Las idas y venidas en las investigaciones del “chuponeo” de las comunicaciones ciertamente confunden. Y es que la reciente e inoportuna decisión de la jueza del Juzgado Penal 34 de Lima, María Martínez Gutiérrez, de pedir a la Fiscalía de la Nación que le remita el material incautado a la empresa Business Track (BTR), puede echar por la borda el proceso en marcha al complicarlo y restarle celeridad.
Desde que el Ministerio Público y la Dirandro detuvieron el 8 de enero a seis directivos de Business Track, el proceso ha avanzado expeditivamente. El 23 de enero, la fiscalía denunció a los inculpados, y el 15 de febrero, es decir en poco más de un mes, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, anunció que las investigaciones terminarían en dos meses y medio aproximadamente.
Cabe señalar que la fiscalía había pedido al Poder Judicial que ampliara el período concedido para culminar las investigaciones, pues para el 23 de enero solo se había revisado el 8% de los materiales contenidos en las computadoras, CD, audios, correos electrónicos y USB incautados. Y por eso, entendemos, el 30 de enero, la jueza Martínez autorizó que el Ministerio Público continuara el levantamiento de la información.
Por ello, hoy llama la atención que la titular del trigésimo cuarto juzgado cambie de opinión sorpresivamente y, lo más grave, que sustente que esta “autocorrección” de una decisión suya la haga en virtud a un pedido presentado por la defensa de Giselle Giannotti Grados, una de las directivas de BTR.
Es claro que la doctora Martínez está cumpliendo con sus funciones y con los fundamentos legales correspondientes, que avalan la decisión que ha tomado a fin de cautelar que el proceso no sea interrumpido ni sea declarado nulo más adelante. Según el Código Procesal Penal, la investigación de la fiscalía culmina cuando se formula acusación ante el juez y se inicia el proceso penal. Además, en la etapa de instrucción corresponde al juez liderar la investigación judicial. Sin embargo, la pregunta es si su despacho se dará abasto para ver este delicado caso en real complejidad y cumplir con el plazo de instrucción establecido para conocer todo el material incautado, como lo venía haciendo la fiscalía a dedicación exclusiva. Es más, cómo se garantizará la seguridad de la cantidad de pruebas y documentos hoy en manos del Poder Judicial.
Ante ello, la doctora Martínez tiene en sus manos la potestad —y la responsabilidad—de atender la apelación del Ministerio Público, y aprobar la ampliación de la denuncia para que continúe con las pesquisas, lo cual sería una decisión saludable. Finalmente, allí se cuenta con un fiscal dedicado exclusivamente a esa tarea, que además ha venido conociendo y manejando la información.
Cuidado. Lo que está en juego no solo es conocer quién se esconde detrás de la interceptación de las comunicaciones, sino también quién contrató los servicios de BTR. Y, precisamente, eso es lo que se está poniendo en riesgo.
EL COMERCIO
Desde que el Ministerio Público y la Dirandro detuvieron el 8 de enero a seis directivos de Business Track, el proceso ha avanzado expeditivamente. El 23 de enero, la fiscalía denunció a los inculpados, y el 15 de febrero, es decir en poco más de un mes, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, anunció que las investigaciones terminarían en dos meses y medio aproximadamente.
Cabe señalar que la fiscalía había pedido al Poder Judicial que ampliara el período concedido para culminar las investigaciones, pues para el 23 de enero solo se había revisado el 8% de los materiales contenidos en las computadoras, CD, audios, correos electrónicos y USB incautados. Y por eso, entendemos, el 30 de enero, la jueza Martínez autorizó que el Ministerio Público continuara el levantamiento de la información.
Por ello, hoy llama la atención que la titular del trigésimo cuarto juzgado cambie de opinión sorpresivamente y, lo más grave, que sustente que esta “autocorrección” de una decisión suya la haga en virtud a un pedido presentado por la defensa de Giselle Giannotti Grados, una de las directivas de BTR.
Es claro que la doctora Martínez está cumpliendo con sus funciones y con los fundamentos legales correspondientes, que avalan la decisión que ha tomado a fin de cautelar que el proceso no sea interrumpido ni sea declarado nulo más adelante. Según el Código Procesal Penal, la investigación de la fiscalía culmina cuando se formula acusación ante el juez y se inicia el proceso penal. Además, en la etapa de instrucción corresponde al juez liderar la investigación judicial. Sin embargo, la pregunta es si su despacho se dará abasto para ver este delicado caso en real complejidad y cumplir con el plazo de instrucción establecido para conocer todo el material incautado, como lo venía haciendo la fiscalía a dedicación exclusiva. Es más, cómo se garantizará la seguridad de la cantidad de pruebas y documentos hoy en manos del Poder Judicial.
Ante ello, la doctora Martínez tiene en sus manos la potestad —y la responsabilidad—de atender la apelación del Ministerio Público, y aprobar la ampliación de la denuncia para que continúe con las pesquisas, lo cual sería una decisión saludable. Finalmente, allí se cuenta con un fiscal dedicado exclusivamente a esa tarea, que además ha venido conociendo y manejando la información.
Cuidado. Lo que está en juego no solo es conocer quién se esconde detrás de la interceptación de las comunicaciones, sino también quién contrató los servicios de BTR. Y, precisamente, eso es lo que se está poniendo en riesgo.
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