Malas leyes y pésimos decretos supremos se aprueban con frecuencia. Son normas legales ausentes de sentido común, tal como ocurre –por citar un caso– en el marco regulatorio de la expedición de licencias de conducir (brevetes). Se entregan estos documentos a diestra y siniestra, títulos que encarnan –hoy por hoy– la diferencia entre la vida y la muerte en las carreteras, pues el Estado –encarnado por el Ministerio de Tranportes y Comunicaciones– los deja en manos de cualquier infeliz iletrado, sin la ecuanimidad ni la estabilidad emocional necesaria para ser responsable –de cara a la sociedad– ante el volante de un vehículo.
La mediocridad, la indiferencia y el burocratismo impiden que los legisladores o los funcionarios del Ejecutivo corrijan a tiempo los serios defectos que existen en el Reglamento de Tránsito y en la administración de brevetes a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC. No hay, por ejemplo, consideración precisa para evitar que ciudadanos de bajísima estatura (menos de 1.55 m.) cuenten alegremente con licencias de conducir automóviles. Y peor aún, no son impedidos de recibir esas licencias para manejar enormes buses de transporte público interprovincial, o las denominadas “combis” y “coaster”, unidades en las que estos individuos ni siquiera logran alcanzar sus pedales, lo cual pone en riesgo a pasajeros y transeúntes.
Muchos accidentes de tránsito se multiplican a lo largo y ancho del país. Choques, volcaduras y atropellos determinan que en las pistas no haya autoridad. Y esto obliga a exigir que se adopten medidas radicales y urgentes. En este trance fatal, los niños y los adultos son quienes llevan la peor parte, pues en lo que va del año decenas de ellos han perdido la vida o se encuentran en coma, como ocurre con la infante de seis años de edad campeona de marinera. Hay otros casos similares de menores que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos de los nosocomios. ¿Vamos a permanecer con los brazos cruzados frente a esta realidad? De ninguna manera.
Por eso reconocemos la preocupación de las pocas autoridades –como el burgomaestre del distrito de San Miguel– quienes han dicho basta y han salido a las calles acompañando a indignados ciudadanos a protestar porque no se pueden “regalar” brevetes a personas cuyas condiciones físicas y mentales les impiden mantener el control de un vehículo; o a sujetos antisociales que pisotean las leyes y reglamentos para conducir. Pero esas personas también han salido también a rechazar, como lo hemos señalado desde EXPRESO hace tiempo, que el MTC, la Fiscalía y la PNP se pongan de perfil hasta ahora frente a chóferes que cuentan en su haber con innumerables papeletas y, sin embargo, siguen al volante de unidades asesinas amenazando la vida de inocentes transeúntes o pasajeros de otros vehículos.
A subir la valla de requisitos para expedir brevetes se ha dicho. Por ejemplo, evitando que personas de baja estatura, anormales mentales y prepotentes los obtengan. Y que toda persona con más de tres papeletas tampoco, hasta que no apruebe un curso de manejo y quede acreditado oficialmente a través de un severo examen psicotécnico.
La mediocridad, la indiferencia y el burocratismo impiden que los legisladores o los funcionarios del Ejecutivo corrijan a tiempo los serios defectos que existen en el Reglamento de Tránsito y en la administración de brevetes a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC. No hay, por ejemplo, consideración precisa para evitar que ciudadanos de bajísima estatura (menos de 1.55 m.) cuenten alegremente con licencias de conducir automóviles. Y peor aún, no son impedidos de recibir esas licencias para manejar enormes buses de transporte público interprovincial, o las denominadas “combis” y “coaster”, unidades en las que estos individuos ni siquiera logran alcanzar sus pedales, lo cual pone en riesgo a pasajeros y transeúntes.
Muchos accidentes de tránsito se multiplican a lo largo y ancho del país. Choques, volcaduras y atropellos determinan que en las pistas no haya autoridad. Y esto obliga a exigir que se adopten medidas radicales y urgentes. En este trance fatal, los niños y los adultos son quienes llevan la peor parte, pues en lo que va del año decenas de ellos han perdido la vida o se encuentran en coma, como ocurre con la infante de seis años de edad campeona de marinera. Hay otros casos similares de menores que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos de los nosocomios. ¿Vamos a permanecer con los brazos cruzados frente a esta realidad? De ninguna manera.
Por eso reconocemos la preocupación de las pocas autoridades –como el burgomaestre del distrito de San Miguel– quienes han dicho basta y han salido a las calles acompañando a indignados ciudadanos a protestar porque no se pueden “regalar” brevetes a personas cuyas condiciones físicas y mentales les impiden mantener el control de un vehículo; o a sujetos antisociales que pisotean las leyes y reglamentos para conducir. Pero esas personas también han salido también a rechazar, como lo hemos señalado desde EXPRESO hace tiempo, que el MTC, la Fiscalía y la PNP se pongan de perfil hasta ahora frente a chóferes que cuentan en su haber con innumerables papeletas y, sin embargo, siguen al volante de unidades asesinas amenazando la vida de inocentes transeúntes o pasajeros de otros vehículos.
A subir la valla de requisitos para expedir brevetes se ha dicho. Por ejemplo, evitando que personas de baja estatura, anormales mentales y prepotentes los obtengan. Y que toda persona con más de tres papeletas tampoco, hasta que no apruebe un curso de manejo y quede acreditado oficialmente a través de un severo examen psicotécnico.
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