22.2.09

Vicios públicos, ganancias privadas

Si bien la redacción de algunos de los correos electrónicos intercambiados entre Rómulo León y Fortunato Canaán, que publicáramos de manera exclusiva en este diario, va a dejar algunas frases celebres para recordar: “ponerle tracción a las ruedas del patín presidencial” o “cultivar al nuevo ministro para tenerlo maduro”. El hecho alarmante es que su contenido arroja nueva luz sobre la extensión de la operación que se intentó armar en el Estado en base a los contactos partidarios del primero de los nombrados. Prácticamente en todos los sectores de la administración pública intentaron penetrar, y el grado de penetración que pudieron finalmente haber alcanzado lo determinará la investigación judicial.

Sin embargo, lo que debe llevarnos a reflexión es el nivel de discrecionalidad que aún existiría en el aparato estatal para poder dirigir contratos hacia determinados postores o proveedores. Al margen de los argumentos que pueden esgrimir los encargados de las contrataciones en el Estado, lo innegable es que existen empresas dispuestas a pagar suculentas comisiones, lo que indicaría que los procesos se prestarían a un tráfico de influencias. De otra manera no se entendería por qué pagarían. Cabe indicar que el Gobierno tuvo hace un tiempo la intención de mejorar los procesos de adquisición creando Perú Compra y anunciando otras reformas. Pero, al final, todo quedó inexplicablemente en nada.
Ahora queda claro ese cambio de parecer ante la evidencia de que una porción importante del gabinete de entonces mostró inexplicable preocupación por los negocios de un proveedor. Incluso, aunque al final no hubiera ocurrido dolo en una operación, el hecho es que algunos han lucrado de la sola percepción de que se podía arreglar una licitación. Ministros y altos funcionarios participando continuamente en reuniones privadas, contribuyeron a crear esa percepción.

Finalmente, la lección de este escandaloso caso tiene que ser la necesidad de modernizar y transparentar la gestión del Estado. En pleno siglo XXI no existen obstáculos para la automatización de procedimientos ni para la publicación de actas en todas las fases de un proceso. Es más, la centralización de compras que el Gobierno asumió, y luego quién sabe por qué motivo abandonó, sería un gran paso adelante, ya que es mucho más sencillo fiscalizar a un pequeño grupo de especialistas que a todo el aparato estatal. De cualquier manera, este episodio nos reitera que tenemos necesariamente que eliminar el mercantilismo que rodea al Estado si queremos eventualmente erradicar la corrupción.

PERU21

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