No es novedad que la relación de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Argentina con el periodismo independiente sea precaria y hasta insostenible. Sin embargo, la situación se torna más grave aun cuando la animadversión de los presidentes Hugo Chávez, Rafael Correa o Cristina Fernández de Kirchner coincide con la dación de normas cuestionables, impulsadas desde el poder, que pueden poner el riesgo las libertades de expresión, prensa y empresa.
El caso de la reciente Ley de Medios Audiovisuales, aprobada por el Parlamento argentino el sábado último, es sintomático de todo eso. Y es que por esa vía no solo pueden imponerse cortapisas a la prensa, sino un peligroso clima de confrontación, bajo la premisa engañosa de que el Estado solo busca democratizar el acceso a la información. Hoy mismo este debate ha polarizado a la Argentina, dividida entre los que piensan que la nueva ley terminará con los monopolios de la comunicación y aquellos que critican la norma por los peligros que entraña al Estado de derecho. Por ejemplo, si bien fomenta la pluralidad en el reparto del espacio radioeléctrico en partes iguales —Estado, sector privado y organizaciones sin fines de lucro, como sindicatos, cooperativas, universidades, fundaciones e iglesias—, no garantiza que ese sector social representado no será digitado por el régimen.
Luego, contrariamente al espíritu público de la norma, establece que el otorgamiento de las licencias de funcionamiento de los medios estará en manos de un organismo integrado por una mayoría designada por el Poder Ejecutivo, cuando podría delegarse esa facultad a la sociedad civil, organizada y autónoma, para evitar la interferencia política.
Asimismo, la ley obliga a las empresas audiovisuales a desprenderse de aquellos medios que excedan el número de licencias permitidas por la nueva legislación en el término de un año, aunque no permitirá a las compañías invocar el derecho adquirido por las licencias actuales. En la práctica, esto significa que los conglomerados deberán vender canales y frecuencias, a precios no competitivos, o elegir entre ser dueños de una señal abierta y proveedores del servicio pagado de televisión por cable.
A pesar de estos y otros cuestionamientos, llama la atención que la norma haya sido aprobada por un Congreso que, por este camino, pretende sancionar ciertos excesos de la prensa argentina, seguramente reprobables, pero que no se erradicarán promoviendo el control de la Casa Rosada sobre la comunicación.
Igual de reprobable sería comprobar que esta Ley de Medios Audiovisuales es, como se afirma, una especie de castigo para medios opositores como “Clarín”, sometido a las más extravagantes intervenciones. Una de ellas fue la protagonizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando decenas de sus inspectores, insólita y exageradamente, colmaron las instalaciones de todas las empresas de ese importante conglomerado mediático, en una medida que luego atribuyeron a un error.
Ojalá la razón prime en los poderes públicos argentinos para evitar que la prensa retorne a un pasado oscuro. De lo contrario, habrá que esperar hasta diciembre cuando los congresistas elegidos en las recientes elecciones, miembros de la oposición, deroguen esta ley penalizadora que no tiene ni pies ni cabeza.
EL COMERCIO
El caso de la reciente Ley de Medios Audiovisuales, aprobada por el Parlamento argentino el sábado último, es sintomático de todo eso. Y es que por esa vía no solo pueden imponerse cortapisas a la prensa, sino un peligroso clima de confrontación, bajo la premisa engañosa de que el Estado solo busca democratizar el acceso a la información. Hoy mismo este debate ha polarizado a la Argentina, dividida entre los que piensan que la nueva ley terminará con los monopolios de la comunicación y aquellos que critican la norma por los peligros que entraña al Estado de derecho. Por ejemplo, si bien fomenta la pluralidad en el reparto del espacio radioeléctrico en partes iguales —Estado, sector privado y organizaciones sin fines de lucro, como sindicatos, cooperativas, universidades, fundaciones e iglesias—, no garantiza que ese sector social representado no será digitado por el régimen.
Luego, contrariamente al espíritu público de la norma, establece que el otorgamiento de las licencias de funcionamiento de los medios estará en manos de un organismo integrado por una mayoría designada por el Poder Ejecutivo, cuando podría delegarse esa facultad a la sociedad civil, organizada y autónoma, para evitar la interferencia política.
Asimismo, la ley obliga a las empresas audiovisuales a desprenderse de aquellos medios que excedan el número de licencias permitidas por la nueva legislación en el término de un año, aunque no permitirá a las compañías invocar el derecho adquirido por las licencias actuales. En la práctica, esto significa que los conglomerados deberán vender canales y frecuencias, a precios no competitivos, o elegir entre ser dueños de una señal abierta y proveedores del servicio pagado de televisión por cable.
A pesar de estos y otros cuestionamientos, llama la atención que la norma haya sido aprobada por un Congreso que, por este camino, pretende sancionar ciertos excesos de la prensa argentina, seguramente reprobables, pero que no se erradicarán promoviendo el control de la Casa Rosada sobre la comunicación.
Igual de reprobable sería comprobar que esta Ley de Medios Audiovisuales es, como se afirma, una especie de castigo para medios opositores como “Clarín”, sometido a las más extravagantes intervenciones. Una de ellas fue la protagonizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando decenas de sus inspectores, insólita y exageradamente, colmaron las instalaciones de todas las empresas de ese importante conglomerado mediático, en una medida que luego atribuyeron a un error.
Ojalá la razón prime en los poderes públicos argentinos para evitar que la prensa retorne a un pasado oscuro. De lo contrario, habrá que esperar hasta diciembre cuando los congresistas elegidos en las recientes elecciones, miembros de la oposición, deroguen esta ley penalizadora que no tiene ni pies ni cabeza.
EL COMERCIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario