En medio del alboroto político causado por la estrategia de psicosociales lanzada por “chuponeadores”, sus financistas y la cohorte mediática que le es adicta, aparecen versiones contra instituciones como la Marina de Guerra del Perú MGP bajo el supuesto de que estaría detrás de un complot antidemocrático.
Creemos que esta sindicación es un exceso. Además esta hipótesis olvida discernir que si ahora aparecen implicados en la interceptación telefónica que pertenecieron a la MGP, o que si en junio del año 2000 se compraron dos equipos de escucha Triggerfish 4080 (fabricados por Harris Corp.), en Washington, por oficiales del referido instituto castrense, nada de esto puede comprometer a una entidad cuya trayectoria trasciende a sus miembros.
Recordemos que hace nueve años quien dirigía –en gran parte– los destinos de la nación era el patético Vladimiro Montesinos, época en la cual algunos altos oficiales de la MGP no sólo obedecían sus dictados sino que estaban lealmente vinculados a él. Por eso resulta necesario que se investigue a todos aquellos que tenían en ese momento el mando en la Armada peruana y el control de los servicios de inteligencia, jefes de los ahora inefables contralmirante (r) Elías Ponce Feijoó y capitán de fragata (r) Carlos Tomasio de Lambarri, dueños de Business Track, empresa hundida hasta el cuello en el tema del “chuponeo” telefónico. Pero con facilidad se puede individualizar si alguno de los miembros de la MGP en el 2000 o en la actualidad utilizaron a la MGP. Por ello esta institución no tiene por qué ser involucrada como tal en la red de espionaje telefónico. Quienes lo vienen haciendo insistentemente en realidad están tejiendo cortinas de humo para evitar que la opinión pública ponga los reflectores, por ejemplo, en la firma Petro Tech, acusada por un colaborador eficaz de haber contratado a Business Track para que realice las interceptaciones ilegales.
No obstante, hay otro psicosocial que también resulta atentatorio contra la democracia, por su fuerte dosis de extorsión o chantaje político. Es cuando un periodista suelta más “petroaudios” olvidando que fue citado el año pasado a una comisión investigadora del Congreso para que declare –bajo juramento– “si tenía más audios”. Pero él respondió que “no”. Esto significa que no sólo mintió sino que también perjuró. Además, el parlamentario Daniel Abugattás y la ciudadanía hace tiempo invocaron que se hagan públicos todos los audios para conocer las ramificaciones de la corrupción. Sin embargo ese periodista no lo hizo sino hasta la semana pasada, generando un ruido desestabilizador.
Una cosa es que un hombre de prensa respete y proteja a sus fuentes y otra que se preste a un extraño juego de intereses particulares que no permiten distinguir sí él se ha implicado demasiado con su informante –donde todo indica que pertenece a la red de “chuponeo”–, faltando así a la ética. No olvidemos que ese “periodista” no sólo engañó a una comisión congresal sino que no se presentó a dos citaciones fiscales y que el material de espionaje no lo presentó al Ministerio Público sino al juez Jorge Barreto quien ya no tenía que ver con el caso. Al final los audios sacados debajo de la manga, como naipes de un prestidigitador, no contribuyen para que la Fiscalía y el Poder Judicial coordinen y programen bien su delicada labor.
EXPRESO
Creemos que esta sindicación es un exceso. Además esta hipótesis olvida discernir que si ahora aparecen implicados en la interceptación telefónica que pertenecieron a la MGP, o que si en junio del año 2000 se compraron dos equipos de escucha Triggerfish 4080 (fabricados por Harris Corp.), en Washington, por oficiales del referido instituto castrense, nada de esto puede comprometer a una entidad cuya trayectoria trasciende a sus miembros.
Recordemos que hace nueve años quien dirigía –en gran parte– los destinos de la nación era el patético Vladimiro Montesinos, época en la cual algunos altos oficiales de la MGP no sólo obedecían sus dictados sino que estaban lealmente vinculados a él. Por eso resulta necesario que se investigue a todos aquellos que tenían en ese momento el mando en la Armada peruana y el control de los servicios de inteligencia, jefes de los ahora inefables contralmirante (r) Elías Ponce Feijoó y capitán de fragata (r) Carlos Tomasio de Lambarri, dueños de Business Track, empresa hundida hasta el cuello en el tema del “chuponeo” telefónico. Pero con facilidad se puede individualizar si alguno de los miembros de la MGP en el 2000 o en la actualidad utilizaron a la MGP. Por ello esta institución no tiene por qué ser involucrada como tal en la red de espionaje telefónico. Quienes lo vienen haciendo insistentemente en realidad están tejiendo cortinas de humo para evitar que la opinión pública ponga los reflectores, por ejemplo, en la firma Petro Tech, acusada por un colaborador eficaz de haber contratado a Business Track para que realice las interceptaciones ilegales.
No obstante, hay otro psicosocial que también resulta atentatorio contra la democracia, por su fuerte dosis de extorsión o chantaje político. Es cuando un periodista suelta más “petroaudios” olvidando que fue citado el año pasado a una comisión investigadora del Congreso para que declare –bajo juramento– “si tenía más audios”. Pero él respondió que “no”. Esto significa que no sólo mintió sino que también perjuró. Además, el parlamentario Daniel Abugattás y la ciudadanía hace tiempo invocaron que se hagan públicos todos los audios para conocer las ramificaciones de la corrupción. Sin embargo ese periodista no lo hizo sino hasta la semana pasada, generando un ruido desestabilizador.
Una cosa es que un hombre de prensa respete y proteja a sus fuentes y otra que se preste a un extraño juego de intereses particulares que no permiten distinguir sí él se ha implicado demasiado con su informante –donde todo indica que pertenece a la red de “chuponeo”–, faltando así a la ética. No olvidemos que ese “periodista” no sólo engañó a una comisión congresal sino que no se presentó a dos citaciones fiscales y que el material de espionaje no lo presentó al Ministerio Público sino al juez Jorge Barreto quien ya no tenía que ver con el caso. Al final los audios sacados debajo de la manga, como naipes de un prestidigitador, no contribuyen para que la Fiscalía y el Poder Judicial coordinen y programen bien su delicada labor.
EXPRESO
No hay comentarios:
Publicar un comentario