En días recientes, dos espantosos homicidios –seguidos de suicidios– han impactado en la opinión pública: la sociedad está saturada –hasta la indiferencia– por la reiteración de esta clase de hechos que no hacen sino redescubrir la entraña de un problema que está adquiriendo en el mundo y en el país características epidémicas: las enfermedades y desórdenes mentales.
En poco más de diez años –el 2020 según datos de la Organización Mundial de la Salud– las enfermedades mentales serán la segunda causa de discapacidad en el orbe y la segunda también de mortalidad. Mientras la depresión se instala en más personas incrementando la tasa de suicidio, el consumo de alcohol va en letal aumento y la violencia doméstica e infantil sigue cobrando vidas y destruyendo hogares. Estos tres problemas, no sólo nacionales sino globales, constituyen la expresión de uno mayor del cual derivan: las patologías de la mente humana que los adelantos tecnológicos y los crecimientos económicos no han podido ni siquiera paliar, como si fuera el precio que hay que pagar por el progreso.
Se trata de problemas de salud pública que hay primero que identificar y prevenir con una política integral que promueva estilos de vida saludables, fortalezca los núcleos familiares y comunales, aliente los procesos educativos y, dentro de ellos, promueva el papel del arte y el deporte y diseñe una estrategia de atención y tratamiento para los casos identificados. Es un problema intersectorial y así debe ser enfrentado en sus aspectos preventivos y curativos, poniendo énfasis en los primeros a partir de una adecuada estrategia organizada desde el Ministerio de Salud, con la articulación de EsSalud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, y el sector privado. En este sentido, el aseguramiento universal en salud –que acaba de iniciarse en las tres regiones más pobres del país– resulta un espacio apropiado para desarrollar esa estrategia.
Finalmente, desde los medios de comunicación es imperativo informar y educar. Por dar sólo un ejemplo, si las adicciones son consideradas un vicio y no un problema relacionado a la salud mental, esa concepción hace prácticamente imposible la supervisión de las llamadas comunidades terapéuticas. Trabajar en una norma que regule el funcionamiento de estos centros y promover una cultura de vida sana –que incluya el básico componente de salud mental– es un desafío abierto para todos.
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En poco más de diez años –el 2020 según datos de la Organización Mundial de la Salud– las enfermedades mentales serán la segunda causa de discapacidad en el orbe y la segunda también de mortalidad. Mientras la depresión se instala en más personas incrementando la tasa de suicidio, el consumo de alcohol va en letal aumento y la violencia doméstica e infantil sigue cobrando vidas y destruyendo hogares. Estos tres problemas, no sólo nacionales sino globales, constituyen la expresión de uno mayor del cual derivan: las patologías de la mente humana que los adelantos tecnológicos y los crecimientos económicos no han podido ni siquiera paliar, como si fuera el precio que hay que pagar por el progreso.
Se trata de problemas de salud pública que hay primero que identificar y prevenir con una política integral que promueva estilos de vida saludables, fortalezca los núcleos familiares y comunales, aliente los procesos educativos y, dentro de ellos, promueva el papel del arte y el deporte y diseñe una estrategia de atención y tratamiento para los casos identificados. Es un problema intersectorial y así debe ser enfrentado en sus aspectos preventivos y curativos, poniendo énfasis en los primeros a partir de una adecuada estrategia organizada desde el Ministerio de Salud, con la articulación de EsSalud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, y el sector privado. En este sentido, el aseguramiento universal en salud –que acaba de iniciarse en las tres regiones más pobres del país– resulta un espacio apropiado para desarrollar esa estrategia.
Finalmente, desde los medios de comunicación es imperativo informar y educar. Por dar sólo un ejemplo, si las adicciones son consideradas un vicio y no un problema relacionado a la salud mental, esa concepción hace prácticamente imposible la supervisión de las llamadas comunidades terapéuticas. Trabajar en una norma que regule el funcionamiento de estos centros y promover una cultura de vida sana –que incluya el básico componente de salud mental– es un desafío abierto para todos.
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