¿Incrementar la inversión pública? ¿Rebajar impuestos? En los últimos días se ha armado un acalorado debate técnico, y también político, en torno a cuál debe ser el énfasis mayor del programa de estímulo económico del Gobierno para asegurar buenos resultados.
Y la temperatura y amplitud del debate va aumentando conforme el Gobierno va dando a conocer más detalles del plan, que incluye medidas tanto financieras como sectoriales y tributarias para mitigar los efectos de la crisis internacional.
La respuesta, por tanto, no puede ser terminante ni excluyente. En cualquier caso, el debate, siempre que sea objetivo y bien intencionado, es saludable. Y si bien habría que darle prioridad al gasto y la inversión estatal, lo fundamental es encontrar la bisagra para que con esto se logre dinamizar la demanda y la inversión privada y obtener buenos resultados a mediano y largo plazos.
Así pues, aunque no se puede descartar otras medidas tributarias y monetarias (a cargo estas últimas del BCR), hay que tener en cuenta el telón de fondo, cual es el reducido universo de contribuyentes y el elevado índice de informalidad tributaria.
Lo importante es que el plan se termine de armar y se aplique con celeridad, coherencia y eficiencia. Ello implica no solo mantener niveles mínimos de confianza de los agentes económicos, sino también un radical cambio de actitud y mentalidad de la burocracia, acostumbrada a poner trabas y dar largas y largas.
Los funcionarios del Ministerio de Economía, del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y también de la Contraloría General de la República deben entender que la crítica situación que se prevé en el futuro cercano exige reacciones rápidas para aprobar proyectos de factibilidad y prefactibilidad. Eso no significa que se deje de lado los controles sino simplemente hacerlos más expeditivos y severos, pero sobre todo a posteriori, advirtiendo de antemano que cualquier irregularidad o atisbo de corrupción será ejemplarmente sancionado.
Es fundamental recalcar estas responsabilidades, así como las de las autoridades de los gobiernos regionales, que tendrán a su cargo la ejecución de muchos proyectos de desarrollo e inversión, así como de renovación de infraestructura pública.
Compartimos, pues, el optimismo presidencial, necesario para mantener un clima de ponderación. Pero hay que ser realistas y tener en cuenta no solo las dificultades del mercado externo que determinarían una baja de las exportaciones de -16% para este año, sino también las medidas proteccionistas o paraarancelarias que están en discusión en otros países.
En suma, si de reactivar, mantener los niveles de empleo y promover el consumo interno se trata, se hace urgente una explicación integral del titular de Economía, Luis Carranza, para explicar las metas básicas del programa contracíclico, que hasta ahora se han informado de manera gradual y hasta dispersa.
Es obvio también que debe seguir coordinándose más estrechamente con el Congreso y la oposición para aprobar los cambios legislativos que exige el plan. Y finalmente, hay que involucrar más a las pequeñas empresas y a la ciudadanía en general, lo que solo se logrará con mayor información y explicación orientadora, que debe venir del liderazgo gubernamental.
Y la temperatura y amplitud del debate va aumentando conforme el Gobierno va dando a conocer más detalles del plan, que incluye medidas tanto financieras como sectoriales y tributarias para mitigar los efectos de la crisis internacional.
La respuesta, por tanto, no puede ser terminante ni excluyente. En cualquier caso, el debate, siempre que sea objetivo y bien intencionado, es saludable. Y si bien habría que darle prioridad al gasto y la inversión estatal, lo fundamental es encontrar la bisagra para que con esto se logre dinamizar la demanda y la inversión privada y obtener buenos resultados a mediano y largo plazos.
Así pues, aunque no se puede descartar otras medidas tributarias y monetarias (a cargo estas últimas del BCR), hay que tener en cuenta el telón de fondo, cual es el reducido universo de contribuyentes y el elevado índice de informalidad tributaria.
Lo importante es que el plan se termine de armar y se aplique con celeridad, coherencia y eficiencia. Ello implica no solo mantener niveles mínimos de confianza de los agentes económicos, sino también un radical cambio de actitud y mentalidad de la burocracia, acostumbrada a poner trabas y dar largas y largas.
Los funcionarios del Ministerio de Economía, del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y también de la Contraloría General de la República deben entender que la crítica situación que se prevé en el futuro cercano exige reacciones rápidas para aprobar proyectos de factibilidad y prefactibilidad. Eso no significa que se deje de lado los controles sino simplemente hacerlos más expeditivos y severos, pero sobre todo a posteriori, advirtiendo de antemano que cualquier irregularidad o atisbo de corrupción será ejemplarmente sancionado.
Es fundamental recalcar estas responsabilidades, así como las de las autoridades de los gobiernos regionales, que tendrán a su cargo la ejecución de muchos proyectos de desarrollo e inversión, así como de renovación de infraestructura pública.
Compartimos, pues, el optimismo presidencial, necesario para mantener un clima de ponderación. Pero hay que ser realistas y tener en cuenta no solo las dificultades del mercado externo que determinarían una baja de las exportaciones de -16% para este año, sino también las medidas proteccionistas o paraarancelarias que están en discusión en otros países.
En suma, si de reactivar, mantener los niveles de empleo y promover el consumo interno se trata, se hace urgente una explicación integral del titular de Economía, Luis Carranza, para explicar las metas básicas del programa contracíclico, que hasta ahora se han informado de manera gradual y hasta dispersa.
Es obvio también que debe seguir coordinándose más estrechamente con el Congreso y la oposición para aprobar los cambios legislativos que exige el plan. Y finalmente, hay que involucrar más a las pequeñas empresas y a la ciudadanía en general, lo que solo se logrará con mayor información y explicación orientadora, que debe venir del liderazgo gubernamental.
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