¿Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA?
Por: Enrique Bernales Jurista
¿Tiene el Perú un rumbo político que busca fortalecer esta incipiente democracia? Los diversos hechos caracterizados por conductas irresponsables y de moralidad liviana llevan a la búsqueda de ciertos replanteamientos urgentes, tanto en el manejo de la cosa pública como en las obligaciones que el Estado de derecho impone a la actividad privada.
El primer punto crítico es la interceptación telefónica. Concepciones y excepciones en esta materia son inaceptables. O se acepta la legalidad con todas sus consecuencias o se transige a convivir con el delito, lo que llevaría a una progresiva destrucción del tejido social. Hay quienes minimizan el “chuponeo” y le atribuyen bondades de información al servicio de la ley. Pero el asunto es mucho más complejo de lo que se cree. Existen empresas de seguridad que trafican con comunicaciones privadas. Nadie debe sentirse libre de esta invasión a la privacidad y, en esa línea, lo que se pone en peligro son derechos y libertades individuales, en teoría garantizados por el Estado democrático y constitucional. El enérgico rechazo al “chuponeo” no significa minimizar la posible corrupción hallada en los “petroaudios”. Algunos creen erróneamente que enfatizar en uno de los delitos relativiza el otro. Tal planteamiento es un falso dilema. Se debe llegar al fondo en las dos investigaciones, sin caer en la tentación de usar una para diluir la otra. En lo que a la corrupción se refiere, hay que sancionar a quien haya que sancionar, pues el tráfico de influencias es una práctica nefasta que afecta la confianza en el Estado y las garantías de competencia en el marco de un mercado libre.
Otro punto crítico es la falta de claridad en los nombramientos públicos. El escándalo de la candidata a contralora, designada sobre bases falsas, nos obliga a poner el dedo en la llaga de un problema mayor. Constatamos desde hace años un fenómeno de informalidad, improvisación, manipulación y pésimo control en los nombramientos públicos. Alguien recordará las dificultades del Congreso del toledismo para nombrar al defensor del Pueblo, reemplazante de Jorge Santistevan. La incapacidad para llegar a un acuerdo derivó en que el defensor adjunto asumió el cargo por un tiempo prolongado. El mismo problema hubo para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Aparentemente, los mecanismos de elección y contratación con el Estado tienen grietas que no se han logrado superar.
Por último, tenemos el “escandalete” de la venta de Petro-Tech, sobre el cual ni siquiera se ha admitido que las presuntas liberalidades de la compraventa provienen de una legalidad permisiva y de posiciones concesivas por parte de diversos gobiernos. ¿Qué tiene entonces que investigar el Congreso que no lo lleve a una sistemática revisión de la legalidad vigente? Pero no lo hará porque, como ya se ha visto, este Congreso programa investigaciones que se pierden en la nada.
Por: Enrique Bernales Jurista
¿Tiene el Perú un rumbo político que busca fortalecer esta incipiente democracia? Los diversos hechos caracterizados por conductas irresponsables y de moralidad liviana llevan a la búsqueda de ciertos replanteamientos urgentes, tanto en el manejo de la cosa pública como en las obligaciones que el Estado de derecho impone a la actividad privada.
El primer punto crítico es la interceptación telefónica. Concepciones y excepciones en esta materia son inaceptables. O se acepta la legalidad con todas sus consecuencias o se transige a convivir con el delito, lo que llevaría a una progresiva destrucción del tejido social. Hay quienes minimizan el “chuponeo” y le atribuyen bondades de información al servicio de la ley. Pero el asunto es mucho más complejo de lo que se cree. Existen empresas de seguridad que trafican con comunicaciones privadas. Nadie debe sentirse libre de esta invasión a la privacidad y, en esa línea, lo que se pone en peligro son derechos y libertades individuales, en teoría garantizados por el Estado democrático y constitucional. El enérgico rechazo al “chuponeo” no significa minimizar la posible corrupción hallada en los “petroaudios”. Algunos creen erróneamente que enfatizar en uno de los delitos relativiza el otro. Tal planteamiento es un falso dilema. Se debe llegar al fondo en las dos investigaciones, sin caer en la tentación de usar una para diluir la otra. En lo que a la corrupción se refiere, hay que sancionar a quien haya que sancionar, pues el tráfico de influencias es una práctica nefasta que afecta la confianza en el Estado y las garantías de competencia en el marco de un mercado libre.
Otro punto crítico es la falta de claridad en los nombramientos públicos. El escándalo de la candidata a contralora, designada sobre bases falsas, nos obliga a poner el dedo en la llaga de un problema mayor. Constatamos desde hace años un fenómeno de informalidad, improvisación, manipulación y pésimo control en los nombramientos públicos. Alguien recordará las dificultades del Congreso del toledismo para nombrar al defensor del Pueblo, reemplazante de Jorge Santistevan. La incapacidad para llegar a un acuerdo derivó en que el defensor adjunto asumió el cargo por un tiempo prolongado. El mismo problema hubo para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Aparentemente, los mecanismos de elección y contratación con el Estado tienen grietas que no se han logrado superar.
Por último, tenemos el “escandalete” de la venta de Petro-Tech, sobre el cual ni siquiera se ha admitido que las presuntas liberalidades de la compraventa provienen de una legalidad permisiva y de posiciones concesivas por parte de diversos gobiernos. ¿Qué tiene entonces que investigar el Congreso que no lo lleve a una sistemática revisión de la legalidad vigente? Pero no lo hará porque, como ya se ha visto, este Congreso programa investigaciones que se pierden en la nada.
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