El sector eléctrico enfrenta momentos complicados. Al alza de las tarifas doméstica e industrial, al detenimiento de la construcción de hidroeléctricas y a la falta de reservas de gas natural para satisfacer la demanda de las centrales termoeléctricas –por destinar este hidrocarburo a la exportación–, se suma ahora un conflicto laboral en la Empresa de Generación Eléctrica de Lima (Edegel), el mismo que podría tener desenlace peligroso a fines de marzo si es que esa medida de fuerza deriva en el desabastecimiento del fluido eléctrico en Lima. En este horizonte, el gobierno quiere poner paños fríos con papel –mejor dicho con decreto– mojado en tinta, el cual resultará insuficiente.
Pero el problema energético no sólo está latente en Lima sino también en otros lugares del interior. Por eso creemos que no se trata de decir, por parte del ministro de Energía y Minas (MEM), que el servicio público de electricidad está garantizado hasta el 2011, sino de realizar acciones concretas en esta dirección, mucho más cuando se admite desde ese mismo portafolio que la demanda de gas natural para la industria y las generadoras recién podrá ser cubierta en el 2012. La verdad es que el abastecimiento de electricidad no puede estar asegurado si es que tenemos los antecedentes registrados el año pasado, y en el presente, pues ha habido varios apagones. Por ejemplo, el pasado viernes 6 de febrero hubo un corte de fluido eléctrico que afectó a 400,000 usuarios en 14 distritos limeños. Y el 26 de enero último también hubo cortes debido a una falla en una subestación de Luz de Sur.
Pero si a los inconvenientes en la venta de gas a las generadoras, se suma hoy la amenaza de huelga de los trabajadores de Edegel, entonces en este momento deberían tanto la referida empresa como las autoridades adoptar coordinaciones a fin de evitar que los usuarios sufran interrupciones en el abastecimiento de electricidad, más que “asegurar” alegremente, como lo hace el MEM, que la producción y transporte de gas para la generación eléctrica ya está contratada para las empresas actualmente instaladas en el sistema interconectado nacional, pero lo dice sin negar al mismo tiempo que es evidente la presencia de problemas en el transporte de ese hidrocarburo. Entonces lo cierto que es que la incertidumbre persiste, pues sin una distribución normal del gas difícilmente se puede garantizar que la demanda eléctrica estará plenamente satisfecha.
Peor aún cuando el año pasado comprobamos las dificultades que representó la saturación del ducto de Camisea, cuya capacidad máxima (380 millones de pies cúbicos diarios) quedó rebasada por la demanda de más de 450 millones de pies cúbicos, siendo varios los perjudicados, entre ellos las nuevas termoeléctricas. De modo que es importante reiterar esas deficiencias para que las autoridades estén notificadas con el objeto de que tomen decisiones convenientes que prevengan dificultades mayores. Así el MEM no debería señalar que “hasta el 2012 –año en que entrará en servicio la segunda expansión de la planta de fraccionamiento que aumentaría la capacidad de transporte de gas a 1,500 millones de pies cúbicos diarios– no se podrá hacer nada” cuando sí se puede, como supervisar y regular permanentemente que la prioridad es el uso del gas para el desarrollo del país.
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Pero el problema energético no sólo está latente en Lima sino también en otros lugares del interior. Por eso creemos que no se trata de decir, por parte del ministro de Energía y Minas (MEM), que el servicio público de electricidad está garantizado hasta el 2011, sino de realizar acciones concretas en esta dirección, mucho más cuando se admite desde ese mismo portafolio que la demanda de gas natural para la industria y las generadoras recién podrá ser cubierta en el 2012. La verdad es que el abastecimiento de electricidad no puede estar asegurado si es que tenemos los antecedentes registrados el año pasado, y en el presente, pues ha habido varios apagones. Por ejemplo, el pasado viernes 6 de febrero hubo un corte de fluido eléctrico que afectó a 400,000 usuarios en 14 distritos limeños. Y el 26 de enero último también hubo cortes debido a una falla en una subestación de Luz de Sur.
Pero si a los inconvenientes en la venta de gas a las generadoras, se suma hoy la amenaza de huelga de los trabajadores de Edegel, entonces en este momento deberían tanto la referida empresa como las autoridades adoptar coordinaciones a fin de evitar que los usuarios sufran interrupciones en el abastecimiento de electricidad, más que “asegurar” alegremente, como lo hace el MEM, que la producción y transporte de gas para la generación eléctrica ya está contratada para las empresas actualmente instaladas en el sistema interconectado nacional, pero lo dice sin negar al mismo tiempo que es evidente la presencia de problemas en el transporte de ese hidrocarburo. Entonces lo cierto que es que la incertidumbre persiste, pues sin una distribución normal del gas difícilmente se puede garantizar que la demanda eléctrica estará plenamente satisfecha.
Peor aún cuando el año pasado comprobamos las dificultades que representó la saturación del ducto de Camisea, cuya capacidad máxima (380 millones de pies cúbicos diarios) quedó rebasada por la demanda de más de 450 millones de pies cúbicos, siendo varios los perjudicados, entre ellos las nuevas termoeléctricas. De modo que es importante reiterar esas deficiencias para que las autoridades estén notificadas con el objeto de que tomen decisiones convenientes que prevengan dificultades mayores. Así el MEM no debería señalar que “hasta el 2012 –año en que entrará en servicio la segunda expansión de la planta de fraccionamiento que aumentaría la capacidad de transporte de gas a 1,500 millones de pies cúbicos diarios– no se podrá hacer nada” cuando sí se puede, como supervisar y regular permanentemente que la prioridad es el uso del gas para el desarrollo del país.
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