La propuesta en el Congreso sobre la despenalización del aborto cuando se trate de casos de violación o de grave malformación, para sumarse al aborto terapéutico cuando la vida de la gestante está en riesgo, viene generando, como era de esperarse, un debate acalorado.
Si la discusión se centrara únicamente en la efectividad de las políticas públicas, en el caso del aborto estas, claramente, han fracasado. En nuestro país, anualmente se practican casi 400 mil abortos clandestinos en condiciones que pueden ser deplorables con un altísimo riesgo para las mujeres intervenidas. El Estado peruano es totalmente incapaz de controlar esas prácticas por lo que, al penalizar los abortos en casos donde existen causales que podrían justificarlos –y, por lo tanto, podrían realizarse en instituciones públicas o privadas adecuadas–, lo único que se está logrando es fomentar un mayor mercado para operaciones ilegales.
Pero es en el terreno de la conciencia y del dogma que el debate se torna apasionado. En este caso, yo me pongo en el lugar de un padre cuya hija ha sido violada o que tiene un embarazo altamente problemático; en ambas circunstancias, el resultado puede ser tan traumático que, en la práctica, la vida de mi hija puede quedar literalmente destruida. ¿Cómo explicarle que no tiene derecho a su propia vida? ¿Cómo justificar el que no tenga derecho a la libertad de elección y que el Estado peruano haya decidido por ella de antemano?
No tengo la menor duda de que si esa dramática situación se da en el seno de una familia católica y la mujer decide voluntariamente seguir con el embarazo, su fe y la de los suyos alrededor la van a ayudar a afrontar la situación. Sin embargo, si la mujer en cuestión no tiene la voluntad o la creencia, entonces me pregunto: ¿qué derecho tiene el Estado de imponérsela?
Lo que diferencia a las sociedades que han logrado bienestar para sus habitantes de aquellas que han fracasado es el total respeto al derecho que tienen los ciudadanos a la libertad en el sentido más amplio. Libertad de elección, de iniciativa, de expresión, de culto, de creación. Negarle a la mitad de la población peruana el derecho a la libertad de tomar su propia decisión, en circunstancias tan personales y traumáticas como una violación o una grave malformación, sería dar un paso atrás en el camino a convertirnos algún día en una moderna nación.
PERU 21
Si la discusión se centrara únicamente en la efectividad de las políticas públicas, en el caso del aborto estas, claramente, han fracasado. En nuestro país, anualmente se practican casi 400 mil abortos clandestinos en condiciones que pueden ser deplorables con un altísimo riesgo para las mujeres intervenidas. El Estado peruano es totalmente incapaz de controlar esas prácticas por lo que, al penalizar los abortos en casos donde existen causales que podrían justificarlos –y, por lo tanto, podrían realizarse en instituciones públicas o privadas adecuadas–, lo único que se está logrando es fomentar un mayor mercado para operaciones ilegales.
Pero es en el terreno de la conciencia y del dogma que el debate se torna apasionado. En este caso, yo me pongo en el lugar de un padre cuya hija ha sido violada o que tiene un embarazo altamente problemático; en ambas circunstancias, el resultado puede ser tan traumático que, en la práctica, la vida de mi hija puede quedar literalmente destruida. ¿Cómo explicarle que no tiene derecho a su propia vida? ¿Cómo justificar el que no tenga derecho a la libertad de elección y que el Estado peruano haya decidido por ella de antemano?
No tengo la menor duda de que si esa dramática situación se da en el seno de una familia católica y la mujer decide voluntariamente seguir con el embarazo, su fe y la de los suyos alrededor la van a ayudar a afrontar la situación. Sin embargo, si la mujer en cuestión no tiene la voluntad o la creencia, entonces me pregunto: ¿qué derecho tiene el Estado de imponérsela?
Lo que diferencia a las sociedades que han logrado bienestar para sus habitantes de aquellas que han fracasado es el total respeto al derecho que tienen los ciudadanos a la libertad en el sentido más amplio. Libertad de elección, de iniciativa, de expresión, de culto, de creación. Negarle a la mitad de la población peruana el derecho a la libertad de tomar su propia decisión, en circunstancias tan personales y traumáticas como una violación o una grave malformación, sería dar un paso atrás en el camino a convertirnos algún día en una moderna nación.
PERU 21
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