Los recientes escándalos protagonizados por algunos congresistas tienen que motivar una severa reflexión sobre la razón de ser de este poder del Estado, piedra angular del sistema democrático. ¿Acaso no se dan cuenta del grave daño que hacen a la democracia y la gobernabilidad del país?
En lo que va de este Congreso han ocurrido 23 casos de inconducta y nueve legisladores han sido suspendidos. Hay desde acusados por contratar personal fantasma hasta uno acuchillado por su esposa. Además, tenemos otra congresista que obstruye la labor de autoridades fiscales y policiales en la erradicación de la coca y su ex asesor ha sido detenido con 140 kilos de cocaína.
Tal situación no puede continuar, so riesgo de acelerar la cuesta abajo del Poder Legislativo y arrastrar consigo el Estado de derecho.
El oficialismo y la oposición democrática no pueden permitir que el Congreso se desprestigie más ante la opinión pública y los ciudadanos, que deben aprender a elegir mejor. Basta ver el reciente sondeo de la PUCP que señala mayoritariamente al Congreso (78%) como una institución corrupta.
Pero el mea culpa ante la ciudadanía no puede ser simplemente discursivo, sino que debe llevar a las bancadas a coordinar acciones concretas, tanto para sancionar comportamientos inmorales o delictivos, fuera de cualquier negociación que confunda inmunidad con impunidad, cuanto para promover consensos y aprobar las leyes y reformas que el país reclama.
Detrás de todos estos problemas está, como puede intuirse, la endeblez de los partidos políticos, cuyos líderes siguen negándose a renovarlos y convertirlos en modelos de democracia interna. ¡Y después nos quejamos de los caudillos improvisados que aparecen a la última hora de las elecciones!
Al Congreso le corresponde legislar y fiscalizar, también para renovarse a sí mismo, algo que no llegan a entender los parlamentarios. ¿Cómo es posible que hayan desechado de un modo tan irresponsable la renovación por mitades? ¿A qué le temen?
La obligación de consolidar la democracia y el Estado de derecho implica no solo retomar esta iniciativa, sino también poner a debate la revocatoria congresal dentro de un nuevo sistema de distrito electoral que conjugue descentralización, representación y, por supuesto, responsabilidad y rendición de cuentas ante un grupo de electores por cada circunscripción.
Al respecto, al reacomodo de los distritos electorales debe sumarse también el retorno a la bicameralidad, el voto facultativo y la eliminación del voto preferencial. La mesa directiva y los voceros de las bancadas tienen la palabra: reconciliarse con la ciudadanía exige dejar de lado intereses personales y partidarios para, de cara al interés nacional, abordar seriamente estas reformas con responsabilidad, generosidad y visión de futuro.
EL COMERCIO
En lo que va de este Congreso han ocurrido 23 casos de inconducta y nueve legisladores han sido suspendidos. Hay desde acusados por contratar personal fantasma hasta uno acuchillado por su esposa. Además, tenemos otra congresista que obstruye la labor de autoridades fiscales y policiales en la erradicación de la coca y su ex asesor ha sido detenido con 140 kilos de cocaína.
Tal situación no puede continuar, so riesgo de acelerar la cuesta abajo del Poder Legislativo y arrastrar consigo el Estado de derecho.
El oficialismo y la oposición democrática no pueden permitir que el Congreso se desprestigie más ante la opinión pública y los ciudadanos, que deben aprender a elegir mejor. Basta ver el reciente sondeo de la PUCP que señala mayoritariamente al Congreso (78%) como una institución corrupta.
Pero el mea culpa ante la ciudadanía no puede ser simplemente discursivo, sino que debe llevar a las bancadas a coordinar acciones concretas, tanto para sancionar comportamientos inmorales o delictivos, fuera de cualquier negociación que confunda inmunidad con impunidad, cuanto para promover consensos y aprobar las leyes y reformas que el país reclama.
Detrás de todos estos problemas está, como puede intuirse, la endeblez de los partidos políticos, cuyos líderes siguen negándose a renovarlos y convertirlos en modelos de democracia interna. ¡Y después nos quejamos de los caudillos improvisados que aparecen a la última hora de las elecciones!
Al Congreso le corresponde legislar y fiscalizar, también para renovarse a sí mismo, algo que no llegan a entender los parlamentarios. ¿Cómo es posible que hayan desechado de un modo tan irresponsable la renovación por mitades? ¿A qué le temen?
La obligación de consolidar la democracia y el Estado de derecho implica no solo retomar esta iniciativa, sino también poner a debate la revocatoria congresal dentro de un nuevo sistema de distrito electoral que conjugue descentralización, representación y, por supuesto, responsabilidad y rendición de cuentas ante un grupo de electores por cada circunscripción.
Al respecto, al reacomodo de los distritos electorales debe sumarse también el retorno a la bicameralidad, el voto facultativo y la eliminación del voto preferencial. La mesa directiva y los voceros de las bancadas tienen la palabra: reconciliarse con la ciudadanía exige dejar de lado intereses personales y partidarios para, de cara al interés nacional, abordar seriamente estas reformas con responsabilidad, generosidad y visión de futuro.
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