El Ejecutivo está empeñado en batir récords en los indicadores del crecimiento del sector construcción. Y aparentemente lo hace a cualquier costo, sin mayor planificación. Afiebrado por este objetivo señala que busca promover la venta de algunos predios del Estado sin importarle, por ejemplo, desarticular las expectativas del Ministerio de Educación respecto al mejor uso que darle al local que ocupaba en el distrito de San Borja.
Igualmente, a tontas y a locas licitó la venta del terreno que ocupa el Aeroclub de Collique (Escuela de Aviación Comercial) y la Industria Nacional de Aeronáutica (Indaer), entregando nada menos que 64 has. -violando una carga pétrea establecida en los términos de la donación efectuada hace más de medio siglo por 500 mil peruanos para su uso exclusivo en el fomento de la aviación civil– a un consorcio inmobiliario peruano-chileno para construir 22 mil viviendas, pero ocultando la verdadera razón del negocio que consiste en levantar allí un mega centro comercial. No olvidemos que similar despropósito se quiso acometer contra un área del terreno de la Comandancia General del Ejército, al que se pretendió cercenar más de 19 has. Sin embargo, la reacción de la prensa, de la Municipalidad de San Borja, de los vecinos y de oficiales y suboficiales del Ejército en situación de retiro, logró hacer que el Ejecutivo retroceda en esta irracional pretensión.
Lamentablemente, no contento con todo ese alboroto generado, y luego que su bancada en el Congreso de la República y el Ejecutivo olearan y sacramentaran una peligrosa ley de expropiación de terrenos (públicos y privados) cercenados a sus legítimos propietarios para entregarlos a invasores y traficantes de tierras –que suelen agazaparse detrás de determinados políticos– el gobierno promocionó la promulgación de aquel brulote dizque destinado a “formalizar y titular” los terrenos capturados. Para tratar de justificar la promulgación de ese dispositivo jurídico, el gobierno apenas esgrime argumentos jalados de los cabellos. Claro está, porque razones constitucionales no las hay, ya que aquella norma expropiatoria atenta contra la sana aplicación y vigencia de la Carta Magna. ¿Y qué dicen los voceros oficialistas? Que hay que promover la vivienda, impulsar la producción de materiales de construcción, generar empleo y titular al poseedor predial.
Muy bien. Coincidimos con esas metas. Pero para llegar a ellas hay otros caminos. Legales y administrativos. Y ninguno necesita subvertir el respeto al derecho de propiedad ni quebrar el orden constitucional. En consecuencia, además de llevarse de encuentro las razones de derecho, el gobierno hace demagogia populachera con esa ley, pues a la inversa de la economía y la sociología sanas, lo único que está generando –con su carrera vendedora de predios públicos y con su funesta medida expropiatoria– es consolidar una Lima más centralista. En vez de promover –mediante proyectos viables coordinados con las regiones– el retorno de los provincianos al interior del país, lo que está haciendo el Ejecutivo es dar señales e incentivos equivocados para que más gente venga a la capital, entusiasmada en invadir terrenos ajenos para luego exigir su expropiación. Esto es irresponsable. Lima ya tiene ocho millones de habitantes, sufre de contaminación ambiental y no tiene servicios públicos adecuados que garanticen una mejor calidad de vida para todos. Y por encima de todo, el gobierno promueve el asalto a la propiedad privada.
expreso
Igualmente, a tontas y a locas licitó la venta del terreno que ocupa el Aeroclub de Collique (Escuela de Aviación Comercial) y la Industria Nacional de Aeronáutica (Indaer), entregando nada menos que 64 has. -violando una carga pétrea establecida en los términos de la donación efectuada hace más de medio siglo por 500 mil peruanos para su uso exclusivo en el fomento de la aviación civil– a un consorcio inmobiliario peruano-chileno para construir 22 mil viviendas, pero ocultando la verdadera razón del negocio que consiste en levantar allí un mega centro comercial. No olvidemos que similar despropósito se quiso acometer contra un área del terreno de la Comandancia General del Ejército, al que se pretendió cercenar más de 19 has. Sin embargo, la reacción de la prensa, de la Municipalidad de San Borja, de los vecinos y de oficiales y suboficiales del Ejército en situación de retiro, logró hacer que el Ejecutivo retroceda en esta irracional pretensión.
Lamentablemente, no contento con todo ese alboroto generado, y luego que su bancada en el Congreso de la República y el Ejecutivo olearan y sacramentaran una peligrosa ley de expropiación de terrenos (públicos y privados) cercenados a sus legítimos propietarios para entregarlos a invasores y traficantes de tierras –que suelen agazaparse detrás de determinados políticos– el gobierno promocionó la promulgación de aquel brulote dizque destinado a “formalizar y titular” los terrenos capturados. Para tratar de justificar la promulgación de ese dispositivo jurídico, el gobierno apenas esgrime argumentos jalados de los cabellos. Claro está, porque razones constitucionales no las hay, ya que aquella norma expropiatoria atenta contra la sana aplicación y vigencia de la Carta Magna. ¿Y qué dicen los voceros oficialistas? Que hay que promover la vivienda, impulsar la producción de materiales de construcción, generar empleo y titular al poseedor predial.
Muy bien. Coincidimos con esas metas. Pero para llegar a ellas hay otros caminos. Legales y administrativos. Y ninguno necesita subvertir el respeto al derecho de propiedad ni quebrar el orden constitucional. En consecuencia, además de llevarse de encuentro las razones de derecho, el gobierno hace demagogia populachera con esa ley, pues a la inversa de la economía y la sociología sanas, lo único que está generando –con su carrera vendedora de predios públicos y con su funesta medida expropiatoria– es consolidar una Lima más centralista. En vez de promover –mediante proyectos viables coordinados con las regiones– el retorno de los provincianos al interior del país, lo que está haciendo el Ejecutivo es dar señales e incentivos equivocados para que más gente venga a la capital, entusiasmada en invadir terrenos ajenos para luego exigir su expropiación. Esto es irresponsable. Lima ya tiene ocho millones de habitantes, sufre de contaminación ambiental y no tiene servicios públicos adecuados que garanticen una mejor calidad de vida para todos. Y por encima de todo, el gobierno promueve el asalto a la propiedad privada.
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