Ocho o más traficantes de drogas se han fugado de la cárcel mediante la presentación de acciones de Hábeas Corpus, recurso instrumentado a través de autoridades del Poder Judicial.
No sorprende, pero indigna.
Demuestra, una vez más, cuán corrompido está el aparato judicial del Perú, un aparato cuya estructura tiene vínculos estrechos con el poder político, en particular con el Apra.
La corrupción del Poder Judicial forma parte de las tradiciones peruanas. A comienzos del siglo XX, Manuel González Prada la condenó con ira y desprecio.
Episodios como la reciente fuga de narcos nutren la mala fama de nuestra judicatura. En la última encuesta nacional de Ipsos Apoyo -en la que Alan García aparece recuperado con 32% de aprobación-, el Poder Judicial obtiene 73% de desaprobación y sólo 16% de aprobación.
La población no se ha percatado aún del lazo íntimo que existe entre el poder de García y el Poder Judicial.
Las investigaciones sobre la liberación fraudulenta de narcos y sobre otros escándalos de monta como el de los petroaudios revelarán sin duda los canales que hermanan a los gobernantes y la extensa corrupción.
A medida que la verdad se abra paso, las culpas arrojarán su peso en la balanza de las encuestas.
Un factor a considerar es la repercusión que las fugas de narcos puede tener sobre la imagen del país y sobre los programas de lucha contra el negocio más sucio de nuestra época.
El mundo conoce la tragedia de México. Aparte de la ruina económica que le ha deparado la excesiva dependencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en el país azteca los capi de la droga han desatado una auténtica, sanguinaria guerra contra el país, guerra que están ganando.
Sabido es, por otra parte, que los carteles mexicanos de la droga buscan instalar su hegemonía en el Perú. Se enfrentan acá, a balazos, con sus rivales colombianos.
Con la debilidad institucional del Perú, crecen los peligros para la seguridad pública. La fuga fácil y la impunidad creciente son malas señales para el exterior y pésimo mensaje para la moral pública.
Los jefes del narcotráfico han comprendido lo prometedor de la situación. Así se explica que Fernando Zevallos haya pensado que ahora le tocaba el turno. Su trama de huida estuvo muy cerca del éxito.
La corrupción de los jueces y del Inpe es sólo parte de la corrupción general que nos aflige. Ésta alienta a aquélla. Las dos prosperan y amenazan el porvenir en un Estado en que los narcos tienen ya un pequeño ejército reclutado de los remanentes de la subversión.
Un país en que el poder político se involucra en operaciones delictivas -Majaz, Collique, Mercado de Frutas, etcétera, etcétera- es cada vez más atractivo para los reyes de la droga, la violencia y las fugas.
LA PRIMERA
No sorprende, pero indigna.
Demuestra, una vez más, cuán corrompido está el aparato judicial del Perú, un aparato cuya estructura tiene vínculos estrechos con el poder político, en particular con el Apra.
La corrupción del Poder Judicial forma parte de las tradiciones peruanas. A comienzos del siglo XX, Manuel González Prada la condenó con ira y desprecio.
Episodios como la reciente fuga de narcos nutren la mala fama de nuestra judicatura. En la última encuesta nacional de Ipsos Apoyo -en la que Alan García aparece recuperado con 32% de aprobación-, el Poder Judicial obtiene 73% de desaprobación y sólo 16% de aprobación.
La población no se ha percatado aún del lazo íntimo que existe entre el poder de García y el Poder Judicial.
Las investigaciones sobre la liberación fraudulenta de narcos y sobre otros escándalos de monta como el de los petroaudios revelarán sin duda los canales que hermanan a los gobernantes y la extensa corrupción.
A medida que la verdad se abra paso, las culpas arrojarán su peso en la balanza de las encuestas.
Un factor a considerar es la repercusión que las fugas de narcos puede tener sobre la imagen del país y sobre los programas de lucha contra el negocio más sucio de nuestra época.
El mundo conoce la tragedia de México. Aparte de la ruina económica que le ha deparado la excesiva dependencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en el país azteca los capi de la droga han desatado una auténtica, sanguinaria guerra contra el país, guerra que están ganando.
Sabido es, por otra parte, que los carteles mexicanos de la droga buscan instalar su hegemonía en el Perú. Se enfrentan acá, a balazos, con sus rivales colombianos.
Con la debilidad institucional del Perú, crecen los peligros para la seguridad pública. La fuga fácil y la impunidad creciente son malas señales para el exterior y pésimo mensaje para la moral pública.
Los jefes del narcotráfico han comprendido lo prometedor de la situación. Así se explica que Fernando Zevallos haya pensado que ahora le tocaba el turno. Su trama de huida estuvo muy cerca del éxito.
La corrupción de los jueces y del Inpe es sólo parte de la corrupción general que nos aflige. Ésta alienta a aquélla. Las dos prosperan y amenazan el porvenir en un Estado en que los narcos tienen ya un pequeño ejército reclutado de los remanentes de la subversión.
Un país en que el poder político se involucra en operaciones delictivas -Majaz, Collique, Mercado de Frutas, etcétera, etcétera- es cada vez más atractivo para los reyes de la droga, la violencia y las fugas.
LA PRIMERA
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