PARA ASEGURAR UN PROCESO CONCERTADO Y COORDINADO
Por: Kantuta Vallenas *
La descentralización debe ser vista como una oportunidad para que el Estado incremente la eficacia y calidad de sus servicios, atendiendo a la heterogeneidad de la población y los niveles de desigualdad. Por otra parte, constituye una oportunidad para extender los espacios de democracia en el ámbito regional, así como en el local.
Para descentralizar al Estado, el Gobierno requiere una estrecha coordinación y concertación de sus distintos niveles en el diseño e implementación de las políticas, en los que se articule el interés nacional con los de cada región y localidad.
Ciertamente, no se trata de la alineación de las políticas de un nivel de gobierno con las de otro, sino de una construcción conjunta de las políticas públicas, bajo la lógica de un Estado unitario y descentralizado.
Esta labor de articulación se debería producir en el seno del Consejo de Coordinación Intergubernamental, integrado por el presidente del Consejo de Ministros, los presidentes regionales y una representación de alcaldes. La finalidad de esta entidad es fortalecer el proceso de descentralización y promover su seguimiento dada su condición de política de Estado.
En un reciente informe defensorial, la Defensoría del Pueblo recomendó a la PCM la pronta aprobación de un reglamento que precise las responsabilidades y atribuciones del referido consejo, y se le consolide como el espacio de coordinación y concertación entre los distintos niveles de gobierno, necesario para el adecuado desarrollo del proceso de descentralización. Aunque su instalación se llevó a cabo en diciembre pasado, todavía no se ha reglamentado su organización y funcionamiento.
Uno de los aspectos que debería regular dicho reglamento es, sin duda, la representación de los alcaldes provinciales y distritales en el consejo. Para ello se podría tener en cuenta criterios como la representación de todos los departamentos del territorio nacional, la participación de las autoridades locales de las zonas más excluidas del país, así como la inclusión de alcaldes y alcaldesas indígenas, en la perspectiva de asegurar que la concertación y coordinación de las políticas y planes nacionales, regionales y locales se produzca en un contexto en el que la pluralidad social, económica y étnica del país se encuentre representada.
Asimismo, resulta importante que se defina claramente el nivel de relación o coordinación del Consejo de Coordinación Intergubernamental con la Secretaría de Descentralización de la PCM, en el marco del proceso de descentralización y, particularmente, del fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales.
Así pues, el Consejo de Coordinación Intergubernamental constituye una pieza clave para asegurar un proceso de descentralización concertado y coordinado. En consecuencia, urge dotarlo de herramientas y de reglas claras para su adecuado funcionamiento.
Por: Kantuta Vallenas *
La descentralización debe ser vista como una oportunidad para que el Estado incremente la eficacia y calidad de sus servicios, atendiendo a la heterogeneidad de la población y los niveles de desigualdad. Por otra parte, constituye una oportunidad para extender los espacios de democracia en el ámbito regional, así como en el local.
Para descentralizar al Estado, el Gobierno requiere una estrecha coordinación y concertación de sus distintos niveles en el diseño e implementación de las políticas, en los que se articule el interés nacional con los de cada región y localidad.
Ciertamente, no se trata de la alineación de las políticas de un nivel de gobierno con las de otro, sino de una construcción conjunta de las políticas públicas, bajo la lógica de un Estado unitario y descentralizado.
Esta labor de articulación se debería producir en el seno del Consejo de Coordinación Intergubernamental, integrado por el presidente del Consejo de Ministros, los presidentes regionales y una representación de alcaldes. La finalidad de esta entidad es fortalecer el proceso de descentralización y promover su seguimiento dada su condición de política de Estado.
En un reciente informe defensorial, la Defensoría del Pueblo recomendó a la PCM la pronta aprobación de un reglamento que precise las responsabilidades y atribuciones del referido consejo, y se le consolide como el espacio de coordinación y concertación entre los distintos niveles de gobierno, necesario para el adecuado desarrollo del proceso de descentralización. Aunque su instalación se llevó a cabo en diciembre pasado, todavía no se ha reglamentado su organización y funcionamiento.
Uno de los aspectos que debería regular dicho reglamento es, sin duda, la representación de los alcaldes provinciales y distritales en el consejo. Para ello se podría tener en cuenta criterios como la representación de todos los departamentos del territorio nacional, la participación de las autoridades locales de las zonas más excluidas del país, así como la inclusión de alcaldes y alcaldesas indígenas, en la perspectiva de asegurar que la concertación y coordinación de las políticas y planes nacionales, regionales y locales se produzca en un contexto en el que la pluralidad social, económica y étnica del país se encuentre representada.
Asimismo, resulta importante que se defina claramente el nivel de relación o coordinación del Consejo de Coordinación Intergubernamental con la Secretaría de Descentralización de la PCM, en el marco del proceso de descentralización y, particularmente, del fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales.
Así pues, el Consejo de Coordinación Intergubernamental constituye una pieza clave para asegurar un proceso de descentralización concertado y coordinado. En consecuencia, urge dotarlo de herramientas y de reglas claras para su adecuado funcionamiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario