Por: Beatriz Boza
Es saludable que el Congreso revise nuestra legislación para eliminar las leyes que ya no están vigentes. Una economía de mercado y, en general, la vida en sociedad requiere reglas claras, simples y predecibles. La gran maraña de regulaciones en el país afecta esa simplicidad y predictibilidad. Pero el problema no son tanto las leyes sino todas las otras normas que muchas veces generan duplicidades, incoherencias y vacíos. ¿Sabía, por ejemplo, que solo en un semestre los municipios emitieron más de 250 mil normas? La seguridad jurídica pasa también por esas regulaciones, que muchas veces son más engorrosas y cercanas al ciudadano que las leyes. Por eso es tan importante la labor de Indecopi de eliminar barreras burocráticas.
Quizá el factor más decisivo para la seguridad jurídica es la publicidad de las normas, es decir que todos las conozcamos y podamos desempeñarnos de acuerdo con ellas, porque no puede exigirse que alguien cumpla lo que no conoce. El desconocimiento de la ley es un problema grave en el país y aunque pasa por un tema de educación ciudadana, las autoridades también tienen una gran responsabilidad, en particular el diario oficial “El Peruano”. La función de darle publicidad a las normas de carácter general y obligatorias es un requisito esencial en un Estado de derecho. Por eso, no tienen cabida decretos secretos, sanciones sin fundamento legal o leyes no publicadas.
Ninguna institucionalidad es posible si los ciudadanos incumplen las normas por desconocimiento. El rol del Estado en ese sentido es promover el más amplio acceso ciudadano a la legalidad, lo que significa que las normas deben estar al alcance de todos de manera inmediata, libre y gratuita. Pese a que Internet constituye una valiosa herramienta de difusión, esa no es la regla en el país. El Congreso publica los proyectos de ley en su portal, pero el Poder Ejecutivo aún no crea mecanismos suficientes para facilitar el absoluto acceso a la legalidad. El diario “El Peruano” llega a muchas ciudades varios días después; cuando publica en línea las normas es con varias horas de retraso y no permite que un ciudadano pueda imprimir, copiar o guardar el texto legal, todo para incentivar la compra de la edición impresa.
¿Cómo consolidar el Estado de derecho si la gente no conoce las normas? ¿Cómo exigirle a la autoridad local que haga cumplir una norma si no tiene el texto de la misma?
Es saludable que el Congreso revise nuestra legislación para eliminar las leyes que ya no están vigentes. Una economía de mercado y, en general, la vida en sociedad requiere reglas claras, simples y predecibles. La gran maraña de regulaciones en el país afecta esa simplicidad y predictibilidad. Pero el problema no son tanto las leyes sino todas las otras normas que muchas veces generan duplicidades, incoherencias y vacíos. ¿Sabía, por ejemplo, que solo en un semestre los municipios emitieron más de 250 mil normas? La seguridad jurídica pasa también por esas regulaciones, que muchas veces son más engorrosas y cercanas al ciudadano que las leyes. Por eso es tan importante la labor de Indecopi de eliminar barreras burocráticas.
Quizá el factor más decisivo para la seguridad jurídica es la publicidad de las normas, es decir que todos las conozcamos y podamos desempeñarnos de acuerdo con ellas, porque no puede exigirse que alguien cumpla lo que no conoce. El desconocimiento de la ley es un problema grave en el país y aunque pasa por un tema de educación ciudadana, las autoridades también tienen una gran responsabilidad, en particular el diario oficial “El Peruano”. La función de darle publicidad a las normas de carácter general y obligatorias es un requisito esencial en un Estado de derecho. Por eso, no tienen cabida decretos secretos, sanciones sin fundamento legal o leyes no publicadas.
Ninguna institucionalidad es posible si los ciudadanos incumplen las normas por desconocimiento. El rol del Estado en ese sentido es promover el más amplio acceso ciudadano a la legalidad, lo que significa que las normas deben estar al alcance de todos de manera inmediata, libre y gratuita. Pese a que Internet constituye una valiosa herramienta de difusión, esa no es la regla en el país. El Congreso publica los proyectos de ley en su portal, pero el Poder Ejecutivo aún no crea mecanismos suficientes para facilitar el absoluto acceso a la legalidad. El diario “El Peruano” llega a muchas ciudades varios días después; cuando publica en línea las normas es con varias horas de retraso y no permite que un ciudadano pueda imprimir, copiar o guardar el texto legal, todo para incentivar la compra de la edición impresa.
¿Cómo consolidar el Estado de derecho si la gente no conoce las normas? ¿Cómo exigirle a la autoridad local que haga cumplir una norma si no tiene el texto de la misma?
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