Defender la propiedad

Firme y oportuna ha sido la posición marcada por el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en relación con la malhadada ley de titulación y formalización de las invasiones (en realidad se trata de nuevos asentamientos humanos salidos en función del trajín de demagogos y traficantes de terrenos). A propósito, sería bueno recibir –con mayor frecuencia y de manera categórica– más opiniones de este tipo de parte del burgomaestre capitalino, pues no olvidemos que además de ejercer tan importante cargo es el líder de un movimiento político llamado Solidaridad Nacional, membresía que lo deja expedido para tales planteamientos.

Pero más allá de esta apreciación, lo cierto es que la máxima autoridad de la ciudad de Lima ha dado incluso un paso más adelante. Ha propuesto revisar la polémica ley que no es otra cosa que una burda norma expropiatoria de terrenos ocupados y conseguidos violando la propiedad pública o privada. Y como no podía ser de otra forma, tal propuesta de inmediato ha recibido el apoyo de otras tiendas políticas democráticas. Deploramos que el APRA en este asunto no sea una de ellas, ya que con su respaldo a la ley de marras se ha inclinado a premiar a quienes suelen organizar invasiones y también por haber decidido pasar por encima de juicios en marcha, formulados por los verdaderos propietarios de las tierras invadidas, quienes llevan muchos años litigando ante la indiferencia de un Estado que, mediante la inoperancia de su Poder Judicial, sólo los castiga con la demora de sus resoluciones.

Por eso ratificamos lo expuesto en el Editorial del pasado jueves 12 de febrero, cuando señalamos: “Lamentamos que el Ejecutivo no haya respetado el normal discurrir del derecho pues a fortiori ha procedido a limpiar la cara de los terrenos ocupados ilícitamente. (...) Una vez más se promueve la promulgación de malas leyes, ejerciendo la vieja costumbre nacional de retroceder ante el orden establecido. Hablamos pues de un acto leguleyezco que perpetuará la posesión (como propietarios) de quienes infringieron el estado de derecho que tiene como norma pétrea el respeto de la propiedad”. En suma, no cabe duda que hay confusión en el seno del Ejecutivo pues solo se puede expropiar en base a dos criterios constitucionales: por razones de necesidad pública o de seguridad nacional. Pero en el tema que involucra la formalización de viviendas populares de algunos ciudadanos, estamos ante un evidente caso de interés social, concepto que no faculta expropiación alguna. Además, si se trata de formalizar posesiones ilegales, la referida ley no es la mejor manera pues existen otros procedimientos lícitos, viables y atendibles.

Entonces creemos que en este tema de expropiación y titulación una parte del Parlamento y todo el Ejecutivo han metido la pata, y tal como lo demuestran casos anteriores en los cuales estos poderes del Estado han tenido que retroceder, lo salomónico será que corrijan esa decisión errática en aras de la seguridad jurídica y del respeto al estado de derecho en nuestra sociedad. Por tanto, le asiste la razón al alcalde Castañeda cuando reclama que se revise una norma que lógicamente no solo actúa sólo sobre problemas capitalinos sino que abarca a aquellas invasiones que se han realizado en el interior del país, en costa, sierra y selva, lugares donde el abuso contra la propiedad a veces se vuelve más duro que en los distritos limeños.