Han pasado más de cien días y el Caso Bagua sigue sin resolverse. Después de los trágicos sucesos producidos en esa ciudad el 5 de junio pasado, resulta clamoroso que aún no se hayan resuelto los problemas de fondo que generaron la muerte de 34 personas.
La constitución de comisiones propuestas por el Gobierno es, sin duda, bienvenida. La dificultad radica en que se conviertan en meras instancias que no cumplan con arribar a soluciones efectivas, sancionar a los culpables de las muertes que siguen impunes, dialogar con las comunidades amazónicas e impedir que tragedias similares se repitan, en un país donde los conflictos sociales se han triplicado en los últimos años.
Desde lo político, el Congreso ha constituido un grupo de trabajo que tiene el encargo de determinar responsabilidades y formular recomendaciones en un plazo de 120 días, es decir, recién en enero del 2010. Por eso, resulta urgente que la otra comisión constituida por el Ejecutivo e integrada por diversas personalidades (Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua) sea más expedita. Según el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, se buscará despolitizar y dar un tratamiento técnico a la situación, así como coadyuvar a la reconciliación con los pueblos amazónicos. Su objetivo es “determinar las causas y consecuencias de orden sociocultural, económico, político y religioso” que dieron lugar a los desórdenes, según señala la resolución ministerial del sector Agricultura, que formalizó su creación el último miércoles 9 de setiembre.
El Estado está promoviendo el diálogo y eso está bien porque en la mayoría de veces es el camino más exitoso para resolver conflictos. Sin embargo, como ha informado ayer nuestro Diario, Bagua no soporta más dilaciones. Sigue en crisis y exige una reacción más rápida, porque la zona —que es un polvorín— está prácticamente aislada: la PNP no puede retomar las comisarías locales porque las comunidades exigen que antes se ponga en libertad a los nativos detenidos después de los hechos de violencia. Ante este panorama, llama la atención que la comisión multisectorial, creada en el sector Agricultura, no incluya también a los sectores del Interior y de Defensa.
Es claro que el trasfondo de la crisis se halla en el manejo de las tierras que las comunidades han ocupado por décadas. Ahora mismo, los pobladores cuestionan haber sido incluidos en la nueva Reserva Nacional de la Cordillera del Cóndor. No obstante, allí murieron 24 policías y 10 civiles, y los responsables directos e indirectos no pueden quedar sin sanción. Además, aún no se ha localizado al mayor PNP Felipe Bazán Soles y, como hemos informado, existen indicios de que la violencia se habría planificado.
Hasta el momentos la prensa ha venido dando luces sobre lo que realmente sucedió aquel fatídico 5 de junio e incluso antes, el 28 de abril, cuando un considerable grupo de nativos tomó la estación 6 del oleoducto en Amazonas.
Por ello, ahora que se han fortalecido las instancias de diálogo, es indispensable, de un lado, fomentar la participación de las partes y, del otro, hay que imponer celeridad a las investigaciones e indagatorias que son de indudable interés público.
EL COMERCIO
La constitución de comisiones propuestas por el Gobierno es, sin duda, bienvenida. La dificultad radica en que se conviertan en meras instancias que no cumplan con arribar a soluciones efectivas, sancionar a los culpables de las muertes que siguen impunes, dialogar con las comunidades amazónicas e impedir que tragedias similares se repitan, en un país donde los conflictos sociales se han triplicado en los últimos años.
Desde lo político, el Congreso ha constituido un grupo de trabajo que tiene el encargo de determinar responsabilidades y formular recomendaciones en un plazo de 120 días, es decir, recién en enero del 2010. Por eso, resulta urgente que la otra comisión constituida por el Ejecutivo e integrada por diversas personalidades (Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua) sea más expedita. Según el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, se buscará despolitizar y dar un tratamiento técnico a la situación, así como coadyuvar a la reconciliación con los pueblos amazónicos. Su objetivo es “determinar las causas y consecuencias de orden sociocultural, económico, político y religioso” que dieron lugar a los desórdenes, según señala la resolución ministerial del sector Agricultura, que formalizó su creación el último miércoles 9 de setiembre.
El Estado está promoviendo el diálogo y eso está bien porque en la mayoría de veces es el camino más exitoso para resolver conflictos. Sin embargo, como ha informado ayer nuestro Diario, Bagua no soporta más dilaciones. Sigue en crisis y exige una reacción más rápida, porque la zona —que es un polvorín— está prácticamente aislada: la PNP no puede retomar las comisarías locales porque las comunidades exigen que antes se ponga en libertad a los nativos detenidos después de los hechos de violencia. Ante este panorama, llama la atención que la comisión multisectorial, creada en el sector Agricultura, no incluya también a los sectores del Interior y de Defensa.
Es claro que el trasfondo de la crisis se halla en el manejo de las tierras que las comunidades han ocupado por décadas. Ahora mismo, los pobladores cuestionan haber sido incluidos en la nueva Reserva Nacional de la Cordillera del Cóndor. No obstante, allí murieron 24 policías y 10 civiles, y los responsables directos e indirectos no pueden quedar sin sanción. Además, aún no se ha localizado al mayor PNP Felipe Bazán Soles y, como hemos informado, existen indicios de que la violencia se habría planificado.
Hasta el momentos la prensa ha venido dando luces sobre lo que realmente sucedió aquel fatídico 5 de junio e incluso antes, el 28 de abril, cuando un considerable grupo de nativos tomó la estación 6 del oleoducto en Amazonas.
Por ello, ahora que se han fortalecido las instancias de diálogo, es indispensable, de un lado, fomentar la participación de las partes y, del otro, hay que imponer celeridad a las investigaciones e indagatorias que son de indudable interés público.
EL COMERCIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario