El mismo día que nuestro colaborador Víctor Robles, en artículo publicado en las páginas centrales, alertaba que el terrorismo no se ha arrepentido y está agazapado, listo para atacar de nuevo, se producía la voladura de una torre de alta tensión en Huánuco.
Y aunque atentados de este tipo no ocurrían desde mediados de la década de los ’90, solo fue destacado en portada por Correo y este diario. El resto de medios prefirió ocuparse de temas tan trascendentales como las cuatro policías que aparecieron en un video en Internet ligeras de ropas (una pacatería, de paso, que las hayan sancionado por una travesura sin consecuencias; en todo caso, deberían buscar y castigar a quienes difundieron las imágenes íntimas).
Ciertamente una golondrina no hace un verano, y una voladura con dinamita no significa que Sendero esté, como a comienzos del ’90, en condiciones de poner en jaque al país. Pero conviene mantenerse alertas ante hechos de este tipo. Si bien no es cuestión de caer en alarmismos, tampoco es buena la política del avestruz.
Porque, como también señaló Robles en el artículo, hay numerosos indicios de que Sendero Luminoso está muy activo y desarrolla una intensa labor proselitista en busca de apoyo a sus objetivos actuales: liberar a sus presos e infiltrarse más en las organizaciones gremiales y populares para inculcar su prédica violentista y reclutar terroristas. Y –Robles dixit y nosotros suscribimos– se corrobora además que el terrorismo y la izquierda marxista y caviar comparten una misma campaña que busca anular la acción policial contra la violencia acusando a la democracia de “criminalizar la protesta social”.
A esto se suma que no tiene visos de acabar la campaña de persecución contra los militares que combatieron el terrorismo. Peor aún, está descendiendo a simas inauditas de abyección, como lo prueba el hecho de que, cuándo no, la CIDH reclame un nuevo juicio a los héroes de Chavín de Huántar y una indemnización a los parientes de los bandoleros del MRTA que capturaron la embajada japonesa.
Esta perversa cacería contra los héroes de la pacificación debe cesar de inmediato. Y la mejor manera sería a través de una Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, similar a la que promulgó en Uruguay a fines de 1986 el gobierno democrático de Julio María Sanguinetti. Por supuesto, los caviares pondrían el grito en el cielo (en Uruguay quisieron tirarse abajo esa ley mediante referendo pero la gente votó por 57% contra 43 para que se mantenga; aquí un referendo a favor de amnistía para los militares ganaría por 99.5 por ciento).
A ver si el Ejecutivo y el Congreso se ponen los pantalones en esto de una vez. Nuestras fuerzas armadas no merecen semejante maltrato. Demostremos que somos una nación agradecida. Y si a los caviares no le gusta, que se vayan a llorar a las playas de “Eisha”.
Y aunque atentados de este tipo no ocurrían desde mediados de la década de los ’90, solo fue destacado en portada por Correo y este diario. El resto de medios prefirió ocuparse de temas tan trascendentales como las cuatro policías que aparecieron en un video en Internet ligeras de ropas (una pacatería, de paso, que las hayan sancionado por una travesura sin consecuencias; en todo caso, deberían buscar y castigar a quienes difundieron las imágenes íntimas).
Ciertamente una golondrina no hace un verano, y una voladura con dinamita no significa que Sendero esté, como a comienzos del ’90, en condiciones de poner en jaque al país. Pero conviene mantenerse alertas ante hechos de este tipo. Si bien no es cuestión de caer en alarmismos, tampoco es buena la política del avestruz.
Porque, como también señaló Robles en el artículo, hay numerosos indicios de que Sendero Luminoso está muy activo y desarrolla una intensa labor proselitista en busca de apoyo a sus objetivos actuales: liberar a sus presos e infiltrarse más en las organizaciones gremiales y populares para inculcar su prédica violentista y reclutar terroristas. Y –Robles dixit y nosotros suscribimos– se corrobora además que el terrorismo y la izquierda marxista y caviar comparten una misma campaña que busca anular la acción policial contra la violencia acusando a la democracia de “criminalizar la protesta social”.
A esto se suma que no tiene visos de acabar la campaña de persecución contra los militares que combatieron el terrorismo. Peor aún, está descendiendo a simas inauditas de abyección, como lo prueba el hecho de que, cuándo no, la CIDH reclame un nuevo juicio a los héroes de Chavín de Huántar y una indemnización a los parientes de los bandoleros del MRTA que capturaron la embajada japonesa.
Esta perversa cacería contra los héroes de la pacificación debe cesar de inmediato. Y la mejor manera sería a través de una Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, similar a la que promulgó en Uruguay a fines de 1986 el gobierno democrático de Julio María Sanguinetti. Por supuesto, los caviares pondrían el grito en el cielo (en Uruguay quisieron tirarse abajo esa ley mediante referendo pero la gente votó por 57% contra 43 para que se mantenga; aquí un referendo a favor de amnistía para los militares ganaría por 99.5 por ciento).
A ver si el Ejecutivo y el Congreso se ponen los pantalones en esto de una vez. Nuestras fuerzas armadas no merecen semejante maltrato. Demostremos que somos una nación agradecida. Y si a los caviares no le gusta, que se vayan a llorar a las playas de “Eisha”.
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