de muchos quienes, desde el anonimato, hacen su trabajo con corrección y ética
EXPRESO
Los hechos, filmados y difundidos por la televisión, indignan y consternan, pues se trata de una grosera exhibición de irrespeto y resistencia a la autoridad por parte de una funcionaria del Estado llamada a dar ejemplo de probidad y correcta conducta.
Ha hecho muy bien el Poder Judicial en despedirla. La denuncia e investigaciones en curso precisarán el grado de responsabilidad –civil y/o penal– y las sanciones respectivas. Pero las imágenes divulgadas no se podrán borrar de la retina de millones de ciudadanos. Incluso de jóvenes y niños que vieron el deplorable incidente y que, como es lógico, demandan investigación y sanción ejemplarizadora.
Los poderes del Estado están al servicio del público. Cualquier ciudadano tiene derecho a exigir que el servidor público se comporte con cortesía, eficiencia y dedicación pues él está para servirlo. Para ello recibe un sueldo de los contribuyentes. Escándalos como el que comentamos infieren tremendo daño al Estado. En este caso al Poder Judicial. Porque la población asocia ese comportamiento punible a la mala calidad del servicio estatal. Es decir, identifica como tal al burócrata contratado con dinero de los impuestos, y denuesta a quienes, gracias a los mañosos de siempre, hacen lo que les viene en gana amparados en una mal entendida impunidad. Luchar contra ello, transmitiendo el mensaje claro que todo servidor público es igual ante la ley, es lo apropiado.
Hacemos un llamado a los funcionarios públicos, empezando desde los más altos niveles, para que sepan conducirse en su vida privada con corrección y decencia. Porque cualquier escándalo o inconducta en la que incurran repercute en la imagen del sector o de la institución a la que representan. Todo esfuerzo por mejorar las cosas en los planos organizativos o funcionales del Estado puede venirse abajo por escándalos como éste. La población es muy sensible a las señales personales y al desencanto y frustración que a veces identifica al aparato estatal, alimentado en gran medida por la falta de ética y de escrúpulos de los funcionarios estatales, tanto más grave cuanto mayor sea la jerarquía del servidor involucrado.
Que caiga todo el peso de la ley sobre quien la viola, y con ello convierte su conducta en espectáculo denigrante para la colectividad. Y que toda la capacidad de motivación laboral y funcional del Poder Judicial –y del sector público en general– se vuelque sobre la burocracia para hacerle ver lo importante que es su actuación pública y privada en todos los aspectos. No es justo que un mal servidor empañe la labor de muchos quienes, desde el anonimato, hacen su trabajo con corrección y ética
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