Parece que todavía no se toma conciencia en el país sobre la urgencia de cuidar el ambiente y luchar contra la contaminación. Pero mientras se llegue a alcanzar este derrotero tan ansiado –compromisos internacionales con APEA, el Banco Mundial, la ONU, etc. nos obligan además a cumplirlo–, surgen tareas inmediatas ante hechos peligrosos que atentan contra la vida de las personas.
Si bien Petroperú vino haciendo esfuerzos para reducir las partículas de azufre de los combustibles (ppm), en especial del diésel 2, hoy, al igual que sus homólogas privadas, incumple los objetivos dispuestos por el D.S.012-2005-PCM.
La verdad es que en el campo del refine del crudo (sobre todo en caso de las refinerías privadas) no se han concretado inversiones ni cumplido compromisos para instalar plantas de sulfurización, resultando al final perjudicados debido a esta omisión los transportistas pero, sobre todo, los sufridos habitantes de nuestro país, que tienen que inhalar gases tóxicos todos los días, con consecuencias fatales para personas con asma, bronquitis crónica o cáncer pulmonar. Más de 4,500 muertes se generan anualmente, sin contar el cáncer de piel u otras complicaciones relacionadas a la contaminación con monóxido de carbono, ácido sulfúrico, dióxido de azufre o a las partículas de plomo en el ambiente. Así, señores, ¿qué calidad de vida puede garantizarle el Estado a la población de todo el país?
El problema es tranversal porque abarca a sectores del Gobierno Nacional como Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Salud y al Ministerio del Ambiente (que hasta ahora permanece pintado en la pared). Si bien la acción correctiva debería de ser de todos los involucrados, incluyendo al sector privado, algunos interpretan equivocadamente esto como que la responsabilidad es de nadie. No obstante alguien tiene que liderar una campaña para que se cumplan los estándares internacionales en materia de combustibles y se reduzcan sus efectos nocivos en el ser humano. Y en esto, por lo menos hasta ahora, el Ministerio del Ambiente amanece solamente pensando en los bosques que están a miles de kilómetros de Lima, cuando en la capital miles de personas agonizan en su lecho de dolor, sufriendo en carne propia el daño irreversible de los combustibles asesinos. Por si el Ministerio del Ambiente no lo sabe, Lima ya se ha convertido en la ciudad más contaminada de América Latina, superando inclusive a México D.F. y Santiago de Chile.
Asimismo, el sector Salud no debe callarse ante tantas familias pobres –solo para citar el caso de la capital– que gastan al año alrededor de U.S.$ 4 millones en hospitalizaciones por problemas relacionados con el smog, humo tóxico generado principalmente por el parque automotor. Al mismo tiempo resulta deplorable la actitud de portafolios como Energía y Minas, y Transportes y Comunicaciones, que no se preocupan de respetar las leyes del Congreso ni los decretos supremos que formalizan un “cronograma de retiro de azufre” en el diésel, que necesita reducirse a 50 ppm para enero del 2010. Y este objetivo tiene que cumplirse, señores del Ejecutivo. Es criminal que 29 millones habitantes del Perú tengan que seguir padeciendo los efectos letales de combustibles que pasan los 4000 ppm, hecho extremadamente nocivo para la salud de cualquier persona. Estamos pues ante un caos mayúsculo en el cual hay muchos responsables a los que se debe que emplazar.
EXPRESO
Si bien Petroperú vino haciendo esfuerzos para reducir las partículas de azufre de los combustibles (ppm), en especial del diésel 2, hoy, al igual que sus homólogas privadas, incumple los objetivos dispuestos por el D.S.012-2005-PCM.
La verdad es que en el campo del refine del crudo (sobre todo en caso de las refinerías privadas) no se han concretado inversiones ni cumplido compromisos para instalar plantas de sulfurización, resultando al final perjudicados debido a esta omisión los transportistas pero, sobre todo, los sufridos habitantes de nuestro país, que tienen que inhalar gases tóxicos todos los días, con consecuencias fatales para personas con asma, bronquitis crónica o cáncer pulmonar. Más de 4,500 muertes se generan anualmente, sin contar el cáncer de piel u otras complicaciones relacionadas a la contaminación con monóxido de carbono, ácido sulfúrico, dióxido de azufre o a las partículas de plomo en el ambiente. Así, señores, ¿qué calidad de vida puede garantizarle el Estado a la población de todo el país?
El problema es tranversal porque abarca a sectores del Gobierno Nacional como Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Salud y al Ministerio del Ambiente (que hasta ahora permanece pintado en la pared). Si bien la acción correctiva debería de ser de todos los involucrados, incluyendo al sector privado, algunos interpretan equivocadamente esto como que la responsabilidad es de nadie. No obstante alguien tiene que liderar una campaña para que se cumplan los estándares internacionales en materia de combustibles y se reduzcan sus efectos nocivos en el ser humano. Y en esto, por lo menos hasta ahora, el Ministerio del Ambiente amanece solamente pensando en los bosques que están a miles de kilómetros de Lima, cuando en la capital miles de personas agonizan en su lecho de dolor, sufriendo en carne propia el daño irreversible de los combustibles asesinos. Por si el Ministerio del Ambiente no lo sabe, Lima ya se ha convertido en la ciudad más contaminada de América Latina, superando inclusive a México D.F. y Santiago de Chile.
Asimismo, el sector Salud no debe callarse ante tantas familias pobres –solo para citar el caso de la capital– que gastan al año alrededor de U.S.$ 4 millones en hospitalizaciones por problemas relacionados con el smog, humo tóxico generado principalmente por el parque automotor. Al mismo tiempo resulta deplorable la actitud de portafolios como Energía y Minas, y Transportes y Comunicaciones, que no se preocupan de respetar las leyes del Congreso ni los decretos supremos que formalizan un “cronograma de retiro de azufre” en el diésel, que necesita reducirse a 50 ppm para enero del 2010. Y este objetivo tiene que cumplirse, señores del Ejecutivo. Es criminal que 29 millones habitantes del Perú tengan que seguir padeciendo los efectos letales de combustibles que pasan los 4000 ppm, hecho extremadamente nocivo para la salud de cualquier persona. Estamos pues ante un caos mayúsculo en el cual hay muchos responsables a los que se debe que emplazar.
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