Con estos líos petroleros de moda, gracias a ese modelo de oyentes virtudes que es la ínclita Petro-Tech, me he puesto a leer, durante mi viaje terrestre de vacaciones, el libro que escribió Carlos Loret de Mola sobre el escándalo de la Página 11, aquel confuso suceso que le dio la excusa al nefasto Velasco para derrocar (ayudado por la increíble pasividad de FBT) al primer belaundismo a tan sólo seis meses de las elecciones generales (bueno, pudo ser peor. A Prado lo derribaron el 17 de julio de 1962, a 10 días de entregar el mando…) y a muy poco de pasar Velasco al retiro (febrero).
Recién voy por la tercera parte y veremos si Loret de Mola (que presidía la Empresa Petrolera Fiscal, antecesora de la también ínclita Petroperú) me convence de que efectivamente existió esa dichosa página –que hasta donde me he enterado, no tenía la menor importancia- y si lo suyo no fue entonces el típico exabrupto revanchista del funcionario público agobiado y maltratado por la politiquería criolla, a lo ¡Muera Sansón con los filisteos!, o una audaz denuncia para cimentar un carrera política. En eso estamos.
Pero de lo leído salta a la vista esa capacidad cainita de nuestra política paracaer en la mayor demagogia y no analizar las cosas con pragmatismo y serenidad. Como se sabe, Leguía acudió a un arbitraje para solucionar el engorroso caso tributario de los campos La Brea y Pariñas con la petrolera británica London Pacific Petroleum (sustituida después por la yanqui IPC, subsidiaria de la Standard Oil de Nueva York, madre de la moderna EXXON-Mobil, que el año pasado obtuvo el récord mundial de utilidades netas: US$45 mil millones limpios). Poco antes de salir el laudo arbitral (llamado Laudo de París), el canciller peruano Alberto Salomón y el representante inglés Grant Duff llegan a un acuerdo en 1922, el cual queda asimilado como si fuera el laudo emitido. El pacto era cobardón y entreguista porque renunciaba al subsuelo y daba un virtual monopolio petrolero con poca carga tributaria, cuyos efectos finalizaban a los 50 años, o sea, el 1 de enero de 1972.El tema pasó prácticamente inadvertido hasta finales de los 50, en que una extraña obsesión del director de El Comercio, Luis Miró Quesada, y congresistas extremadamente demagogos como Alberto Benavides Correa (después incondicional de Velasco y su embajador en México. Fallecido hace no mucho, se dedicó durante sus últimos años al antichilenismo más primitivo) lo resucitó. El lío fue creciendo, en gran parte alimentado por la insolente arrogancia de la IPC, y Belaunde prometió solucionarlo en 90 días durante su discurso inaugural de 1963. El tema se entrampó cinco años, se habló de haber llegado a un acuerdo (Acta de Talara) a medidos de 1968, se perdió la paginita esa en setiembre y llegó el golpe el 3 de octubre.
Pero lo que uno se pregunta es por qué encender así tantas pasiones si los viejos pozos ya estaban casi agotados y el laudo ya finalizaba en el muy próximo 1972, además que los convenios que firma un Estado, por más torpes que sean, deben respetarse a menos que las partes acuerden juntas otra salida, cosa que no sucedió con la IPC (ésta aceptaba trocar los campos de Talara, que le pertenecían por el laudo, por nuevos campos exploratorios en la Selva, ya bajo otra tributación).
Es como cuando el genio de Velasco expropió la Marcona Mining Company en 1975. Nos trajo un montón de problemas y costos, cuando esa mina iba a revertir al Perú en tres años...
Pero lo más infame de esta historia de la IPC es que el nacionalista Velasco terminó indemnizándolos (Acuerdo Mercado Jarrín-Greene). Y lo más irónico es que Velasco le confiscó El Comercio a LMQ, que no vivió lo suficiente para ver su recuperación.
Quien siembra vientos…
Aldo Mariátegui
Recién voy por la tercera parte y veremos si Loret de Mola (que presidía la Empresa Petrolera Fiscal, antecesora de la también ínclita Petroperú) me convence de que efectivamente existió esa dichosa página –que hasta donde me he enterado, no tenía la menor importancia- y si lo suyo no fue entonces el típico exabrupto revanchista del funcionario público agobiado y maltratado por la politiquería criolla, a lo ¡Muera Sansón con los filisteos!, o una audaz denuncia para cimentar un carrera política. En eso estamos.
Pero de lo leído salta a la vista esa capacidad cainita de nuestra política paracaer en la mayor demagogia y no analizar las cosas con pragmatismo y serenidad. Como se sabe, Leguía acudió a un arbitraje para solucionar el engorroso caso tributario de los campos La Brea y Pariñas con la petrolera británica London Pacific Petroleum (sustituida después por la yanqui IPC, subsidiaria de la Standard Oil de Nueva York, madre de la moderna EXXON-Mobil, que el año pasado obtuvo el récord mundial de utilidades netas: US$45 mil millones limpios). Poco antes de salir el laudo arbitral (llamado Laudo de París), el canciller peruano Alberto Salomón y el representante inglés Grant Duff llegan a un acuerdo en 1922, el cual queda asimilado como si fuera el laudo emitido. El pacto era cobardón y entreguista porque renunciaba al subsuelo y daba un virtual monopolio petrolero con poca carga tributaria, cuyos efectos finalizaban a los 50 años, o sea, el 1 de enero de 1972.El tema pasó prácticamente inadvertido hasta finales de los 50, en que una extraña obsesión del director de El Comercio, Luis Miró Quesada, y congresistas extremadamente demagogos como Alberto Benavides Correa (después incondicional de Velasco y su embajador en México. Fallecido hace no mucho, se dedicó durante sus últimos años al antichilenismo más primitivo) lo resucitó. El lío fue creciendo, en gran parte alimentado por la insolente arrogancia de la IPC, y Belaunde prometió solucionarlo en 90 días durante su discurso inaugural de 1963. El tema se entrampó cinco años, se habló de haber llegado a un acuerdo (Acta de Talara) a medidos de 1968, se perdió la paginita esa en setiembre y llegó el golpe el 3 de octubre.
Pero lo que uno se pregunta es por qué encender así tantas pasiones si los viejos pozos ya estaban casi agotados y el laudo ya finalizaba en el muy próximo 1972, además que los convenios que firma un Estado, por más torpes que sean, deben respetarse a menos que las partes acuerden juntas otra salida, cosa que no sucedió con la IPC (ésta aceptaba trocar los campos de Talara, que le pertenecían por el laudo, por nuevos campos exploratorios en la Selva, ya bajo otra tributación).
Es como cuando el genio de Velasco expropió la Marcona Mining Company en 1975. Nos trajo un montón de problemas y costos, cuando esa mina iba a revertir al Perú en tres años...
Pero lo más infame de esta historia de la IPC es que el nacionalista Velasco terminó indemnizándolos (Acuerdo Mercado Jarrín-Greene). Y lo más irónico es que Velasco le confiscó El Comercio a LMQ, que no vivió lo suficiente para ver su recuperación.
Quien siembra vientos…
Aldo Mariátegui
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