Este debería ser el lema del gobierno, no “Cómprale al Perú”, tras la publicación –el 15 último– de la Resolución No. 021-2009/CDF-INDECOPI, como complemento de la eliminación del grueso de los aranceles para las importaciones alimentarias y la activación del injusto APC-TLC con Estados Unidos.
Pues todo parece concebido para destruir a la producción agraria nacional y favorecer sin medias tintas a lo foráneo.
Esta vez el pretexto ha sido la no rebaja de los precios minoristas de los aceites comestibles importados en 50%, para reducir al mínimo disimulable el derecho “antidumping” impuesto en el 2002 a esos productos de origen argentino; en lugar de ponerles la mano a los oligopolios importadores que se niegan a trasladar al público los márgenes resultantes de las exoneraciones arancelarias y la reciente caída de los precios alimentarios internacionales en general.
Para entender mejor el tema cabe recordar que “dumping” es la subvaluación de cualquier producto –vía subsidios u otras medidas– para exportarlo con un menor precio artificial; práctica vetada por la Organización Mundial de Comercio e incluso por el artículo 63 de la Constitución del Perú.
Sin embargo, en vez de trabajar por la plena transparencia del mercado –o sea, sin distorsiones, como el “dumping”– en todos los rubros y presionada políticamente por ciertas instancias mercantilistas del gobierno; la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI ha reducido el derecho “antidumping” aplicado a los aceites argentinos, de 200-220 dólares por tonelada a sólo 73, pero reconociendo –tácita y paradójicamente– que tal distorsión sigue inalterable.
En cambio ella continúa ciega ante lo que pasa con la leche, el algodón, la soya y el maíz, entre otros productos subvaluados; lo cual dice mucho de su objetividad y profesionalismo.
Quizás los “serviciales” miembros de esa comisión –Peter Barclay Piazza, Silvia Hooker Ortega, Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez– no lo han advertido, pero aun cuando se lograra enmendar el comportamiento avaro de los oligopolios importadores y rebajar los precios locales de los aceites foráneos, los efectos trascendentes de tal media serán otros y graves: el drástico incremento de las importaciones oleaginosas subvaluadas, el subsecuente colapso de la agroindustria nacional de palma aceitera afincada en la selva (35,000 hectáreas, cinco plantas procesadoras y más de 60,000 empleos) y –lo que es peor todavía– el resurgimiento de la coca ilegal para el narcotráfico.
¿Esto es lo que quiere el gobierno? Su praxis indica que sí. Pues, en lugar de defender y levantar a la producción nacional, para que nuestro pueblo no sufra los intermitentes altibajos de la oferta alimentaria externa, y de poner freno a las impunes maniobras especulativas de los oligopolios importadores y los grandes intermediarios locales, el régimen sigue empeñado sólo en servir a éstos en plato hondo.
Pues todo parece concebido para destruir a la producción agraria nacional y favorecer sin medias tintas a lo foráneo.
Esta vez el pretexto ha sido la no rebaja de los precios minoristas de los aceites comestibles importados en 50%, para reducir al mínimo disimulable el derecho “antidumping” impuesto en el 2002 a esos productos de origen argentino; en lugar de ponerles la mano a los oligopolios importadores que se niegan a trasladar al público los márgenes resultantes de las exoneraciones arancelarias y la reciente caída de los precios alimentarios internacionales en general.
Para entender mejor el tema cabe recordar que “dumping” es la subvaluación de cualquier producto –vía subsidios u otras medidas– para exportarlo con un menor precio artificial; práctica vetada por la Organización Mundial de Comercio e incluso por el artículo 63 de la Constitución del Perú.
Sin embargo, en vez de trabajar por la plena transparencia del mercado –o sea, sin distorsiones, como el “dumping”– en todos los rubros y presionada políticamente por ciertas instancias mercantilistas del gobierno; la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI ha reducido el derecho “antidumping” aplicado a los aceites argentinos, de 200-220 dólares por tonelada a sólo 73, pero reconociendo –tácita y paradójicamente– que tal distorsión sigue inalterable.
En cambio ella continúa ciega ante lo que pasa con la leche, el algodón, la soya y el maíz, entre otros productos subvaluados; lo cual dice mucho de su objetividad y profesionalismo.
Quizás los “serviciales” miembros de esa comisión –Peter Barclay Piazza, Silvia Hooker Ortega, Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez– no lo han advertido, pero aun cuando se lograra enmendar el comportamiento avaro de los oligopolios importadores y rebajar los precios locales de los aceites foráneos, los efectos trascendentes de tal media serán otros y graves: el drástico incremento de las importaciones oleaginosas subvaluadas, el subsecuente colapso de la agroindustria nacional de palma aceitera afincada en la selva (35,000 hectáreas, cinco plantas procesadoras y más de 60,000 empleos) y –lo que es peor todavía– el resurgimiento de la coca ilegal para el narcotráfico.
¿Esto es lo que quiere el gobierno? Su praxis indica que sí. Pues, en lugar de defender y levantar a la producción nacional, para que nuestro pueblo no sufra los intermitentes altibajos de la oferta alimentaria externa, y de poner freno a las impunes maniobras especulativas de los oligopolios importadores y los grandes intermediarios locales, el régimen sigue empeñado sólo en servir a éstos en plato hondo.
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