La creciente tendencia del Tribunal Constitucional a emitir fallos inexplicables deja al desnudo tanto el desorden con el que trabajan como la evidente intención que tienen de legislar, pese a que no poseen esa facultad. Por ello, tiene sentido la propuesta del presidente de la Suprema de cerrarlo y de que esta última asuma sus funciones.
Si bien el planteamiento ha sido criticado y es imposible que prospere, ya que requiere de una reforma constitucional para la cual no existe suficiente apoyo, sirve como llamada de atención al evidente deterioro del tribunal, con el riesgo que conlleva para la estabilidad jurídica. Debería propiciar la búsqueda de alternativas de solución.
En primer lugar, cabe resaltar que el conflicto del Tribunal Constitucional con los poderes Legislativo y Judicial viene desde tiempo atrás, pero es en el último par de años cuando se han agudizado. Incluso daría la impresión de que, en la actualidad, cada miembro del colegiado maneja sus temas de manera individual y, luego, intercambian apoyo entre ellos, lo cual explicaría la falta de uniformidad en los fallos. Por tanto, se debería aprovechar que dos vocales se jubilan a fin de año para nombrar juristas de nivel que ayuden a mejorar la calidad del actual tribunal.
Es bueno recordar que el último proceso de selección de vocales en el Congreso fue un desastre total. Tuvo escándalos como el almuerzo de un candidato de fuerza con oscuros personajes, así como la renuncia del entonces oficial mayor –hoy funcionarios del Parlamento Andino– quien, disciplinadamente, asumió la culpa por el fiasco. Al final del proceso, y luego de innumerables votaciones, se acabaron repartiendo el tribunal en líneas partidarias, como si fuera una chacra.
Esto demuestra la incapacidad del Congreso para conducir nuevamente ese proceso, por lo que, antes de que terminen destruyendo por completo nuestro ordenamiento jurídico, eligiendo vocales inadecuados, le deberían solicitar a un grupo ad hoc de notables que presente una terna al Pleno. Creemos que esos notables tendrían mayor capacidad de convocatoria que nuestro desprestigiado Parlamento y, al realizarse un proceso previo de selección fuera del Congreso, se reduce el riesgo de un rechazo. Todo ello permitiría esperar que se logre atraer juristas de peso al tribunal; en caso contrario, nuestra estabilidad jurídica estaría en juego.
PERU 21
Si bien el planteamiento ha sido criticado y es imposible que prospere, ya que requiere de una reforma constitucional para la cual no existe suficiente apoyo, sirve como llamada de atención al evidente deterioro del tribunal, con el riesgo que conlleva para la estabilidad jurídica. Debería propiciar la búsqueda de alternativas de solución.
En primer lugar, cabe resaltar que el conflicto del Tribunal Constitucional con los poderes Legislativo y Judicial viene desde tiempo atrás, pero es en el último par de años cuando se han agudizado. Incluso daría la impresión de que, en la actualidad, cada miembro del colegiado maneja sus temas de manera individual y, luego, intercambian apoyo entre ellos, lo cual explicaría la falta de uniformidad en los fallos. Por tanto, se debería aprovechar que dos vocales se jubilan a fin de año para nombrar juristas de nivel que ayuden a mejorar la calidad del actual tribunal.
Es bueno recordar que el último proceso de selección de vocales en el Congreso fue un desastre total. Tuvo escándalos como el almuerzo de un candidato de fuerza con oscuros personajes, así como la renuncia del entonces oficial mayor –hoy funcionarios del Parlamento Andino– quien, disciplinadamente, asumió la culpa por el fiasco. Al final del proceso, y luego de innumerables votaciones, se acabaron repartiendo el tribunal en líneas partidarias, como si fuera una chacra.
Esto demuestra la incapacidad del Congreso para conducir nuevamente ese proceso, por lo que, antes de que terminen destruyendo por completo nuestro ordenamiento jurídico, eligiendo vocales inadecuados, le deberían solicitar a un grupo ad hoc de notables que presente una terna al Pleno. Creemos que esos notables tendrían mayor capacidad de convocatoria que nuestro desprestigiado Parlamento y, al realizarse un proceso previo de selección fuera del Congreso, se reduce el riesgo de un rechazo. Todo ello permitiría esperar que se logre atraer juristas de peso al tribunal; en caso contrario, nuestra estabilidad jurídica estaría en juego.
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