Ante la ola de amenazas que se han denunciado en contra de un grupo de magistrados, es importante que la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, haya reiterado con suma valentía su compromiso con la lucha anticorrupción y el esclarecimiento de los delicados casos que actualmente conoce el Ministerio Público.
Sus declaraciones, en una larga entrevista con El Comercio, son sumamente relevantes. Primero, porque confirman que la fiscalía “está pisando callos”, en alusión a la gravedad de los procesos en marcha: corrupción en los contratos petroleros, interceptación de las comunicaciones, narcotráfico, el Caso Fujimori, entre otros. Segundo, porque explican algunos avances alcanzados en esas investigaciones.
En cuanto a los “petroaudios” debe destacarse, como explica la doctora Echaíz, que estamos ante dos delitos plenamente diferenciados. Uno es el de corrupción, producto de la denuncia contra Rómulo León Alegría basada en lo hallado en su computadora y en materiales encontrados en las incautaciones a su domicilio; el otro, vinculado al “chuponeo” propiamente dicho. Respecto de este último, es una buena noticia que dentro de 75 días el Ministerio Público podrá dar a conocer quién contrató los servicios de Business Track (BTR), además de señalar las responsabilidades de sus directivos, denunciados por los delitos de interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir.
Y es que si algo está dejando en evidencia este caso, es que en el país existe no una, sino muchas empresas con aparatos de interceptación, cuya adquisición, finalidades y uso nadie controla. De allí que, como dice la fiscal de la Nación, es necesario modificar la legislación para sancionar en principio la adquisición de las máquinas de escucha. Una segunda conclusión es que además de “chuponeadores”, hay empresas vinculadas a BTR y a otras que compraban la información interceptada y que por ello deberán ser investigadas. Finalmente, si no existiera una oferta, tampoco habría una demanda.
Un aporte adicional de las investigaciones se refiere al papel de la Marina. Como señala la fiscal Echaíz, hasta ahora se sabe que algunos militares usaron sus cargos para comprar los equipos de interceptación; que otros de bajo rango actualmente en actividad se vincularon a ex marinos para “chuponear”; y que habría otros más involucrados. Asimismo, la fiscalía ha comprobado que usaron instalaciones de la Marina, aunque no encontraron en ellas equipos de interceptación. Por ello es positivo que el Ministerio de Defensa esté colaborando con las investigaciones, para aclarar la relación de algunos marinos con BTR y descubrir a los elementos que manchan el nombre de la Marina de Grau.
De otro lado, es importante que la fiscalía haya confirmado que la cuestionada BTR operaba en varios rubros: cementos, construcción, petróleo, entre otros, y que también llegaba a políticos, aunque algunos ahora digan que no conocen a Elías Ponce Feijoo y al resto de implicados.
Desde el primer momento, cuando estalló el “petrogate”, El Comercio ha insistido en la necesidad de que este caso se investigue a fondo, así como la interceptación a las comunicaciones. Las conclusiones de las investigaciones de la fiscalía señalan que estábamos en el camino correcto. Por esta razón, nuestro Diario seguirá en campaña y vigilante de que se llegue a la verdad.
Cabe advertir que las amenazas contra jueces y fiscales revelan que el “chuponeo”, así como el narcotráfico y el terrorismo, es una modalidad del crimen organizado; es decir, un delito que encubre una mafia que confiamos deberá ser desbaratada.
Sus declaraciones, en una larga entrevista con El Comercio, son sumamente relevantes. Primero, porque confirman que la fiscalía “está pisando callos”, en alusión a la gravedad de los procesos en marcha: corrupción en los contratos petroleros, interceptación de las comunicaciones, narcotráfico, el Caso Fujimori, entre otros. Segundo, porque explican algunos avances alcanzados en esas investigaciones.
En cuanto a los “petroaudios” debe destacarse, como explica la doctora Echaíz, que estamos ante dos delitos plenamente diferenciados. Uno es el de corrupción, producto de la denuncia contra Rómulo León Alegría basada en lo hallado en su computadora y en materiales encontrados en las incautaciones a su domicilio; el otro, vinculado al “chuponeo” propiamente dicho. Respecto de este último, es una buena noticia que dentro de 75 días el Ministerio Público podrá dar a conocer quién contrató los servicios de Business Track (BTR), además de señalar las responsabilidades de sus directivos, denunciados por los delitos de interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir.
Y es que si algo está dejando en evidencia este caso, es que en el país existe no una, sino muchas empresas con aparatos de interceptación, cuya adquisición, finalidades y uso nadie controla. De allí que, como dice la fiscal de la Nación, es necesario modificar la legislación para sancionar en principio la adquisición de las máquinas de escucha. Una segunda conclusión es que además de “chuponeadores”, hay empresas vinculadas a BTR y a otras que compraban la información interceptada y que por ello deberán ser investigadas. Finalmente, si no existiera una oferta, tampoco habría una demanda.
Un aporte adicional de las investigaciones se refiere al papel de la Marina. Como señala la fiscal Echaíz, hasta ahora se sabe que algunos militares usaron sus cargos para comprar los equipos de interceptación; que otros de bajo rango actualmente en actividad se vincularon a ex marinos para “chuponear”; y que habría otros más involucrados. Asimismo, la fiscalía ha comprobado que usaron instalaciones de la Marina, aunque no encontraron en ellas equipos de interceptación. Por ello es positivo que el Ministerio de Defensa esté colaborando con las investigaciones, para aclarar la relación de algunos marinos con BTR y descubrir a los elementos que manchan el nombre de la Marina de Grau.
De otro lado, es importante que la fiscalía haya confirmado que la cuestionada BTR operaba en varios rubros: cementos, construcción, petróleo, entre otros, y que también llegaba a políticos, aunque algunos ahora digan que no conocen a Elías Ponce Feijoo y al resto de implicados.
Desde el primer momento, cuando estalló el “petrogate”, El Comercio ha insistido en la necesidad de que este caso se investigue a fondo, así como la interceptación a las comunicaciones. Las conclusiones de las investigaciones de la fiscalía señalan que estábamos en el camino correcto. Por esta razón, nuestro Diario seguirá en campaña y vigilante de que se llegue a la verdad.
Cabe advertir que las amenazas contra jueces y fiscales revelan que el “chuponeo”, así como el narcotráfico y el terrorismo, es una modalidad del crimen organizado; es decir, un delito que encubre una mafia que confiamos deberá ser desbaratada.
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