Una nueva ley de medios rige en Argentina . Y echa sombra sobre el panorama -ya oscurecido- de la libertad de prensa en la región, debilitada por los constantes atropellos de gobiernos de corte autoritario y socialista,
para los cuales una prensa libre es peor de los obstáculos en su perspectiva depredadora de la democracia. Primero Venezuela, luego Ecuador y Bolivia y ahora Argentina ensayan mecanismos que amedrentar y controlan a los medios de comunicación. Los cuatro casos han estado precedidos de intensas campañas de hostigamiento gubernamental contra el periodismo que, como es su deber, acoge las denuncias de ls opinión pública contra la jerarquía política socielistoide. El libreto es siempre el mismo: pseudo movilizaciones populares manipuladas, intervenciones de los organismos tributarios digitadas desde el poder, licencias otorgadas y quitadas maliciosamente, entre otros actos.
El Perú no es ajeno a esta batalla, porque la libertad de prensa siempre incomoda al poder político. Además, las mismas fuerzas ideológicas y políticas que son gobierno en los países que intentan someter a los medios, operan aquí amparadas en el sistema democrático al que juran lealtad ahora, pero al que intentarán liquidar si llegan al poder porque es un tema esencialmente opuesto a sus intereses totalitarios y hegemónicos. Cierto es que aquí impera una irrestricta libertad de prensa, un indudable mérito gubernamental. Pero también se escuchan voces que intentan coartar dicha libertad, como aquel proyecto, felizmente encarpetado, de hacer terceros civilmente responsables a los medios en las querellas por difamación. Todo bajo el paraguas de penalizar los delitos de opinión, contra la cual se han pronunciado categóricamente expertos, magistrados y líderes de opinión. Dejar estos delitos en el ámbito de la justicia civil es lo que se espera en una democracia participativa.
No sólo el criterio de connotados políticos y demócratas, sino, principalmente, la experiencia de los pueblos señala que la medida de la vocación democrática de un gobierno es su respeto a la libertad de prensa. Si la atropella, ya sabemos a qué atenernos, y allí está la realidad para comprobarlo. La libertad de prensa ha demostrado ser el eje de las demás libertades, cuyas violaciones sólo podrán ser conocidas y denunciadas si existe prensa libre dispuesta a dar la batalla.
A la solidaridad con los medios argentinos -víctimas de la persecución política- debemos sumar la difusión de lo que allí acontece, y nuestra permanente alerta para que no nos sorprenda acción encubierta alguna de grupos radicalizados –afines al mandatario Hugo Chávez, el depredador de las libertades en la región-, ni de aquellos que, desde el poder, olvidan que la prensa es el gran aliado de la democracia
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para los cuales una prensa libre es peor de los obstáculos en su perspectiva depredadora de la democracia. Primero Venezuela, luego Ecuador y Bolivia y ahora Argentina ensayan mecanismos que amedrentar y controlan a los medios de comunicación. Los cuatro casos han estado precedidos de intensas campañas de hostigamiento gubernamental contra el periodismo que, como es su deber, acoge las denuncias de ls opinión pública contra la jerarquía política socielistoide. El libreto es siempre el mismo: pseudo movilizaciones populares manipuladas, intervenciones de los organismos tributarios digitadas desde el poder, licencias otorgadas y quitadas maliciosamente, entre otros actos.
El Perú no es ajeno a esta batalla, porque la libertad de prensa siempre incomoda al poder político. Además, las mismas fuerzas ideológicas y políticas que son gobierno en los países que intentan someter a los medios, operan aquí amparadas en el sistema democrático al que juran lealtad ahora, pero al que intentarán liquidar si llegan al poder porque es un tema esencialmente opuesto a sus intereses totalitarios y hegemónicos. Cierto es que aquí impera una irrestricta libertad de prensa, un indudable mérito gubernamental. Pero también se escuchan voces que intentan coartar dicha libertad, como aquel proyecto, felizmente encarpetado, de hacer terceros civilmente responsables a los medios en las querellas por difamación. Todo bajo el paraguas de penalizar los delitos de opinión, contra la cual se han pronunciado categóricamente expertos, magistrados y líderes de opinión. Dejar estos delitos en el ámbito de la justicia civil es lo que se espera en una democracia participativa.
No sólo el criterio de connotados políticos y demócratas, sino, principalmente, la experiencia de los pueblos señala que la medida de la vocación democrática de un gobierno es su respeto a la libertad de prensa. Si la atropella, ya sabemos a qué atenernos, y allí está la realidad para comprobarlo. La libertad de prensa ha demostrado ser el eje de las demás libertades, cuyas violaciones sólo podrán ser conocidas y denunciadas si existe prensa libre dispuesta a dar la batalla.
A la solidaridad con los medios argentinos -víctimas de la persecución política- debemos sumar la difusión de lo que allí acontece, y nuestra permanente alerta para que no nos sorprenda acción encubierta alguna de grupos radicalizados –afines al mandatario Hugo Chávez, el depredador de las libertades en la región-, ni de aquellos que, desde el poder, olvidan que la prensa es el gran aliado de la democracia
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