Desde El Comercio creemos que más allá de sus funciones de informar, opinar y entretener, los medios de comunicación, como miembros de la sociedad civil, también deben hacer un periodismo cívico, gestor de espacios de diálogo ciudadano, que contribuya al debate de los principales problemas de nuestro país.
Con ese objetivo nacieron las audiencias distritales, regionales y macrorregionales, así como las mesas redondas para recoger las propuestas de solución y ponerlas directamente a consideración de las autoridades y de los ciudadanos organizados. Estos encuentros han demostrado su eficacia para como cabildos abiertos ventilar las diferencias y prevenir los conflictos sociales que se han multiplicado en los últimos años.
Por ejemplo, en nuestra última mesa redonda realizada en Piura, el diálogo ha puesto en evidencia varias complejidades relacionadas con las inversiones hidroenergéticas en la zona norte del país. La más grave, sin duda, se refiere al problema que sigue enfrentado a piuranos y lambayecanos en torno a las aguas del río Huancabamba.
Después de años de postergación, debe reconocerse que en este tema se han derribado muchas barreras, incluyendo la presupuestaria, aunque aún se necesita que el Estado cumpla con asignar las partidas que faltan, para que los proyectos Alto Piura y Olmos sean una realidad.
El problema de fondo, sin embargo, es más profundo y revela que las diferencias por el agua pueden ser tan o más complejas que las luchas por la tierra. En este caso, como ha demostrado la mesa redonda, lo que está en juego es el futuro de dos regiones que lamentablemente siguen pensando bajo premisas muy localistas.
Afortunadamente, son varias las propuestas técnicas que se han señalado, que van desde una redefinición de las políticas de los respectivos gobiernos regionales de Piura y Lambayeque, hasta la realización de un arbitraje que ponga fin a sus disputas.
También ha quedado claro que el poder político tendrá que involucrarse mucho más para reivindicar y sobre todo separar los derechos de una y otra región de la manera más equitativa posible. La situación no se va a resolver solo legislativamente, pero ayudaría enormemente que el Congreso o el Ejecutivo, junto a las regiones, analicen los pro y contra de los estudios técnicos existentes que proponen salidas válidas y pertinentes.
Después de la reforma agraria, el Estado tiene que asumir las tareas que históricamente los gobernantes en general y los parlamentarios en particular se han negado a cumplir, tanto en la definición de estrategias y políticas agrarias para mejorar aspectos técnico-productivos, como para el desarrollo rural. Después de todo, lo que sucede en Piura y Lambayeque no es un caso aislado. Existen problemas similares entre Moquegua y Tacna; así como en Puno, Arequipa y en Áncash.
Por eso, como ha permitido apreciar nuestra mesa redonda en Piura, la resolución de los conflictos sociales exige que los poderes públicos y la sociedad civil organizada pasemos del diálogo a las tareas legislativas, políticas y sobre todo técnicas que se necesitan.
el comercio
Con ese objetivo nacieron las audiencias distritales, regionales y macrorregionales, así como las mesas redondas para recoger las propuestas de solución y ponerlas directamente a consideración de las autoridades y de los ciudadanos organizados. Estos encuentros han demostrado su eficacia para como cabildos abiertos ventilar las diferencias y prevenir los conflictos sociales que se han multiplicado en los últimos años.
Por ejemplo, en nuestra última mesa redonda realizada en Piura, el diálogo ha puesto en evidencia varias complejidades relacionadas con las inversiones hidroenergéticas en la zona norte del país. La más grave, sin duda, se refiere al problema que sigue enfrentado a piuranos y lambayecanos en torno a las aguas del río Huancabamba.
Después de años de postergación, debe reconocerse que en este tema se han derribado muchas barreras, incluyendo la presupuestaria, aunque aún se necesita que el Estado cumpla con asignar las partidas que faltan, para que los proyectos Alto Piura y Olmos sean una realidad.
El problema de fondo, sin embargo, es más profundo y revela que las diferencias por el agua pueden ser tan o más complejas que las luchas por la tierra. En este caso, como ha demostrado la mesa redonda, lo que está en juego es el futuro de dos regiones que lamentablemente siguen pensando bajo premisas muy localistas.
Afortunadamente, son varias las propuestas técnicas que se han señalado, que van desde una redefinición de las políticas de los respectivos gobiernos regionales de Piura y Lambayeque, hasta la realización de un arbitraje que ponga fin a sus disputas.
También ha quedado claro que el poder político tendrá que involucrarse mucho más para reivindicar y sobre todo separar los derechos de una y otra región de la manera más equitativa posible. La situación no se va a resolver solo legislativamente, pero ayudaría enormemente que el Congreso o el Ejecutivo, junto a las regiones, analicen los pro y contra de los estudios técnicos existentes que proponen salidas válidas y pertinentes.
Después de la reforma agraria, el Estado tiene que asumir las tareas que históricamente los gobernantes en general y los parlamentarios en particular se han negado a cumplir, tanto en la definición de estrategias y políticas agrarias para mejorar aspectos técnico-productivos, como para el desarrollo rural. Después de todo, lo que sucede en Piura y Lambayeque no es un caso aislado. Existen problemas similares entre Moquegua y Tacna; así como en Puno, Arequipa y en Áncash.
Por eso, como ha permitido apreciar nuestra mesa redonda en Piura, la resolución de los conflictos sociales exige que los poderes públicos y la sociedad civil organizada pasemos del diálogo a las tareas legislativas, políticas y sobre todo técnicas que se necesitan.
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