A medida que avanzan las investigaciones, es cada vez más evidente que tras la ilegal sustracción de por lo menos 838 cajas con documentos que desaparecieron de los archivos del Ministerio de Salud (Minsa) hay un caso más de corrupción, inadmisible y repudiable, que corresponderá a la justicia esclarecer.
Pensemos por el momento en que no solo la presión pública y la prensa, sino la fiscalía y el Congreso harán suya esta denuncia que, al parecer, algunos sectores pretenden minimizar u ocultar (incluso se llegó al extremo de afirmar que el destino final de los documentos fue el reciclaje). Es más, se obvia que, en principio, estamos ante un caso de encubrimiento real, por el cual alguien retiró documentación que lo comprometía o le interesaba vaya usted a saber por qué motivos y con qué finalidades. Después de todo, nadie roba archivos si no es para ocultar delitos.
La situación es grave, aunque el principal sospechoso, el médico Víctor Guevara Florián, haya rechazado las acusaciones, y aunque algunos connotados líderes oficialistas hayan desestimado que este personaje, aprista militante convicto y confeso como él mismo se define, tenga responsabilidad.
Lo cierto es que la justicia no puede ser ni sorda ni ciega y, por lo tanto, tendrá que evaluar quién es Guevara Florián y quiénes son los otros 15 involucrados en este escandaloso hurto perpetrado bajo una modalidad delictiva que no se recuerda en la historia reciente en nuestro país. A no ser, claro, la desfachatada sustracción de expedientes en el Palacio de Justicia durante el fujimontesinismo, que la prensa logró perennizar en una fotografía.
En esta ocasión preocupa el historial profesional del médico sindicado como autor intelectual de lo ocurrido. El doctor Guevara, quien se desempeñó durante las administraciones de los ministros Carlos Vallejos y Hernán Garrido Lecca primero como director de la Dirección de Salud de Lima Sur y luego de Lima Ciudad, tiene dos denuncias penales vigentes, a pesar de las cuales sigue trabajando en la administración pública, en Essalud. Además, postuló a la Alcaldía de La Victoria por el Apra, aunque tiene un proceso abierto en el Comité de Ética del Colegio Médico.
Asimismo, como se ha informado, Guevara fue despedido por el ministro Óscar Ugarte, lo cual no descarta la hipótesis de la represalia contra el actual titular del sector quien, además, fue viceministro en esta cartera durante el gobierno de Toledo.
Resta saber ahora quiénes son las otras personas involucradas. ¿Por qué tenían en sus manos nada menos que el cuidado y la administración de la memoria documental del Minsa? No olvidemos que en el material extraviado había documentos importantes, únicos y confidenciales sobre licitaciones y compras. Además, los testigos dijeron en el Congreso que los papeles habían comenzado a ser archivados, proceso en el que podría haberse hallado información trascendental.
Por todo esto, el país seguirá atento el desarrollo de las investigaciones en el Parlamento, ante el cual Guevara y otros deberán presentar sus testimonios. Es más, considerando la magnitud del escándalo, corresponde a la Comisión de Fiscalización citar a los ex ministros Vallejos y Garrido Lecca.
En cuanto al ministro Ugarte —finalmente responsable político de lo sucedido— satisface que haya ordenado que, en paralelo a la investigación fiscal, se abra procesos administrativos a los 16 implicados en el robo. También es prioritario que haga una profunda auditoría de los archivos disponibles del sector Salud y, asimismo, no postergue el proceso de definir quién es quién en el escalafón del Minsa.
En cuanto a la justicia, hoy no basta con que la fiscalía anticorrupción identifique a los autores del robo. La urgencia es que aclare con qué finalidad se perpetró.
Pensemos por el momento en que no solo la presión pública y la prensa, sino la fiscalía y el Congreso harán suya esta denuncia que, al parecer, algunos sectores pretenden minimizar u ocultar (incluso se llegó al extremo de afirmar que el destino final de los documentos fue el reciclaje). Es más, se obvia que, en principio, estamos ante un caso de encubrimiento real, por el cual alguien retiró documentación que lo comprometía o le interesaba vaya usted a saber por qué motivos y con qué finalidades. Después de todo, nadie roba archivos si no es para ocultar delitos.
La situación es grave, aunque el principal sospechoso, el médico Víctor Guevara Florián, haya rechazado las acusaciones, y aunque algunos connotados líderes oficialistas hayan desestimado que este personaje, aprista militante convicto y confeso como él mismo se define, tenga responsabilidad.
Lo cierto es que la justicia no puede ser ni sorda ni ciega y, por lo tanto, tendrá que evaluar quién es Guevara Florián y quiénes son los otros 15 involucrados en este escandaloso hurto perpetrado bajo una modalidad delictiva que no se recuerda en la historia reciente en nuestro país. A no ser, claro, la desfachatada sustracción de expedientes en el Palacio de Justicia durante el fujimontesinismo, que la prensa logró perennizar en una fotografía.
En esta ocasión preocupa el historial profesional del médico sindicado como autor intelectual de lo ocurrido. El doctor Guevara, quien se desempeñó durante las administraciones de los ministros Carlos Vallejos y Hernán Garrido Lecca primero como director de la Dirección de Salud de Lima Sur y luego de Lima Ciudad, tiene dos denuncias penales vigentes, a pesar de las cuales sigue trabajando en la administración pública, en Essalud. Además, postuló a la Alcaldía de La Victoria por el Apra, aunque tiene un proceso abierto en el Comité de Ética del Colegio Médico.
Asimismo, como se ha informado, Guevara fue despedido por el ministro Óscar Ugarte, lo cual no descarta la hipótesis de la represalia contra el actual titular del sector quien, además, fue viceministro en esta cartera durante el gobierno de Toledo.
Resta saber ahora quiénes son las otras personas involucradas. ¿Por qué tenían en sus manos nada menos que el cuidado y la administración de la memoria documental del Minsa? No olvidemos que en el material extraviado había documentos importantes, únicos y confidenciales sobre licitaciones y compras. Además, los testigos dijeron en el Congreso que los papeles habían comenzado a ser archivados, proceso en el que podría haberse hallado información trascendental.
Por todo esto, el país seguirá atento el desarrollo de las investigaciones en el Parlamento, ante el cual Guevara y otros deberán presentar sus testimonios. Es más, considerando la magnitud del escándalo, corresponde a la Comisión de Fiscalización citar a los ex ministros Vallejos y Garrido Lecca.
En cuanto al ministro Ugarte —finalmente responsable político de lo sucedido— satisface que haya ordenado que, en paralelo a la investigación fiscal, se abra procesos administrativos a los 16 implicados en el robo. También es prioritario que haga una profunda auditoría de los archivos disponibles del sector Salud y, asimismo, no postergue el proceso de definir quién es quién en el escalafón del Minsa.
En cuanto a la justicia, hoy no basta con que la fiscalía anticorrupción identifique a los autores del robo. La urgencia es que aclare con qué finalidad se perpetró.
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