Por: Beatriz Boza
Mediante decreto de urgencia publicado el domingo pasado, el Gobierno se ha propuesto impulsar los núcleos ejecutores, una medida que busca efectivizar el gasto público en momentos en los que debido a la fragilidad de la economía mundial se requiere impulsar un mayor y mejor gasto en el ámbito nacional. Basta que por lo menos 100 residentes de “una determinada localidad rural o urbana en condición de pobreza” se organicen ante notario público o juez de paz para que puedan solicitar al gobierno regional o municipal ejecutar ellos mismos una obra pública de hasta S/.355 mil. Los recursos saldrán del presupuesto respectivo. Se ha puesto un techo de hasta 6% del saldo de los recursos previstos para proyectos de inversión pública, que según el Ejecutivo podría llegar a S/.4.500 millones.
La norma establece que los núcleos ejecutores serán de carácter temporal y que tienen “capacidad jurídica para realizar todas las acciones necesarias previas y durante la ejecución de la obra e intervenir en procedimientos administrativos y procesos judiciales, rigiéndose por las normas del ámbito del sector privado”. Básicamente, manejarán recursos sin las formalidades de control del sector público. ¿Cómo deja eso a las propias autoridades en el ámbito local?
Los núcleos ejecutores no son nuevos. Tenemos una larga trayectoria al respecto y existen en el país diversas organizaciones sociales de base que colaboran en la ejecución de los presupuestos públicos. Así, por ejemplo, tenemos más de 103 mil organizaciones inscritas en los registros municipales, entre las que destacan más de 65 mil comités de vaso de leche, 15 mil comedores populares, más de 11 mil clubes de madres, 6 mil wawa wasis, mil clubes del adulto mayor, mil organizaciones juveniles, entre otros. Existen rondas campesinas, comités de autodefensa, comités de gestión local y organizaciones de licenciados de las FF.AA. y Policiales. ¿Significa esto que un ex militar puede formar núcleos ejecutores con sus reservistas o que un sacerdote que ingresa a la política puede hacerlo con sus feligreses? Parecería que nada lo impediría. ¿Era necesario crear una nueva forma para gastar? ¿Es solo para obras ya priorizadas en el presupuesto participativo o también para nuevas? ¿Tendrán además voz en el siguiente presupuesto participativo, es decir, podrán estos núcleos ejecutores priorizar las obras que ellos deseen llevar a cabo?
EL COMERCIO
Mediante decreto de urgencia publicado el domingo pasado, el Gobierno se ha propuesto impulsar los núcleos ejecutores, una medida que busca efectivizar el gasto público en momentos en los que debido a la fragilidad de la economía mundial se requiere impulsar un mayor y mejor gasto en el ámbito nacional. Basta que por lo menos 100 residentes de “una determinada localidad rural o urbana en condición de pobreza” se organicen ante notario público o juez de paz para que puedan solicitar al gobierno regional o municipal ejecutar ellos mismos una obra pública de hasta S/.355 mil. Los recursos saldrán del presupuesto respectivo. Se ha puesto un techo de hasta 6% del saldo de los recursos previstos para proyectos de inversión pública, que según el Ejecutivo podría llegar a S/.4.500 millones.
La norma establece que los núcleos ejecutores serán de carácter temporal y que tienen “capacidad jurídica para realizar todas las acciones necesarias previas y durante la ejecución de la obra e intervenir en procedimientos administrativos y procesos judiciales, rigiéndose por las normas del ámbito del sector privado”. Básicamente, manejarán recursos sin las formalidades de control del sector público. ¿Cómo deja eso a las propias autoridades en el ámbito local?
Los núcleos ejecutores no son nuevos. Tenemos una larga trayectoria al respecto y existen en el país diversas organizaciones sociales de base que colaboran en la ejecución de los presupuestos públicos. Así, por ejemplo, tenemos más de 103 mil organizaciones inscritas en los registros municipales, entre las que destacan más de 65 mil comités de vaso de leche, 15 mil comedores populares, más de 11 mil clubes de madres, 6 mil wawa wasis, mil clubes del adulto mayor, mil organizaciones juveniles, entre otros. Existen rondas campesinas, comités de autodefensa, comités de gestión local y organizaciones de licenciados de las FF.AA. y Policiales. ¿Significa esto que un ex militar puede formar núcleos ejecutores con sus reservistas o que un sacerdote que ingresa a la política puede hacerlo con sus feligreses? Parecería que nada lo impediría. ¿Era necesario crear una nueva forma para gastar? ¿Es solo para obras ya priorizadas en el presupuesto participativo o también para nuevas? ¿Tendrán además voz en el siguiente presupuesto participativo, es decir, podrán estos núcleos ejecutores priorizar las obras que ellos deseen llevar a cabo?
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