Mediante una ley de expropiación y formalización de las invasiones, el gobierno persiste en favorecer a los usurpadores de la propiedad. El Ejecutivo, junto al Congreso, olvida que una buena ley debería velar por el respeto de los principios del derecho y por la convivencia pacífica.
Contrario sensu, una norma mala genera injusticia cuando desconoce uno de los fundamentos del Estado democrático como es el respeto a la propiedad, y cuando en forma descarada se pone por encima de la Constitución dizque para administrar justicia, pese a saber que ello corresponde en exclusiva al Poder Judicial.
Este absurdo ocurre cuando hay varias personas que no solo sufrieron el despojo de sus legítimas propiedades sino que tuvieron que litigar por años gastando tiempo y dinero. Pero mientras creían que ya habían salido de la pesadilla de perder su propiedad, al haber ganado en las instancias jurisdiccionales correspondientes, resulta que ahora viene el Ejecutivo a echar por tierra las sentencias que reivindicaron sus derechos conculcados por la delincuencia invasora. Es decir, el Estado puesto del lado de los inescrupulosos, de los usurpadores.
Muchos ejemplos se pueden mencionar, pero basta recordar algunos publicados en la edición de ayer de EXPRESO, en los cuales se describe el complicado trance que viven ciudadanos como Rolando Salvatierra Paredes, propietario del fundo Sangani, en Pichanaki (región Junín), quien se verá –aún más– perjudicado con la aplicación de la referida ley que ya lleva la firma del jefe de Estado, Alan García, y de la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez; o como la ciudadana Diana Gonzales, quien perdió varias hectáreas de su propiedad ubicada en la comunidad de Jicamarca (límite con el distrito de San Juan de Lurigancho), debido a que, según ella denuncia, le fueron usurpadas por el militante aprista Germán Cárdenas, personaje ligado a importantes parlamentarios del oficialismo, y quien será uno de los principales beneficiarios por una mala ley, recientemente promulgada.
Los autores de este legicidio han pisoteado sentencias que condenaban a los invasores de terrenos de aquellas víctimas del proceder abusivo de los traficantes de tierras. En otros términos, el Gobierno Central de un plumazo hasta se ha mofado de fiscales y jueces que fallaron con justicia sobre expedientes en los cuales no cabía sino resarcir a los legítimos propietarios de predios tomados por mafias de traficantes de terrenos que movilizan a las masas inocentes del populacho. Peor aún, cuando en las invasiones no están ausentes pillos ligados a las cúpulas políticas que organizan a gente de dudosa reputación para instalarse sobre terrenos privados o públicos con el fin de traspasarlos –previos pingües negociados– a través del viejo cuento de promover asentamientos humanos o pueblos jóvenes.
Por eso -–¡oh, sorpresa–, el Ejecutivo promulgó la ley de expropiación y formalización de invasiones realizadas hasta el 2004. El régimen aprista ha dado pues un paso peligroso que confunde la “formalización” de asentamientos humanos con el abuso del derecho. Estamos entonces ante una norma confiscatoria que, en el plano político, debe ser recusada por la ciudadanía y, en el plano legal, por instituciones vigilantes de la Constitución como los colegios de abogados del país, que deben demandar su inconstitucionalidad
EXPRESO
Contrario sensu, una norma mala genera injusticia cuando desconoce uno de los fundamentos del Estado democrático como es el respeto a la propiedad, y cuando en forma descarada se pone por encima de la Constitución dizque para administrar justicia, pese a saber que ello corresponde en exclusiva al Poder Judicial.
Este absurdo ocurre cuando hay varias personas que no solo sufrieron el despojo de sus legítimas propiedades sino que tuvieron que litigar por años gastando tiempo y dinero. Pero mientras creían que ya habían salido de la pesadilla de perder su propiedad, al haber ganado en las instancias jurisdiccionales correspondientes, resulta que ahora viene el Ejecutivo a echar por tierra las sentencias que reivindicaron sus derechos conculcados por la delincuencia invasora. Es decir, el Estado puesto del lado de los inescrupulosos, de los usurpadores.
Muchos ejemplos se pueden mencionar, pero basta recordar algunos publicados en la edición de ayer de EXPRESO, en los cuales se describe el complicado trance que viven ciudadanos como Rolando Salvatierra Paredes, propietario del fundo Sangani, en Pichanaki (región Junín), quien se verá –aún más– perjudicado con la aplicación de la referida ley que ya lleva la firma del jefe de Estado, Alan García, y de la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez; o como la ciudadana Diana Gonzales, quien perdió varias hectáreas de su propiedad ubicada en la comunidad de Jicamarca (límite con el distrito de San Juan de Lurigancho), debido a que, según ella denuncia, le fueron usurpadas por el militante aprista Germán Cárdenas, personaje ligado a importantes parlamentarios del oficialismo, y quien será uno de los principales beneficiarios por una mala ley, recientemente promulgada.
Los autores de este legicidio han pisoteado sentencias que condenaban a los invasores de terrenos de aquellas víctimas del proceder abusivo de los traficantes de tierras. En otros términos, el Gobierno Central de un plumazo hasta se ha mofado de fiscales y jueces que fallaron con justicia sobre expedientes en los cuales no cabía sino resarcir a los legítimos propietarios de predios tomados por mafias de traficantes de terrenos que movilizan a las masas inocentes del populacho. Peor aún, cuando en las invasiones no están ausentes pillos ligados a las cúpulas políticas que organizan a gente de dudosa reputación para instalarse sobre terrenos privados o públicos con el fin de traspasarlos –previos pingües negociados– a través del viejo cuento de promover asentamientos humanos o pueblos jóvenes.
Por eso -–¡oh, sorpresa–, el Ejecutivo promulgó la ley de expropiación y formalización de invasiones realizadas hasta el 2004. El régimen aprista ha dado pues un paso peligroso que confunde la “formalización” de asentamientos humanos con el abuso del derecho. Estamos entonces ante una norma confiscatoria que, en el plano político, debe ser recusada por la ciudadanía y, en el plano legal, por instituciones vigilantes de la Constitución como los colegios de abogados del país, que deben demandar su inconstitucionalidad
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