Desde hace años, la isla San Lorenzo forma parte de ambiciosos proyectos de ingeniería que, de concretarse, podrían dar un uso a este bien público que, como tal, pertenece a todos los peruanos. El último proyecto propuesto por el Gobierno consiste en la construcción de un complejo inmobiliario (habitacional, comercial y turístico) que, sin embargo, ha generado explicables suspicacias y críticas.
Y es que esta iniciativa, sin ser necesariamente negativa sobre todo desde el punto de vista de la inversión que el país necesita, no ha sido consultada con las partes involucradas, entre las que se encuentran el Ministerio de Defensa, autoridades locales y regionales, entidades defensoras del ambiente y vecinos chalacos.
Como en el caso del fallido proyecto que pretendía levantar un conjunto habitacional en las instalaciones del aeródromo de Collique, en esta ocasión tampoco hubo diálogo, pese a que el proyecto gubernamental —en manos de Pro Inversión— cambia el plan inicial de construir en la isla un puerto, más moderno que el del Callao y el de Mejillones, que está construyendo Chile.
Solo la falta de un debate técnico explica el rechazo que ha generado esta medida que, a diferencia de otras, no se difundió adecuadamente, no obstante lo confuso de sus alcances.
En primer lugar, como han sustentado juristas, debe explicarse cuál es la naturaleza jurídica de la isla San Lorenzo, al amparo de la Constitución, la Ley de Recursos Hídricos y las normas que regula la Superintendencia de Bienes Nacionales. El país tiene derecho a conocer las razones por las cuales este bien de dominio público e inalienable ha pasado a convertirse en un inmueble que será concedido a terceros para su usufructo comercial.
Resulta preocupante la incongruencia de Pro Inversión de tratar la isla como un bien inmueble, cuando es un espacio que forma parte del territorio nacional, que tiene protección legal y constitucional. Debe darse a conocer la posición del Ministerio de Defensa, bajo cuya jurisdicción se halla la isla considerada hasta hace muy poco un bien estratégico. Es más, algunos sectores postulaban levantar allí la gran base naval que el país no tiene. Asimismo, dentro de la política exterior peruana y la integración con los países del APEC, el nuestro se proyecta como líder frente al sudeste asiático, de manera que la isla puede convertirse en un megapuerto o centro aeroportuario del Pacífico, interconectado a la red de carreteras de integración de la infraestructura regional sudamericana (IIRSA), de amplia conexión con el Atlántico.
De otro lado, algunas autoridades municipales chalacas han destacado los perjuicios que se estima podría causar el nuevo proyecto en el ecosistema. Para el alcalde de La Punta, en principio, el complejo proyectado atentará contra la conservación de más de 250 especies de fauna y flora, y alterará condiciones geográficas y climáticas frente a la ocurrencia de fenómenos como los tsunamis. Son muchas, pues, las explicaciones pendientes.
Nadie puede oponerse a la inversión como concepto, pero en esta situación las cosas son diferentes. Lo que está en juego es la defensa nacional, el equilibrio medioambiental y la tranquilidad de una comunidad, en este caso el distrito de La Punta. Por eso, ante todo, tienen que predominar decisiones orientadas a salvaguardar el interés público y nacional.
EL COMERCIO
Y es que esta iniciativa, sin ser necesariamente negativa sobre todo desde el punto de vista de la inversión que el país necesita, no ha sido consultada con las partes involucradas, entre las que se encuentran el Ministerio de Defensa, autoridades locales y regionales, entidades defensoras del ambiente y vecinos chalacos.
Como en el caso del fallido proyecto que pretendía levantar un conjunto habitacional en las instalaciones del aeródromo de Collique, en esta ocasión tampoco hubo diálogo, pese a que el proyecto gubernamental —en manos de Pro Inversión— cambia el plan inicial de construir en la isla un puerto, más moderno que el del Callao y el de Mejillones, que está construyendo Chile.
Solo la falta de un debate técnico explica el rechazo que ha generado esta medida que, a diferencia de otras, no se difundió adecuadamente, no obstante lo confuso de sus alcances.
En primer lugar, como han sustentado juristas, debe explicarse cuál es la naturaleza jurídica de la isla San Lorenzo, al amparo de la Constitución, la Ley de Recursos Hídricos y las normas que regula la Superintendencia de Bienes Nacionales. El país tiene derecho a conocer las razones por las cuales este bien de dominio público e inalienable ha pasado a convertirse en un inmueble que será concedido a terceros para su usufructo comercial.
Resulta preocupante la incongruencia de Pro Inversión de tratar la isla como un bien inmueble, cuando es un espacio que forma parte del territorio nacional, que tiene protección legal y constitucional. Debe darse a conocer la posición del Ministerio de Defensa, bajo cuya jurisdicción se halla la isla considerada hasta hace muy poco un bien estratégico. Es más, algunos sectores postulaban levantar allí la gran base naval que el país no tiene. Asimismo, dentro de la política exterior peruana y la integración con los países del APEC, el nuestro se proyecta como líder frente al sudeste asiático, de manera que la isla puede convertirse en un megapuerto o centro aeroportuario del Pacífico, interconectado a la red de carreteras de integración de la infraestructura regional sudamericana (IIRSA), de amplia conexión con el Atlántico.
De otro lado, algunas autoridades municipales chalacas han destacado los perjuicios que se estima podría causar el nuevo proyecto en el ecosistema. Para el alcalde de La Punta, en principio, el complejo proyectado atentará contra la conservación de más de 250 especies de fauna y flora, y alterará condiciones geográficas y climáticas frente a la ocurrencia de fenómenos como los tsunamis. Son muchas, pues, las explicaciones pendientes.
Nadie puede oponerse a la inversión como concepto, pero en esta situación las cosas son diferentes. Lo que está en juego es la defensa nacional, el equilibrio medioambiental y la tranquilidad de una comunidad, en este caso el distrito de La Punta. Por eso, ante todo, tienen que predominar decisiones orientadas a salvaguardar el interés público y nacional.
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